El reciente análisis de Transparencia por Colombia puso en evidencia que, por primera vez, se logró identificar en la plataforma Secop los contratos celebrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con las empresas Impoamericana Roger SAS, Luket SAS y Brand SAS, todas vinculadas al empresario Luis Eduardo López Rosero, que fue condenado por el escándalo de los 40 carrotanques.
Estos vehículos, adquiridos con sobrecostos para abastecer de agua a las rancherías de La Guajira, terminaron siendo inoperantes para ese propósito, según el quinto informe de seguimiento elaborado por la organización.
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El informe de Transparencia por Colombia, que ejerce control político anticorrupción, advirtió que la información contractual disponible para vigilar la gestión de recursos de la Ungrd sigue siendo insuficiente.
La entidad, que recibió una adición presupuestal de $700.000 millones el 22 de septiembre de 2023, se convirtió en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Según la ONG, estos recursos fueron el origen de un millonario desfalco destinado a beneficiar a congresistas y facilitar el trámite de iniciativas oficiales.
La organización señaló que la Ungrd se transformó en el epicentro de los hechos de corrupción debido al uso del mecanismo de fondo extrapresupuestal, el cual permite manejar recursos con mayor opacidad y menor control por parte de las autoridades.
De acuerdo con el informe, este régimen legal facilitó la simulación de competencia para entregar de manera directa el contrato de los carrotanques a López Rosero, quien actualmente cumple una condena por su participación en el caso.
A pesar de que, el 30 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Ungrd y a la Fiduprevisora publicar en Secop II la información de su contratación pública, el seguimiento realizado por Transparencia por Colombia reveló que persisten serias limitaciones en la disposición y calidad de los datos divulgados.
La organización sostuvo que “persisten serias limitaciones en la disposición y calidad de los datos divulgados, lo que dificulta el acceso real a la información contractual”.
Aunque se acató parcialmente el fallo judicial y se publicó mayor información sobre los contratos suscritos, la ONG advirtió que “esta quedó registrada en un conjunto de datos de Secop inadecuado, pues no refleja variables como el nombre del contratista, el valor definitivo del contrato, la fecha de suscripción, entre otras casillas”.
La baja calidad de la información publicada y los vacíos en los datos impiden que las búsquedas en el sistema convencional de Secop arrojen resultados precisos, lo que imposibilita realizar un análisis de datos abiertos mediante la triangulación con otras fuentes.
Con base en el informe, “la publicación de datos sin la suficiente calidad genera obstáculos que, en última instancia, limitan el acceso efectivo a la información contractual”.
El director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, subrayó que resulta llamativa la apariencia de legalidad de la información de estos contratos registrada en la base de datos.
Hernández afirmó que “esta información es clave para el seguimiento ciudadano y abre la puerta a profundizar la vigilancia sobre la gestión de la Ungrd en los últimos años. Particularmente, surge la inquietud de si hechos similares ocurrieron en los otros 22 contratos celebrados con el mismo empresario entre 2020 y 2023”.
El informe también dio seguimiento al proceso judicial para esclarecer y sancionar a los responsables del saqueo a la Ungrd. Transparencia por Colombia valoró positivamente el trabajo de la Fiscalía, que permitió “alcanzar resultados significativos” dos años después de que se gestaran los hechos.
La organización destacó que “las investigaciones han avanzado al relacionar no solo a las personas directamente implicadas, sino también a quienes serían los determinadores de los hechos. Esto refleja la importancia de los principios de oportunidad y de brindar garantías a quienes decidan colaborar con la justicia. Sin embargo, la eficacia real de esta estrategia se evaluará en la medida en que avancen los procesos judiciales contra los determinadores del caso”.
De cara a las elecciones de 2026, la ONG hizo un llamado para que se transparenten las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y se adopten medidas que mitiguen los riesgos de corrupción en todo el ciclo presupuestal, especialmente en los fondos extrapresupuestales.
El informe concluyó que “estos fondos siguen siendo un riesgo estructural, por lo que debe atenderse mejorando la transparencia de la contratación suscrita con cargo a dichos recursos, y de la publicación de estos contratos en cumplimiento con lo estipulado en la Ley 2195 de 2022. Es esencial que estos mecanismos de transparencia se apliquen a todos los fondos, incluyendo los creados en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo”.
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