El viernes 10 de octubre se desató una controversia nacional tras conocerse una carta enviada por la coordinadora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Zoila Vargas Mesa, dirigida a diferentes medios de comunicación.
El documento pedía a los operadores de televisión entregar información detallada sobre sus contenidos periodísticos y noticiosos, lo que generó una amplia reacción en el gremio periodístico y en organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
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La solicitud exigía a los medios explicar “cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques”, además de anexar “soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de esas decisiones”.
En la carta, la CRC advertía que la falta de entrega de esta información podría acarrear “la adopción de medidas administrativas correspondientes, según lo previsto en la ley”.
“Sí puede considerarse como censura indirecta”: Flip
El requerimiento provocó rechazo entre periodistas, directores de medios y organizaciones de defensa de la libertad de prensa. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), su directora, Sofía Jaramillo, expresó preocupación por la solicitud y cuestionó su legalidad. “Pedir información interna sobre cómo se toman decisiones editoriales no solo es una extralimitación de sus funciones, sino que es una amenaza para la libertad de prensa”, señaló Jaramillo.
La directora de la Flip indicó que si bien la comisión tiene competencias para analizar el pluralismo informativo, sus funciones no incluyen acceder a decisiones internas de los medios. “(...) pedir documentos internos sobre cómo se toman decisiones editoriales excede completamente este propósito y toca aspectos protegidos por la Constitución, por el derecho a la libertad de expresión y por el derecho a la libertad de prensa”, enfatizó.
Para la Flip, la comunicación enviada por la CRC, “sí puede considerarse como censura indirecta”, ya que solicitar actas o relatorías de los comités editoriales podría generar efectos negativos sobre el ejercicio periodístico. Según Jaramillo, estas medidas “pueden generar desconfianza, inhibir la deliberación interna y afectar la independencia de los medios”.
La fundación advirtió además que los comités editoriales suelen tratar temas sensibles, por lo que exigir documentación de esas reuniones podría “afectar la protección de las fuentes”. En ese sentido, insistió en que existen mecanismos menos invasivos para promover el pluralismo y evaluar la diversidad informativa, sin comprometer la libertad de expresión y la autonomía de las salas de redacción.
La respuesta de la CRC
Ante la polémica, los comisionados de la CRC aclararon que la intención del requerimiento “no era afectar el trabajo periodístico ni imponer limitaciones a los medios de comunicación”, sino adelantar un ejercicio de recopilación de información sobre buenas prácticas en materia de pluralismo informativo.
La comisionada Andrea Muñoz Gómez explicó: “Lo que nosotros buscamos con esto es conocer específicamente cómo es el ecosistema mediático, cómo efectivamente están garantizando ese pluralismo y esa imparcialidad informativa y cómo se están protegiendo las audiencias”; y añadió que la iniciativa tenía fines pedagógicos y no implicaba injerencia en las líneas editoriales.
En el mismo sentido, la comisionada Lina María Duque del Vecchio afirmó: “Nosotros no estamos buscando generar ningún tipo de dificultad en el ejercicio del quehacer de los diferentes medios ni de los operadores cuando se trata de las competencias propias de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones”.
La CRC también aclaró que los medios no serán sancionados si deciden no entregar la información solicitada. “Si alguno de los medios considera que hay información reservada que no puede suministrar, es muy importante que nos diga qué tipo de información no nos suministra porque es confidencial”, puntualizó Muñoz Gómez.
Finalmente, la comisión reiteró que su propósito es promover buenas prácticas de comunicación, respetando el principio constitucional de libertad de prensa y expresión, y que los medios podrán decidir qué información comparten y cuál mantendrán en reserva.
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