La Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso relacionado con la solicitud de prórroga de la concesión de aguas subterráneas de la empresa Indega S.A., filial de Coca-Cola, en el municipio de La Calera, Cundinamarca.
El Ministerio Público solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que adopte decisiones basadas en estudios técnicos propios, rigurosos y sustentados en derecho, y no únicamente en informes emitidos por la empresa solicitante.
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El documento de la Procuraduría, de cinco páginas, fue dirigido al director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, y fechado en octubre de 2025. En él se presentan observaciones preventivas frente al Informe Técnico emitido por la Dirección Regional de Recursos Naturales (DRN), radicado el 30 de septiembre de 2025, en el marco del trámite de prórroga de la concesión de aguas de Indega.
La delegada para los asuntos ambientales, Olga Lucía Patín, subraya que “cualquier decisión que se adopte en el marco del trámite de prórroga de la concesión de aguas subterráneas de Indega debe ser producto de un estudio riguroso, objetivo y sustentado en derecho”.
El pronunciamiento se realiza en un contexto de debate público por la captación de agua en la quebrada San Lorenzo, una de las principales fuentes que abastecen al municipio, utilizada para la producción de la marca Manantial desde 1983, antes de que la empresa pasara a formar parte de la multinacional.
La Procuraduría cuestiona la inconsistencia del Informe Técnico de la DRN, que invoca el principio de precaución para justificar posibles medidas restrictivas, cuando la CAR ha otorgado más de 300 concesiones de agua subterránea en La Calera aplicando el principio de prevención, fundamentado en estudios técnicos sobre la hidrogeología y el comportamiento hídrico de la zona.
“Este cambio de postura genera serias dudas sobre la coherencia y continuidad en las decisiones administrativas de la CAR”, señala el organismo de control.
El ente de control recordó que el principio de precaución debe aplicarse de manera excepcional y respaldada en evidencias científicas verificables, incluyendo la existencia de un peligro grave e irreversible. Sin embargo, el informe de la CAR no aporta elementos que indiquen que la concesión de Indega represente tal riesgo, lo que podría constituir un vicio de falsa motivación, según lo señalado por el Consejo de Estado en la Sentencia 2015-00671 de 2020.
Entre las solicitudes específicas de la Procuraduría a la CAR destacan:
- Realizar estudios hidrogeológicos propios en las zonas de recarga de aguas subterráneas relacionadas con el trámite de prórroga de la concesión, conforme al artículo 10 del Decreto 155 de 2004.
- Abstenerse de adoptar medidas restrictivas basadas en incertidumbres no justificadas, asegurando que cualquier decisión se ajuste al marco normativo y jurisprudencial vigente.
- Revisar las conclusiones del Informe Técnico considerando los principios de confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad, para garantizar coherencia con las decisiones adoptadas respecto a otras concesiones en La Calera.
- Garantizar que cualquier decisión se adopte como resultado de un estudio riguroso, objetivo y sustentado en derecho, priorizando la protección del recurso hídrico y el interés de la comunidad.
Recientemente, en redes sociales se difundieron imágenes que muestran a Coca-Cola recubriendo los nacimientos del manantial de San Lorenzo. La empresa aclaró que se trata de una medida de protección del recurso, cumpliendo con las especificaciones de la CAR y no de una intervención que afecte el suministro hídrico.
Además, se ha programado un plantón frente a las oficinas de la CAR convocado por el concejal José Cuesta Novoa, donde ambientalistas denunciarán la presunta explotación irregular de los recursos hídricos tras el vencimiento de la concesión el 31 de diciembre de 2024.
Con esta intervención, la Procuraduría busca garantizar la legalidad y transparencia en la gestión de las concesiones de agua, asegurando que las decisiones de la CAR estén fundamentadas en información técnica verificada y principios jurídicos sólidos, en defensa del recurso hídrico y el interés público.
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