El reciente fallo del juzgado segundo promiscuo de Villanueva, La Guajira, estableció el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, desde la estación de Policía Mártires en Bogotá hacia la cárcel La Picota.
La decisión causó inquietud, ya que este hombre es identificado, según la Fiscalía, como uno de los principales responsables de ataques sicariales contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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La orden judicial responde a una tutela que busca la reubicación del procesado al pabellón de extraditables de ese penal, bajo el argumento de proteger sus derechos fundamentales mientras se resuelve su situación de extradición. “Pipe Tuluá” es considerado un actor relevante dentro de la estructura criminal conocida como La Inmaculada.
La Fiscalía sostiene que estaría vinculado con los atentados perpetrados contra guardias del Inpec a pocos metros de la cárcel La Modelo, en Bogotá, lo que incrementó la atención sobre cualquier modificación en sus condiciones de reclusión.
Hipótesis de la Fiscalía y controversia sobre la tutela
Dentro del proceso penal, la Fiscalía General de la Nación sostiene la hipótesis de que “Pipe Tuluá” organizó, desde su sitio de detención, una serie de ataques contra personal penitenciario.
Uno de los episodios más notorios se registró el 3 de octubre, cuando dos sicarios en motocicleta dispararon contra cuatro guardianes frente a la cárcel La Modelo, dejando un dragoneante muerto y dos más gravemente heridos. Al parecer, existen elementos de prueba que vinculan al procesado con ese y otros hechos de violencia que afectaron la labor de custodios penitenciarios en la ciudad.
El fallo que favorece a Andrés Felipe Marín proviene de una tutela presentada por un supuesto funcionario de la Universidad del Valle. El documento, radicado en La Guajira, solicita el traslado inmediato del interno a La Picota para garantizar sus derechos en el pabellón de extraditables.
Sin embargo, el protagonista identificado por el juzgado afirma que pudo haberse utilizado su nombre sin consentimiento, ya que, en declaraciones a Semana, señaló: “En eso hay falsificación de datos, manipulación de información porque no es conmigo… Eso hay suplantación de datos, es delicado de manejar, muy delicado”.
La defensa del implicado intentó por quinta vez el traslado, aunque los anteriores recursos fueron rechazados por falta de legitimación. No obstante, este último recurso prosperó y derivó en un incidente de desacato contra el Inpec y su director, el coronel Daniel Gutiérrez, para que se materialice el traslado sin mayores dilaciones.
Impugnaciones y reacciones desde el Inpec
El Inpec impugnó la decisión del juzgado y argumentó que a “Pipe Tuluá” no se le vulnera ningún derecho fundamental, pues se le brindan garantías plenas en su actual sitio de detención, donde permanece restringido por motivos de seguridad.
El instituto además cuestionó la competencia del juzgado de La Guajira para conocer esta tutela, ya que los hechos que fundamentan el proceso ocurrieron en Bogotá.
Sobre el punto territorial, el juez Cristian Camilo López justificó en su fallo que, cuando está en riesgo la vida o integridad de una persona privada de la libertad, la competencia territorial debe interpretarse “de manera flexible, a fin de garantizar la intervención inmediata del juez constitucional”, según recogió Noticias RCN.
El traslado a la cárcel La Picota revive inquietudes respecto a las condiciones de reclusión que “Pipe Tuluá” podría enfrentar. La tutela presentada advierte de riesgos para la vida del procesado y justifica la necesidad de regresar a una “celda de lujo” que ocupó previamente en ese penal.
El Inpec manifestó reservas sobre este movimiento, pues existen antecedentes de intentos de fuga y alertas de seguridad relacionadas con el cabecilla de La Inmaculada.
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