Funcionarios del Inpec están siendo amenazados en Santander: panfletos los declaran “objetivo militar”

En Colombia se encendieron las alarmas por reiterados ataques perpetrados por sicarios en contra de dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En las primeras dos semanas de octubre de 2025 se han registrado atentados en Bogotá, Armenia (Quindío), Cali y Palmira (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar), en los que han resultado heridos varios funcionarios y al menos dos han muerto.

Estos nuevos casos se suman a otros más que se han presentado en los últimos tres años. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 30 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec han sido asesinados en el país en ese periodo.

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“Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante con celeridad las investigaciones necesarias, esclarezca los hechos y lleve a los responsables ante la justicia. Exhortamos al Inpec y al Ministerio de Justicia y del Derecho a fortalecer de manera efectiva sus rutas institucionales de protección”, indicó la Defensoría en un comunicado.

La preocupación de las autoridades ya se hace evidente también en Santander, donde, según confirmaron fuentes judiciales a Blu Radio, han circulado panfletos amenazantes atribuidos a presuntos grupos armados ilegales, entre ellos el autodenominado Frente Édgar Amílkar Grimaldos Barón del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las autoridades están la alerta máxima en la región, especialmente en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Palogordo, ubicado en Girón, debido a la aparición de estos mensajes intimidatorios.

Los panfletos señalan directamente a miembros del Inpec, entre funcionarios y dragoneantes, acusándolos de haber cometido supuestos abusos contra reclusos y de colaborar con ciertas estructuras criminales. En consecuencia, en los textos amenazantes, los grupos armados declaran a varios funcionarios del instituto como “objetivo militar”.

Este hostigamiento e intimidación ha derivado en la adopción de medidas de seguridad adicionales para los miembros del Inpec, cuya integridad y vida se encuentran en alto riesgo, y el fortalecimiento de la presencia de la Policía Nacional en los alrededores del centro de reclusión de Palogordo.

La investigación de estos hechos está en manos de la Fiscalía General de la Nación y de los organismos de inteligencia, que están analizando el contenido de los panfletos, en los que también dan a conocer la posibilidad de perpetrar ataques en los municipios del Magdalena Medio y en el área metropolitana de Bucaramanga.

Las indagaciones realizadas por las autoridades hasta el momento indican que hay por lo menos dos sospechosos de los atentados reportados en lo corrido de octubre de 2025. Se trata de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, líder de la organización criminal La Inmaculada, y de alias Chinga Pipe, que sería el responsable de manejar redes de microtráfico desde la cárcel Villahermosa, en Cali.

Daniel Gutiérrez, director general del Inpec, informó que como parte de las medidas que se están tomando para reforzar la seguridad de los miembros del instituto en el país está el porte y uso responsable de armamento. Para ello, se suscribirá un convenio con el Instituto Nacional de Industria Militar (Indumil) para la adquisición de armas de uso personal.

Esto será posible por medio de la realización de una feria exclusiva para la compra de las armas, destinada únicamente al personal del Inpec. Aclaró, además, que no habrá distinciones entre los cargos que ocupen los funcionarios.

“Como segunda medida o acción, se va a realizar un descuento especial en términos financieros para la adquisición de estas armas de uso personal y también se hizo la solicitud para que pueda ser estudiada y ojalá sea autorizada, el permiso de salvoconducto para el porte de esas armas de fuego de uso personal”, detalló.