El reciente fallo de un juzgado en La Guajira que ordenó el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, desde la estación de Policía de los Mártires en Bogotá hacia la cárcel La Picota, ha desatado una fuerte polémica entre las autoridades penitenciarias y judiciales.
La decisión, emitida por Cristian Camilo López, juez segundo promiscuo del circuito de Villanueva, se basa en una tutela presentada en favor del procesado, quien sería cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada y está a la espera de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
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El fallo se produce en un momento de máxima tensión, marcado por los recientes atentados contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Según la Fiscalía, Pipe Tuluá estaría vinculado a varios de estos ataques, incluido el ocurrido el pasado 3 de octubre frente a la cárcel La Modelo, en el que un dragoneante murió y otros dos resultaron heridos tras ser atacados por sicarios en motocicleta.
La controversia se agravó cuando se conoció que la tutela fue radicada por un supuesto funcionario de la Universidad del Valle que, en declaraciones recogidas por Semana, negó tener relación con el proceso.
“En eso hay falsificación de datos, manipulación de información porque no es conmigo… Eso hay suplantación de datos, es delicado de manejar, muy delicado”, aseguró la persona mencionada. Su testimonio sembró dudas sobre la legitimidad del recurso que dio origen al fallo judicial.
El juez López argumentó que su despacho tenía competencia para pronunciarse en este caso, bajo la premisa de que cuando la vida o integridad de una persona privada de la libertad están en riesgo, la jurisdicción debe interpretarse de manera flexible.
En su sentencia, citada por Noticias RCN, sostuvo que “cuando está en riesgo la vida o integridad de una persona privada de la libertad, la competencia territorial en materia de tutela debe interpretarse de manera flexible, a fin de garantizar la intervención inmediata del juez constitucional”.
Sin embargo, el Inpec impugnó la decisión, alegando que en la estación de los Mártires —donde se encuentra detenido Pipe Tuluá— se le brindan garantías plenas, atención médica y medidas de seguridad suficientes. Además, el instituto cuestionó que un juzgado de La Guajira asumiera competencia sobre un caso ocurrido en Bogotá, cuando cuatro solicitudes anteriores de traslado habían sido negadas por falta de legitimación.
Esta quinta tutela no solo prosperó, sino que derivó en un incidente de desacato contra el Inpec y su director, el coronel Daniel Gutiérrez, ordenando cumplir el traslado sin dilaciones.
El Inpec advirtió que el fallo podría comprometer la seguridad institucional, al permitir que un detenido señalado de ordenar ataques contra guardianes regrese a un establecimiento donde ya había estado recluido y donde, según denuncias de prensa, habría ocupado una “celda de lujo” y recibido beneficios en el marco del proceso de paz total.
En su decisión, el juez ordenó que Pipe Tuluá fuera ubicado en el pabellón de extraditables de La Picota, bajo el argumento de que su vida corre peligro en su lugar actual de reclusión.
No obstante, las autoridades penitenciarias consideran que el traslado podría facilitar eventuales contactos con otros reclusos y generar riesgos adicionales para el sistema carcelario.
Mientras tanto, el trámite de extradición de Marín Silva a Estados Unidos continúa en la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver en los próximos días la impugnación del Inpec.
El ente acusador mantiene como una de sus hipótesis más sólidas la responsabilidad del detenido en los atentados contra funcionarios penitenciarios, sustentada en videos y comunicaciones interceptadas.
El caso ha puesto sobre la mesa un debate sensible: la tensión entre la protección de los derechos fundamentales de los internos y la seguridad del sistema penitenciario, en medio de una ola de violencia que ha cobrado la vida de varios guardianes en las últimas semanas.
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