
En medio del receso en la justicia en el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por cuenta del aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos que estaba prevista para el 1 de octubre, se conoció que la Fiscalía General de la Nación tendría listo un nuevo documento contra el exdiputado del Atlántico.
De hecho, en la mañana de este miércoles 8 de octubre se conoció que el ente acusador habría ampliado la acusación contra Petro Burgos, al incluir nuevos cargos relacionados con presunta corrupción en contratos públicos.
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Según información obtenida por la revista Cambio, la imputación ahora abarca ría los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica, que se suman a los ya existentes de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falso testimonio.
El caso también involucra a Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos, y a funcionarios de la Gobernación del Atlántico, lo que ha generado gran expectación en el ámbito político y judicial del país.

De acuerdo con fuentes consultadas por Cambio, la fiscal Lucy Laborde, encargada del proceso, aprovechó el reciente aplazamiento de la audiencia de imputación en Barranquilla para incorporar estos nuevos hechos a la acusación.
Los nuevos cargos estarían relacionados con supuestas irregularidades cometidas por Nicolás Petro Burgos durante su periodo como diputado del Atlántico, en los años 2020 y 2021.
La Fiscalía sostiene que Petro Burgos, junto a Day Vásquez, habría obtenido beneficios económicos ilícitos a través de contratos adjudicados por la Gobernación del Atlántico a la Fundación Conciencia Social.
Las investigaciones, según el diario nacional, se centran en once contratos otorgados a la Fundación Conciencia Social, representada por Gustavo de la Ossa, por un valor total de 6.542 millones de pesos.
Los investigadores afirman que parte de estos recursos habrían sido desviados en forma de coimas para Nicolás Petro y su círculo cercano. Un informe de policía judicial citado por Cambio detalla conversaciones entre Petro Burgos y Day Vásquez, en las que se discute la obtención de contratos y el papel de Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, en la facilitación de estos acuerdos.

En una de las conversaciones, Day Vásquez le reprocha a Petro Burgos su actitud hacia los Char, señalando que estos les habrían ayudado a conseguir los contratos, mientras que Petro Burgos atribuye la ayuda a Elsa Noguera.
“Otra discusión que se suscitó entre Nicolás y Daysuris el 18 de junio de 2022, dejó entrever que ellos al parecer se estarían beneficiando de contratos con la Gobernación de Atlántico (como con la Fundación Conciencia Social), ya que Daysuris le reclamó a Nicolás por haber puesto un mensaje en Twitter en contra de los Char; en medio de la discusión, Daysuris le dijo que no podrían ganárselos de enemigos, ya que ellos eran los que los habían venido ayudando; que de ser así y quedarse sin dinero, no le pidiera a ella que diera la cara para pedir contratos. Nicolás enfatizó en que la que los ayudaba con eso era Elsa (Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico); Daysuris le dice a Nicolás que los Char saben que Elsa los ayuda”, señala el informe policial obtenido por el diario nacional.
Entre los contratos investigados destaca uno de 400 millones de pesos, del cual, según fuentes judiciales citadas por Cambio, se habrían entregado 120 millones a Day Vásquez y 40 millones a Gustavo de la Ossa y Pedro Name, sumando un total de 160 millones de pesos en presuntos pagos irregulares.
Además, la Fiscalía indaga otros contratos similares y la posible obtención de certificaciones falsas por parte de Petro Burgos y Vásquez para justificar su patrimonio en las declaraciones de renta de 2020 y 2021. La presentación de estos documentos ante las autoridades constituiría, según la Fiscalía, el delito de falsedad ideológica en documento público y privado.
Las pruebas que sustentan la acusación provienen principalmente de conversaciones privadas y documentos extraídos del teléfono de Day Vásquez, quien ahora es la testigo principal del caso.
En una conversación fechada el 19 de agosto de 2021, Gustavo de la Ossa informa a Day Vásquez sobre la llegada de un contrato y la solicitud de pólizas, en el marco de un acuerdo para implementar centros de vida móviles destinados a la atención de personas mayores en el Atlántico.
En cuanto a las reacciones de los implicados, Gustavo de la Ossa, representante de la Fundación Conciencia Social, negó en entrevista con W Radio el pago de coimas y aseguró que los contratos se ejecutaron en su totalidad.
Por su parte, Nicolás Petro Burgos, en declaraciones a Cambio, rechazó cualquier participación en los negocios con la fundación y responsabilizó a su exesposa.
“No participé en eso. No conozco al representante de esa fundación y él mismo se lo dijo a la Fiscalía. Yo sabía que Daysuris y su mamá trabajaban con esa fundación. No puedo responder por lo que ha hecho Daysuris. Nunca mandé ni una hoja de vida”, afirmó.
El proceso judicial continuará en noviembre, cuando se celebrará una nueva audiencia virtual ante un juez de garantías de Barranquilla. La Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que la libertad de Nicolás Petro podría representar un riesgo de obstrucción a la justicia.
Este caso se suma a otros procesos judiciales abiertos contra Nicolás Petro Burgos, quien ya enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
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