La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC S.A.), entidad adscrita al Ministerio de Defensa, decidió frenar la compra del sistema antidrón destinado a la protección de la Casa de Nariño, luego de que Estados Unidos retirara el equipo entregado en comodato al Gobierno colombiano.
La decisión se conoció apenas semanas después de que el presidente Gustavo Petro denunciara públicamente el retiro del apoyo militar estadounidense a la seguridad presidencial.
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Cinco días después de su polémico discurso en las calles de Nueva York, donde pidió que el Ejército de Estados Unidos desobedeciera las órdenes de Donald Trump en el marco del conflicto en Gaza, el jefe de Estado colombiano afirmó que Washington había decidido llevarse las armas y equipos que había entregado para la protección del Palacio Presidencial.
“Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. El batallón Guardia Presidencial de acuerdo a su función ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño. EE. UU. decidió llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato, de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esas eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos”, escribió Petro en sus redes sociales.
El retiro de 150 armas y un sistema antidrón
Tres días más tarde, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó desde Casanare que el Gobierno estadounidense había retirado 150 armas, entre fusiles y pistolas, así como un sistema antidrón, aunque aseguró que la medida no comprometía la seguridad del presidente.
“La importancia de tener la autonomía estratégica, es la decisión de ser dueños de nuestras propias armas. Agradecemos la cooperación y el apoyo de los Estados Unidos y de las otras naciones del mundo para combatir una amenaza criminal transnacional que no reconoce fronteras”, dijo el ministro.
Sin embargo, El Tiempo reveló un documento en el que la CIAC notificó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al general (r.) Humberto Guatibonza, jefe de Protección Presidencial, que no alcanzó a adelantar la compra del sistema antidrones, como se había acordado mediante un convenio que expiró el pasado 15 de septiembre.
De hecho, la corporación anunció la devolución inmediata de los 14.476 millones de pesos, equivalentes al 96 % del valor del convenio, junto con rendimientos financieros por 992.400.315 pesos.
Reacciones desde la Presidencia
El anuncio, que hasta ahora se maneja bajo reserva, generó reacciones inmediatas en el entorno del mandatario.
“En la misma semana en que la embajada de Estados Unidos retira 150 armas y un dispositivo antidrones, la Ciac, después de un año de tener 14.000 millones de pesos, devuelve los recursos que se le entregaron para una compra de ese elemento de seguridad presidencial sin que lo haya adquirido, lo cual deja al primer mandatario en un estado de vulnerabilidad. Puede uno fácilmente pensar que se está propiciando un Allendazo”, le señaló a El Tiempo René Guarín, jefe de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia de la República.
La explicación técnica de la CIAC
En una carta conocida por El Tiempo fechada el 3 de octubre y firmada por el mayor general Andrés Guzmán Morales, director de la CIAC, la entidad explicó que hubo varias modificaciones a la ficha técnica del sistema que se requería, debido a que no existía en el mercado un modelo que reuniera todas las condiciones exigidas.
“Si bien es cierto que el Dapre elaboró, en la fase de estudios previos, la ficha técnica para la adquisición de los sistemas C-UAS, debe señalarse que los requerimientos establecidos, aunque recogían la necesidad planteada, y pese a los ajustes realizados por el comité creado en el convenio y a la asesoría técnica y comercial brindada por la CIAC S.A., no alcanzaron a alinearse plenamente con la oferta tecnológica disponible en el mercado, razón por la cual consideramos que era necesario un mayor grado de evolución en la formulación de requisitos que permitiera materializar una solución tecnológica viable y ajustada a la realidad comercial”, indica el documento.
Y agrega: “en este sentido, la presente explicación constituye el sustento técnico y administrativo de por qué no fue posible avanzar hacia la contratación del sistema C-UAS, resaltando que la intención institucional siempre estuvo orientada a garantizar la adquisición de una capacidad eficaz y pertinente en armonía con la disponibilidad tecnológica y las condiciones del mercado.”
¿Mala planeación o falta de coordinación?
Aunque en la Casa de Nariño se prendieron las alarmas por la decisión de la CIAC, el mayor general Guzmán Morales afirmó que el episodio debe verse como una oportunidad para mejorar los procesos de planeación.
“La situación, si bien de manera preliminar representa una dificultad para el cumplimiento de la misión institucional del Dapre, consideramos que se debe evaluar como una oportunidad para revisar desde la etapa de planeación en los estudios previos, unas especificaciones técnicas que consulten la realidad del mercado de una solución de contramedida, vista esta como una unidad y no como subcomponentes independientes que pueden generar problemas de integración por variación tecnológica o de marcas que condicionan y/o limitan la oferta de los actores del mercado interesados”, puntualizó.
Por ahora, no hay pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la suspensión del proceso, pero la preocupación en su entorno es evidente. La devolución de los más de 14.000 millones de pesos deja en pausa la modernización del sistema de defensa aérea inmediata de la Casa de Nariño y abre interrogantes sobre la capacidad del Estado colombiano para suplir el retiro de la cooperación estadounidense.
Mientras tanto, el Batallón Guardia Presidencial asumió por completo la protección del Palacio, a la espera de que el Ministerio de Defensa defina si se reactivará el proceso de compra o si se desarrollará una alternativa nacional para garantizar la seguridad del mandatario y de las instalaciones del Ejecutivo.
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