Un ataque de aproximadamente 400 personas contra tropas del Ejército Nacional en zona rural de Sonsón, Antioquia, evidenció la compleja situación de seguridad en la región.
Y es que tras una operación militar dirigida contra el Clan del Golfo, los manifestantes arrebataron a los uniformados a los capturados, el cuerpo de un fallecido y material incautado, además de impedir el avance de las labores judiciales y exponer a los soldados a un riesgo considerable.
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Según explicó Noticias RCN, el incidente se registró en la vereda El Porvenir, corregimiento de La Danta, donde tropas del Gaula Militar Oriente, adscritas a la Cuarta Brigada, llevaron a cabo una intervención contra miembros del Clan del Golfo.
Durante la operación, se registraron intensos combates que resultaron en la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal y la neutralización de otro individuo.
Las autoridades incautaron elementos de guerra, equipos de intendencia, dispositivos de comunicación y drones, presuntamente utilizados por la organización ilegal.
La situación se agravó cuando un numeroso grupo de manifestantes irrumpió en el lugar, impidiendo que la tropa y la Fiscalía continuaran con los procedimientos judiciales. Los atacantes se apoderaron de los detenidos, del cuerpo del fallecido y del material decomisado, lo que generó un ambiente de tensión y puso en peligro la integridad de los militares presentes.
El Ejército calificó la asonada como una grave violación a los derechos fundamentales y a la Constitución. La institución advirtió que las acciones de los manifestantes podrían constituir delitos como secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública, de acuerdo con el Código Penal colombiano.
En un comunicado, el Ejército señaló: “Estos hechos representan graves violaciones a los derechos fundamentales y a la Constitución, además de delitos tipificados en el Código Penal (Ley 599 de 2000), entre ellos secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública”.
La institución informó que presentará las denuncias correspondientes y adelantará las acciones legales necesarias ante las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
La persistente presencia del Clan del Golfo en Antioquia ha sido objetivo de operaciones militares en la región.
Las asonadas contra la fuerza pública no son un fenómeno aislado en zonas de conflicto, donde la capacidad del Estado para mantener el orden y la legalidad se ve desafiada por la acción de grupos armados ilegales y la participación de sectores de la población en hechos de alteración del orden público.
En este contexto, el Ejército reiteró su compromiso de continuar las operaciones en el oriente antioqueño, con el objetivo de proteger a la población civil y debilitar a las estructuras criminales que amenazan la tranquilidad de la región.
Asonadas se convirtieron en una constante en el territorio nacional
Y es que en los últimos meses en Colombia han escalado los episodios de asonadas contra el Ejército Nacional, muchas de ellas en zonas rurales con fuerte presencia de grupos armados ilegales. Un reporte de la Fiscalía da cuenta de 52 asonadas en lo que va de 2025, de las cuales 39 han tenido como blanco a militares. Las regiones más afectadas son Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
En varios de estos casos, la población civil ha sido instrumentalizada o presionada por disidencias de las Farc u otros grupos armados para confrontar o impedir operaciones militares.
Por ejemplo, en La Plata (Huila), alrededor de 500 personas de unas doce veredas obligaron a las tropas a retirarse de la zona por amenazas implícitas de los disidentes.
En Putumayo, una patrulla militar fue atacada: rociaron gasolina y la prendieron fuego durante un operativo contra un laboratorio ilegal; hubo militares heridos graves.
Otra asonada en Tumaco (Nariño) involucró a unas 150 personas que impidieron operaciones antidrogas, aparentemente coaccionadas por el GAO Residual Oliver Sinisterra.
El Gobierno nacional ha denunciado que estos hechos no solo afectan la seguridad operativa del Ejército sino que también configuran violaciones al Derecho Internacional Humanitario: se estaría usando a civiles como barrera humana, bajo amenazas o intimidación, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
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