La JEP imputó a excomandante del Ejército y otros 18 exmilitares más por 318 casos de falsos positivos en Casanare

El jueves 9 de octubre de 2025, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que el general retirado Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI del Ejército Nacional, será sancionado por su participación en un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el departamento de Casanare entre los años 2005 y 2008.

Durante la rueda de prensa, el magistrado Óscar Javier Parra, presidente de la Sala, explicó que tanto el oficial en retiro como otros 18 militares adscritos a la Brigada XVI, un exagente del DAS y dos civiles reconocieron su responsabilidad en los hechos.

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“Los comparecientes fueron imputados como máximos responsables en un patrón de macrocriminalidad relacionado con 318 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como dadas de baja en combate en Casanare”, precisó el magistrado.

La JEP determinó que los implicados pertenecieron a la Brigada XVI, al Gaula Casanare y al Batallón de Infantería n.º 44 Ramón Nonato Pérez (Birno). Según la resolución, estas unidades militares utilizaron la estructura institucional del Ejército Nacional para encubrir asesinatos y desapariciones forzadas bajo la apariencia de operaciones legítimas de combate.

“Hicieron parte de una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008”, señaló Parra.

La investigación reveló que los soldados recibían órdenes sistemáticas para incrementar los resultados operacionales, dentro del marco de la política de seguridad vigente durante esa época. A mayor número de bajas reportadas, mayores eran las recompensas: permisos, vacaciones, condecoraciones y cursos de ascenso.

El magistrado ponente destacó que las víctimas no eran combatientes, sino pobladores civiles, muchos de ellos en condiciones de especial vulnerabilidad. “Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de estas unidades militares”, indicó.

Además, la Sala de Reconocimiento subrayó que las comunidades rurales de Casanare fueron estigmatizadas y sometidas a persecución, mientras las familias de las víctimas padecieron “con especial intensidad” los impactos de esta política criminal.

Además del mayor general (r) Henry William Torres Escalante, en la lista de imputados e encuentra el excomandante de la Brigada XVI; el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama, excomandante del grupo especial Delta; y el sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya Ruiz.

Por parte del Gaula Casanare, fueron señalados el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante de la unidad; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, exjefe de inteligencia; los tenientes (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez y Jhon Alexánder Suancha Florián, excomandantes operativos; el cabo primero (r) Gélver Pérez García; y el soldado (r) Alexánder González Almario.

En representación del Birno, la JEP incluyó al teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, excomandante del batallón; el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava y el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez, exjefes de la sección de inteligencia; el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, exjefe de operaciones; el capitán (r) Miguel Andrés Sierra García; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; y el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano.

La Sala también vinculó al detective Orlando Rivas Tovar, exdirector de la Seccional Casanare del extinto DAS, así como a los civiles Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, señalados de actuar como falsos informantes que engañaban a las víctimas para entregarlas al Gaula Casanare, donde posteriormente eran asesinadas y reportadas como bajas.

En un principio, los militares negaron su participación. Sin embargo, tras el análisis de un arsenal probatorio —entre testimonios, informes y pruebas documentales— aceptaron su responsabilidad ante la jurisdicción transicional.

“Tras aportar verdad que permitió reconstruir la magnitud de los delitos imputados, la evolución de las prácticas, las dinámicas y políticas que las posibilitaron, así como reconocer su responsabilidad, los integrantes retirados de la Brigada XVI del Ejército Nacional fueron postulados para la imposición de una sanción propia”, afirmó el magistrado Parra.

La JEP señaló que esta aceptación permitirá avanzar hacia la etapa de sanciones propias, que contemplan restricciones de libertad y reparación simbólica y material a las víctimas, en lugar de penas de prisión ordinaria, conforme al modelo de justicia transicional.