La polémica por la concesión de aguas subterráneas a Indega S.A.S., filial del Sistema Coca-Cola, en el municipio de La Calera (Cundinamarca), entra en una nueva fase tras el reciente pronunciamiento público de la empresa.
La multinacional respondió a la controversia generada por la prórroga de la licencia de captación de agua, ante el incremento de críticas ciudadanas, denuncias ambientales y debates institucionales sobre la legalidad y los impactos de esta operación.
La discusión se intensificó en las últimas semanas a raíz de denuncias de la congresista María del Mar Pizarro, quien aseguró que, al parecer, existían señales del taponamiento con cemento de manantiales en la vereda Santa Helena, supuestamente por parte del sistema de captación hídrica de Coca-Cola.
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Como respuesta, la empresa sostuvo que “las cajas de mampostería cumplen con las especificaciones autorizadas por la autoridad, dentro del sistema de captación y su objetivo es proteger la fuente hídrica”. La compañía recalcó además que su planta Manantial no tiene ninguna relación con el suministro de agua potable a Bogotá ni con el acueducto municipal: “El recurso hídrico proviene exclusivamente de manantiales locales ubicados en la vereda Santa Helena”.
La multinacional afirmó en un comunicado, divulgado el 6 de octubre, que la solicitud de prórroga se presentó “oportunamente, en los plazos que establece la ley”, y que su operación sigue rigiéndose “bajo las mismas condiciones y controles” definidos por la autoridad ambiental. Actualmente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) estudia la autorización definitiva para la continuidad de la concesión. Según datos de la empresa, en el municipio hay cerca de 385 concesiones de agua para múltiples usos, y la autorizada a Indega representa apenas el 0,31% del total.
La compañía informó que solo capta el caudal permitido y reiteró su compromiso con la eficiencia hídrica y la preservación ambiental. Recordó también programas como “Agua por el Futuro”, a través del cual asegura haber contribuido al cuidado de más de 1.500 hectáreas de bosques y cuencas hídricas en la zona de La Calera y municipios vecinos.
No obstante, la organización social y ambientalista mantiene su preocupación ante los efectos de la extracción de agua en los ecosistemas de alta montaña y la aparente persistencia de captación hídrica tras el presunto vencimiento de la concesión el 31 de diciembre de 2024. Diversas voces han advertido que, diez meses después, la empresa seguiría extrayendo agua de la quebrada San Lorenzo y nacederos de Santa Helena sin una nueva autorización legal.
En este contexto, el debate se trasladará al escenario público con el plantón convocado por el concejal José Cuesta Novoa bajo el lema “Agua para la vida, no para Coca-Cola”, que se realizará el miércoles 8 de octubre a las 11:00 a. m. frente a las oficinas de la CAR, situadas en la avenida calle 24 (Esperanza) #60-50, en el Centro Empresarial Gran Estación de Bogotá. La jornada de movilización, a la que se sumarán organizaciones sociales, ambientalistas y defensores del agua, busca denunciar lo que consideran una explotación irregular de los recursos hídricos por parte de la embotelladora Indega.
Entre los principales argumentos de los manifestantes figura la preocupación por la continuidad de la captación de agua sin un nuevo respaldo legal, la presunta alteración física de los nacederos a través de obras de concreto y el posible riesgo que estas prácticas suponen para los frágiles ecosistemas de la zona. El tema cobró notoriedad pública tras la audiencia del 15 de mayo, en la que el alcalde Juan Carlos Hernández manifestó que Indega no es responsable de la escasez hídrica en La Calera, aunque distintas organizaciones y líderes sostienen que la presión sobre los nacimientos locales debe reconsiderarse.
La empresa defendió que actúa bajo parámetros técnicos, legales y ambientales, y expresó su respeto por la autonomía de las entidades competentes. Entretanto, las autoridades municipales y ambientales se mantienen en estudio y evaluación del proceso, mientras la comunidad y los activistas recalcan la “urgencia de priorizar el agua para los ecosistemas y la población local”.
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