El reciente endurecimiento de las medidas de seguridad en el sistema penitenciario colombiano responde a una ola de violencia que tiene a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en una situación de vulnerabilidad sin precedentes.
En las últimas dos semanas, cinco dragoneantes fueron asesinados y más de tres resultaron heridos en ataques sistemáticos, lo que obligó a las autoridades a adoptar acciones extraordinarias para proteger a quienes custodian las cárceles del país.
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La gravedad de los hechos llevó a la suspensión temporal de las visitas y traslados de internos en los centros penitenciarios de Bogotá, Valle del Cauca y Cauca, una decisión que podría extenderse a otras regiones según la evolución de la situación.
El Inpec comunicó desde el 7 de octubre que estas restricciones buscan reforzar la seguridad de los servidores penitenciarios, permitiendo únicamente las remisiones médicas vitales y trasladando las diligencias judiciales al formato virtual para evitar desplazamientos innecesarios.
En paralelo, se implementaron cambios en las jornadas laborales. El personal de custodia podrá acogerse a turnos 24x48 en los establecimientos donde la situación lo requiera, mientras que los administrativos tendrán la opción de trabajo en casa o de horarios flexibles, dependiendo de las condiciones de seguridad de cada territorio.
En la sede central, esta medida ya entró en vigor y se mantendrá hasta nuevo aviso. Además, se suspendieron temporalmente las actividades de labor social comunitaria realizadas por las personas privadas de la libertad, como parte de una estrategia preventiva.
La respuesta institucional incluye la solicitud de acompañamiento del Ejército Nacional y la Policía Nacional, que reforzarán la seguridad en los horarios de ingreso y salida de los establecimientos penitenciarios, así como en los desplazamientos de los funcionarios, especialmente en las zonas de mayor riesgo.
“La prioridad es salvaguardar la vida e integridad de nuestros servidores, quienes cumplen una labor de alto riesgo al servicio del país”, subrayó el Inpec en su comunicado oficial.
Directrices adicionales
En una reunión de seguimiento celebrada el 11 de octubre, encabezada por los ministros del Interior y de Justicia, Armando Benedetti y Eduardo Montealegre, junto a representantes de organismos de inteligencia y líderes sindicales como Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se discutieron nuevas directrices para dignificar las condiciones laborales del personal penitenciario.
Entre las medidas acordadas destaca la asignación de una prima de riesgo, una reivindicación pendiente desde hace más de 30 años, que busca reconocer el peligro constante al que se enfrentan los funcionarios del Inpec.
La inversión de $1.300 millones en chalecos de protección y la organización de una feria con precios especiales por parte de Indumil para que los guardias puedan adquirir armamento de protección especial forman parte del paquete de acciones inmediatas.
Además, se dispuso de más de 300 hombres de un grupo especial para vigilar los alrededores de las cárceles, reforzando así la seguridad perimetral.
El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, anunció la entrega de chalecos y la autorización del porte de armas con salvoconducto para los guardianes durante sus traslados a casa.
“No vamos a desfallecer y continuamos trabajando por el sistema penitenciario, sobre todo, con el apoyo de todos los trabajadores del Inpec, administrativos, cuerpo de vigilancia”, afirmó Gutiérrez.
Por su parte, Miriam Jiménez, representante de Asonalpencad, valoró la aprobación de la prima de riesgo como un avance significativo tras tres décadas de espera. “Para nosotros, los funcionarios administrativos, la prima de riesgo, es un avance grandioso, porque son 30 años en los cuales no la hemos podido tener y eso, para los funcionarios del Inpec, para el Gobierno nacional, es algo para festejar”, expresó Jiménez.
El presidente de la CUT, Fabio Arias Giraldo, insistió en la necesidad de que las soluciones trasciendan lo coyuntural y se integren en una política penitenciaria de fondo.
“Se realizará seguimiento a las cuestiones que ellos ya han acordado, especialmente a una política criminalística y penitenciaria, que sí sea una política pública que verdaderamente vaya al fondo de la problemática que se tiene en el país y pueda dar resultados muy positivos en términos generales, inclusive de lo que hemos llamado la paz total”, declaró Arias Giraldo.
El Gobierno nacional estableció la realización de consejos mensuales para dar seguimiento a la situación de seguridad y evaluar el impacto de las medidas adoptadas. El Inpec concluyó que la evaluación de la situación en las cárceles será permanente y que las acciones podrán ampliarse o modificarse según las recomendaciones de las autoridades competentes.
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