Los reclamos de los pacientes bogotanos por los retrasos en la entrega de medicamentos o las largas esperas en los servicios de urgencias no son hechos aislados. La Personería Distrital confirmó, tras una serie de visitas recientes, que las deficiencias en la atención en salud persisten y, en algunos casos, se han agravado.
Durante septiembre, el organismo de control recorrió varios puntos de dispensación de las EPS Capital Salud, Nueva EPS y Salud Total. Lo que encontró es preocupante: medicamentos que no llegan, fórmulas médicas vencidas, cobros irregulares y una cadena de obstáculos que termina afectando directamente el derecho fundamental a la salud.
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En al menos seis sedes inspeccionadas, los delegados evidenciaron que muchos usuarios deben esperar semanas para recibir sus tratamientos. Algunos medicamentos domiciliarios nunca fueron entregados, lo que provocó la caducidad de las fórmulas médicas, mientras que otros pacientes denunciaron el cobro de cuotas moderadoras sin obtener los fármacos ni el reembolso correspondiente.
El panorama de desabastecimiento también fue evidente. Según el informe, hay faltantes de insumos básicos y medicamentos esenciales como Apixaban, Enalapril, Metformina, Risperidona y glucómetros. En ciertos casos, las EPS negaron inicialmente la entrega de medicamentos que solo se autorizaron tras la intervención directa de la Personería. Otros pacientes tuvieron que recorrer varias farmacias para completar una misma fórmula, sin garantía de obtenerla completa.
El problema, sin embargo, no se limita al suministro de medicamentos. Los hospitales públicos enfrentan una situación crítica en los servicios de urgencias. En su segunda visita administrativa en menos de cuatro meses a los hospitales de Meissen, Kennedy, Santa Clara y Suba, la Personería constató un patrón reiterado, sobreocupación, demoras en la atención y deterioro en la infraestructura hospitalaria.
El diagnóstico es contundente. Algunos centros operan por encima del 300% de su capacidad instalada, lo que provoca hacinamiento y prolonga la atención de pacientes clasificados en triage II, quienes deberían recibir valoración médica en tiempos mucho más cortos. A esto se suman deficiencias en la disponibilidad de insumos, fallas en la alimentación hospitalaria y espacios inadecuados para la atención digna de los enfermos.
Ante esta realidad, la Personería reiteró que mantendrá su vigilancia sobre las EPS y los hospitales públicos del Distrito. El objetivo —según señaló la entidad— es exigir correctivos inmediatos y garantizar que la atención en salud no siga siendo una carrera de resistencia para los bogotanos.
La advertencia llega en un momento en que el sistema sanitario de la capital enfrenta una presión creciente, el aumento de la demanda, los problemas financieros de varias EPS y el desgaste estructural de la red hospitalaria pública. Un cóctel que, de no corregirse, amenaza con seguir vulnerando el derecho a la salud de miles de ciudadanos.
Salud en riesgo
La advertencia de la Personería de Bogotá sobre las fallas en la atención médica no es un hecho aislado, revela una crisis estructural que atraviesa el sistema de salud colombiano. Los problemas identificados —retrasos en la entrega de medicamentos, desabastecimiento, demoras en urgencias y sobreocupación hospitalaria— son síntomas de un modelo que, pese a las reformas y promesas de modernización, sigue sin garantizar un acceso efectivo y digno a la atención.
En una ciudad como Bogotá, con más de ocho millones de habitantes, cualquier disfunción en la red de salud pública tiene un efecto multiplicador. La falta de medicamentos o la saturación de urgencias no solo vulnera derechos individuales, también sobrecarga al personal médico, incrementa los riesgos sanitarios y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando el sistema falla, los costos humanos se traducen en enfermedades no tratadas, complicaciones evitables y una sensación generalizada de abandono.
El valor del pronunciamiento de la Personería radica en que actúa como un espejo institucional, muestra con datos concretos lo que miles de usuarios viven a diario y obliga a las autoridades a responder. No se trata solo de corregir errores operativos, sino de asumir que el acceso a la salud no puede depender de la suerte o de la capacidad de insistencia del paciente. En última instancia, estas alertas son un llamado urgente a fortalecer la gestión, la vigilancia y la transparencia en el sistema sanitario de la capital.
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