La reciente decisión de Gustavo Petro de ordenar la disolución de los grupos de acción directa de la Alcaldía de Medellín ha generado una fuerte reacción por parte del alcalde Federico Gutiérrez, quien advirtió sobre las graves consecuencias que esta medida podría acarrear para la ciudad.

El presidente utilizó su cuenta en la red social X para pronunciarse sobre los hechos violentos y actos de vandalismo ocurridos durante las marchas pro-Palestina realizadas el martes 7 de octubre en la capital antioqueña.

El mandatario abordó específicamente las denuncias sobre posibles agresiones de funcionarios contra los manifestantes.

En uno de sus mensajes públicos, Petro se refirió a la actuación del concejal de la ciudad Andrés Rodríguez, grabado portando un bate de béisbol mientras encaraba a quienes protestaban contra el conflicto en la Franja de Gaza.

El mandatario calificó este acto como “grupos de acción directa, creados por el fascismo en Medellín”; además, aseguró que lo sucedido tiene similitudes con estructuras de paramilitarismo. Ante este escenario, Petro solicitó a la Policía Nacional que tome medidas frente a estas organizaciones.

Petro fue enfático en manifestar que “la orden que doy a la policía de Medellín es no atacar la ciudadanía y sus derechos. Cuando chocan por intereses diferentes, se separan y se busca la paz en el conflicto”

Pero el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo que la intervención del Gobierno nacional representa un intento de influir en las decisiones autónomas de Medellín bajo el pretexto de los recientes disturbios.

Según el alcalde, el Gobierno planea conformar una comisión nacional “para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismos mandan”.

Gutiérrez mencionó en su mensaje en X que, como autoridad, actuó para proteger a niños y familias que se encontraban en un establecimiento comercial cuando fueron intimidados, por lo que calificó la intervención del Gobierno Nacional como “su odio por Antioquia, Medellín y nuestra gente no tiene límites. Resistiremos y Colombia y Medellín saldrán adelante”.

La acción de los equipos de gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín también fue objeto de cuestionamientos por parte de la defensora del Pueblo, Iris Marín. La funcionaria solicitó a las autoridades competentes que se inicie una investigación disciplinaria y penal contra los funcionarios involucrados, al considerar que los hechos ocurridos podrían constituir violaciones a los derechos humanos de los manifestantes.

El contexto de la problemática surgió durante la manifestación en la Avenida El Poblado, donde Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) intervinieron tras registrarse actos de violencia.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó que la marcha, que hasta ese momento se desarrollaba con relativa normalidad, requirió la intervención de las autoridades por actos violentos.

Las redes sociales difundieron imágenes en las que se observa a encapuchados vandalizando establecimientos comerciales donde se encontraban ciudadanos, incluidos menores de edad.

La controversia en torno a la actuación de los gestores de seguridad y la respuesta de las autoridades locales y nacionales mantiene en tensión el panorama político y social de Medellín, mientras se desarrollan las investigaciones solicitadas por la Defensoría del Pueblo.

Pese a los cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza durante las protestas, la Alcaldía de Medellín se sostuvo que el modelo de los gestores de seguridad se mantendrá tras considerarlo exitoso.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, mencionó que 10 gestores resultaron heridos, algunos con lesiones en los ojos y hasta quemaduras en sus cuerpos con sustancias químicas.

“Esta situación obligó a la Policía Nacional a intervenir con el Undmo para restablecer el orden y proteger a la ciudadanía. Ninguna causa justifica la violencia ni los ataques contra quienes trabajan por proteger a los demás”, añadió el funcionario.

El secretario añadió que “lo que estamos y le estamos pidiendo también a la Fuerza Pública es que definamos el protocolo. La Fuerza Pública tiene que intervenir, pero si no lo hace en el momento en el que debe, el Estado no se puede quedar maniatado. La función que le damos a los gestores es contener, prevenir y estar presentes. Cuando la situación alcanza un grado de violencia mayor, los gestores deben retroceder, y ahí es cuando tiene que intervenir la Policía”.