
La Fiscalía General de la Nación informó la captura de un rector de un internado rural en Cumaribo, Vichada, acusado de abuso sexual contra seis estudiantes indígenas, cuatro de ellas menores de edad.
El funcionario enfrenta cargos por acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual, todos agravados, y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
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Según el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación, la detención se realizó en Puerto Carreño, Vichada, luego de una investigación que permitió reunir pruebas sobre la presunta responsabilidad del rector en hechos ocurridos entre 2024 y 2025 dentro de las instalaciones del internado.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutó la captura, y posteriormente un fiscal seccional presentó al acusado ante un juez de control de garantías, quien ordenó la medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Las víctimas identificadas son seis estudiantes, todas integrantes de una comunidad indígena, de las cuales cuatro son menores de edad. Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial, explicó que las denuncias y las labores investigativas se desarrollaron con un enfoque diferencial y prioritario, dada la vulnerabilidad de las afectadas y el contexto particular del internado.
Jaramillo Rivera detalló que las agresiones se habrían producido en el propio centro educativo, donde el rector, al aprovechar su posición de poder y supervisión, sometió a las alumnas a distintos vejámenes.

La Fiscalía General de la Nación señaló que el modus operandi del acusado incluía amenazas directas a las víctimas y a sus familias. El rector les advertía sobre supuestos vínculos con grupos armados ilegales, con el objetivo de intimidarlas y evitar que lo denunciaran, lo que incrementó el nivel de riesgo para las estudiantes y su entorno familiar.
En relación con la respuesta institucional, Jaramillo Rivera subrayó que la Fiscalía actuó con un enfoque diferencial y prioritario en la atención a las víctimas, resaltando la importancia de proteger los derechos de las menores y de la comunidad indígena afectada.
La funcionaria reiteró que los elementos materiales probatorios recabados permitieron imputar al rector por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual con menor de catorce años y acoso sexual, todos agravados.
Actualmente, el proceso judicial continúa bajo la supervisión de la Fiscalía General de la Nación, que mantiene la medida de aseguramiento en centro carcelario para el acusado mientras se desarrollan las siguientes etapas del caso.
El rector, quien no aceptó los cargos formulados, permanecerá privado de la libertad en un establecimiento penitenciario mientras la justicia determina su responsabilidad en los hechos investigados.
Prisión para hombre acusado de abuso sexual contra su hijastra en Bogotá
Un hombre fue enviado a prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años en una vivienda del barrio Potosí, en el sur de Bogotá, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La medida de aseguramiento fue impuesta por un juez de control de garantías, luego de que el procesado fuera imputado por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual agravado.
La investigación estableció que el acusado aprovechaba los momentos en que la menor quedaba bajo su cuidado para someterla a diferentes vejámenes sexuales.
La denuncia presentada por la madre de la víctima permitió activar el proceso judicial y derivó en la captura del sospechoso por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el sector de Molinos, en la localidad de Tunjuelito.
Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. El caso continúa bajo investigación para esclarecer todos los detalles y garantizar la protección de los derechos de la víctima.
En otro caso, una niña de 8 años fue obligada por su padrastro a ver contenido pornográfico y posteriormente fue víctima de agresiones sexuales en el barrio México, también en la localidad de Ciudad Bolívar.
Según la investigación, el agresor sometía a la menor a observar material explícito para ejercer control y perpetrar los abusos, conducta que se extendió durante aproximadamente dos años.

Durante ese periodo, la niña también fue objeto de castigos físicos y amenazas constantes.El documento oficial detalla: “Según la investigación, el presunto agresor obligaba a la niña a ver contenido pornográfico para luego someterla a abusos. Si la víctima se oponía, le propinaba golpes y lesiones en su cuerpo con plantas urticarias”.
Además, el agresor utilizaba amenazas contra la madre de la víctima para mantener el silencio de la menor, de acuerdo con reportes del CTI.
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