Una serie de medidas extraordinarias de seguridad ha sido implementada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras una ola de violencia que ha dejado funcionarios asesinados y heridos de gravedad en Colombia, siendo el más reciente el asesinato del dragoneante Jimmy Flores Salazar, que trabajaba para la institución en Cali, en horas de la tarde del 7 de octubre de 2025, al término de su jornada.
La institución, con sede en Bogotá, ha decidido reforzar su estrategia operativa y administrativa para salvaguardar la vida y la integridad de su personal en todo el país.
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El Inpec ha articulado estas acciones en coordinación con otras autoridades, dando continuidad a las disposiciones anunciadas el fin de semana anterior.
Entre las principales decisiones adoptadas, que se consignaron en un comunicado oficial del mismo martes, 7 de octubre, se destaca la suspensión de visitas a las personas privadas de la libertad (PPL) en los establecimientos penitenciarios de Bogotá y Valle del Cauca.
Esta restricción podría extenderse a otras ciudades, dependiendo de la evolución de la situación y de las recomendaciones de las autoridades.
La medida busca limitar el flujo de personas externas y reducir posibles amenazas dentro de los centros de reclusión.
El alistamiento de segundo grado se ha decretado a nivel nacional, aunque el Inpec reconoce que no cuenta con la infraestructura suficiente para alojar a todos los funcionarios en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron).
Esta disposición implica un estado de alerta reforzado y una mayor disponibilidad del personal para responder a emergencias.
La seguridad de los funcionarios durante sus desplazamientos ha sido priorizada: “Se solicitó el apoyo permanente de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para garantizar la seguridad de los funcionarios en los horarios de ingreso y salida, así como en los desplazamientos hacia y desde los establecimientos, especialmente en las zonas de mayor riesgo”.
De manera excepcional, en el documento también sé específica que se ha autorizado la implementación de turnos 24x48 en los establecimientos donde la situación lo requiera.
Esta modalidad, que consiste en 24 horas de trabajo seguidas por 48 horas de descanso, tiene como objetivo fortalecer la capacidad operativa y disminuir los riesgos asociados a la movilidad frecuente del personal.
El Inpec considera que esta medida puede contribuir a reducir la exposición de los funcionarios a situaciones peligrosas fuera de los recintos penitenciarios.
Otra de las acciones adoptadas es la suspensión provisional de traslados y remisiones en Bogotá, Valle del Cauca y Cauca, con la única excepción de las remisiones médicas vitales.
Las diligencias judiciales, por su parte, se realizarán de forma virtual mientras persista la contingencia. Esta decisión pretende limitar los movimientos de personas privadas de la libertad y del personal, minimizando así los riesgos de seguridad.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ha enfatizado que continuará evaluando de manera permanente la evolución de la situación en los diferentes Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. La institución ajustará o ampliará las medidas según el contexto operativo y las recomendaciones de las autoridades competentes. En palabras del comunicado, “se han dispuesto nuevas acciones operativas y administrativas orientadas a proteger la vida, la integridad y la seguridad de los servidores penitenciarios en todo el territorio nacional”.
La colaboración interinstitucional y la flexibilidad en la gestión operativa se presentan como los ejes de la respuesta del Inpec ante una coyuntura marcada por la violencia y la amenaza constante a su personal, que presuntamente estaría bajo las órdenes de varios grupos criminales y que tienen como objetivo militar a los funcionarios de la institución.
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