Menor sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay tendrá que pagar esta pena: Tribunal ratificó la condena

En una decisión que ratifica la actuación judicial, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 7 años de privación de la libertad para el menor involucrado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, según lo determinó en segunda instancia.

El menor, identificado como el sicario que disparó contra el político del Centro Democrático la tarde del sábado 7 de junio en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá ya había admitido su responsabilidad en los delitos.

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Durante la audiencia ante el juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el imputado admitió los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, señaló la Fiscalía en el proceso.

El desarrollo del juicio ya se encontraba en una etapa avanzada bajo los delitos mencionados cuando ocurrió el fallecimiento de la víctima. Por ello, las normativas aplicables al juzgamiento de menores impidieron sumar el cargo de homicidio agravado, reafirmando así que la sanción debía calcularse únicamente sobre los primeros delitos aceptados.

Por otro lado, el de 15 años fue enviado a la ciudad de Pasto el lunes 6 de octubre, donde comenzará a cumplir una sanción de siete años de privación de la libertad en un centro especializado bajo la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), según detalló Noticias RCN.

Esta medida fue implementada tras un fallo del juez de infancia y adolescencia, quien impuso al adolescente una condena por homicidio en grado de tentativa y por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El traslado del joven fue autorizado luego de conocerse la sentencia judicial, que estableció la necesidad de cumplir la sanción en un entorno adecuado para adolescentes, tal como lo manifestó la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el organismo, el cambio de lugar de reclusión busca garantizar condiciones de seguridad apropiadas para la ejecución de la condena e insistió en que el centro seleccionado en Pasto, capital del departamento de Nariño, cuenta con las características para atender menores sancionados por este tipo de delitos.

La reubicación de dos reclusos clave en el caso del asesinato del senador y precandidato presidencial marca un giro significativo en la estrategia de seguridad de las autoridades penitenciarias.

Elder José Arteaga, conocido por los alias El Costeño y El Negro, fue trasladado a la cárcel de El Girón, mientras que William Fernando González Cruz, apodado El Viejo, ingresó a La Dorada, según se informó el 18 de septiembre de 2025.

El objetivo de estos traslados es disminuir la probabilidad de fuga y asegurar el aislamiento de los implicados, dada la gravedad de los delitos que enfrentan, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de la Nación.

El prontuario de Arteaga ha sido detallado extensamente por la autoridad judicial. Sumaba al menos 24 antecedentes, incluido un operativo en febrero de 2024, donde, tras ser sorprendido con armas en un automotor, logró escapar arrojándose a un río.

La Fiscalía sostiene que, a lo largo de su historial, “El Negro” pasó de roles ligados al microtráfico a consolidarse como un jefe de sicarios, a quien se le atribuyen más de 40 homicidios. Además, según reveló El Tiempo, Arteaga mantuvo nexos con disidencias de las Farc y participó en la adquisición de sustancias ilícitas distribuidas posteriormente en la localidad bogotana de Engativá, ampliando así su poder en redes criminales.

El mismo medio destacó que las relaciones de Arteaga con cabecillas de antiguas estructuras armadas eran públicas y conocidas en el entorno delictivo de la región.

Respecto a William Fernando González Cruz, la investigación judicial lo identifica como el cuarto detenido vinculado al atentado, aunque no aparece en los videos de vigilancia del lugar del asesinato. De acuerdo con la Fiscalía, asumió la tarea de recoger a “el Costeño” y a Katerine Andrea Martínez, conocida como Gabriela, pocos minutos tras la comisión del homicidio.

Esta maniobra habría sido esencial para posibilitar la evasión de los principales ejecutores, evidenciando la existencia de una organización criminal estructurada con operaciones en Bogotá, según han detallado los investigadores.

Por su parte, la reclusión de Katerine Andrea Martínez en la cárcel de mujeres El Buen Pastor se formalizó el 7 de octubre de 2025, después de permanecer bajo custodia en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Tras el traslado, la institución realizó los procedimientos de reseña y asignación de patio para su detención.

Martínez había sido puesta a disposición judicial el 15 de junio, ocho días después del atentado. Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte y fabricación de armas de fuego, así como uso de menores en actividades delictivas. Sin embargo, la acusada no aceptó los cargos, precisó la entidad.