Con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia, el Concejo Distrital de Cali abrió un debate de control político sobre el aumento de homicidios en la capital del Valle del Cauca.
La corporación advirtió que la situación se ha tornado crítica, con más de 750 asesinatos en lo corrido del año, y reclamó la intervención inmediata del Gobierno nacional.
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El encuentro fue liderado por el presidente del Concejo, Edison Lucumí Lucumí, y contó con la participación del secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García Guerrero; el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yecid Bello Cubides; y representantes de diversas dependencias distritales, además del presidente de Metrocali, Álvaro José Rengifo.
El debate fue adelantado a solicitud del concejal Marlon Andrés Cubillos Borrero, luego de que se registraran 31 homicidios en los dos últimos fines de semana. “Un Estado que no puede proteger la vida de sus ciudadanos ha perdido su legitimidad”, expresó el cabildante, quien planteó la necesidad de aplicar un toque de queda sectorizado y fortalecer los controles con retenes móviles e integración tecnológica entre cámaras de movilidad y los sistemas de la Policía.
Cubillos añadió que “el esfuerzo de la Policía y de la Secretaría de Seguridad es insuficiente si no hay articulación con dependencias como Bienestar Social, Paz y Cultura”. A su juicio, la falta de coordinación institucional ha dejado “la casa sola, sin control, porque no hay vigilancia en las entradas y salidas de la ciudad”.
El presidente del Concejo, Edison Lucumí, también llamó la atención sobre el incremento en la circulación de armas de fuego. “La proliferación de armas de fuego está disparando los asesinatos y los hurtos. Necesitamos control al porte ilegal”, manifestó, subrayando que la tasa de homicidios en Cali supera las de Bogotá y Medellín.
Por su parte, la concejal María del Carmen Londoño Sanna calificó la situación como un “fracaso total del gobierno distrital” y enfatizó que “Cali se desangra”. La cabildante anunció que promoverá una moción de censura contra el secretario Jairo García Guerrero. “A finales de 2024 la tasa de homicidios era de 41,1 por cada 100.000 habitantes, seis veces más que la de Manizales y tres veces más que la de Medellín. Hoy sigue siendo la más alta del país”, aseguró.
Londoño propuso sustituir 40 cámaras de fotomultas por equipos dedicados a vigilancia y seguridad ciudadana, además de exigir un plan integral con recursos garantizados para 2026.
El concejal James Junior Agudelo solicitó conocer los móviles detrás de los asesinatos y advirtió sobre la falta de coordinación entre municipios vecinos como Jamundí, Buenaventura y Tuluá. “Si no hay coordinación metropolitana, los esfuerzos son parciales. La violencia se traslada de un territorio a otro”, explicó.
A su turno, Roberto Ortiz Urueña planteó que Cali enfrenta “dos crisis simultáneas: una de inseguridad impulsada por el microtráfico y otra en la Universidad del Valle, que requiere atención del Gobierno Nacional”. Enfatizó que “el alcalde no puede seguir ignorando las alertas tempranas sobre seguridad”.
Fabio Alonso Arroyave Botero coincidió en que la raíz del problema es estructural y está vinculada al narcotráfico. “El poder del narcotráfico desborda la capacidad local. Sin inversión social en jóvenes y programas de prevención del consumo, no habrá resultados sostenibles”, comentó.
La concejal Alexandra Hernández Cedeño destacó que los homicidios han aumentado un 4 % a nivel nacional y un 8 % en Cali. “Nuestra ubicación geográfica y la deuda social con los territorios agravan la situación. Hay que coordinar con la Nación para frenar el ingreso de armas y el tráfico de drogas”, puntualizó.
El concejal Rodrigo Salazar Sarmiento denunció que en la ciudad “se maquillan cifras para mostrar resultados positivos”, lo cual, dijo, “destruye la confianza ciudadana”. Recalcó que la política de seguridad debe ser “multidimensional” y sustentada en datos verificables.
Por su parte, Rafael Andrés Escobar González alertó que sin un presupuesto sólido, la estrategia de seguridad “será solo un documento de papel”. Pidió priorizar acciones en comunas críticas como la 15 y la 18, donde persisten altos índices de homicidios y hurtos.
Finalmente, el concejal Edison Giraldo Hoyos solicitó la presencia del ministro de Defensa en la próxima sesión y cuestionó la reducción del presupuesto nacional destinado a seguridad en Cali. “El terrorismo y la violencia son competencia de la Nación. El pie de fuerza está incompleto y el presupuesto se recortó un 20 %. Alrededor de la ciudad crecen los cultivos ilícitos y no hay respuesta del Gobierno”, expresó.
El debate continuará este miércoles a las 10:00 a. m., cuando se espera la presentación de nuevas propuestas y exigencias para enfrentar la emergencia de seguridad que afecta a Cali.
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