En medio de la creciente ola de violencia dirigida contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), las autoridades capturaron a ocho personas presuntamente implicadas en el asesinato del dragoneante Manuel Antonio Becerra Palma, ocurrido el pasado 3 de octubre en Palmira (Valle del Cauca).
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, los investigadores lograron identificar los vehículos utilizados en el crimen y, en una operación desarrollada en el barrio Manuela Beltrán de Palmira, ubicaron uno de ellos.
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Durante el procedimiento, los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados, lo que desencadenó un intercambio de disparos que terminó con su captura.
En el operativo fueron incautadas seis armas de fuego —un fusil, cuatro pistolas y un revólver—, además de ocho teléfonos móviles que serán fundamentales para esclarecer el homicidio.
También se encontraron prendas de uso privativo de la fuerza pública, presuntamente empleadas por los delincuentes para hacerse pasar por funcionarios oficiales.
El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, explicó que la acción fue coordinada con la Fiscalía General de la Nación, y que durante la investigación se logró identificar dos vehículos y una motocicleta relacionados con el ataque.
Las autoridades también inmovilizaron otros dos automotores, uno de los cuales habría sido utilizado en el atentado contra Becerra Palma.
El crimen del dragoneante se registró en las inmediaciones de la cárcel de Palmira, en un ataque que también dejó a otro funcionario gravemente herido.
Este hecho se sumó a otros atentados ocurridos ese mismo día en Bogotá y Buga, que cobraron la vida de otro dragoneante y dejaron varios lesionados, lo que llevó al Inpec a declarar la situación como una “escalada de ataques sistemáticos”.
Ante la gravedad de los hechos, la institución suspendió temporalmente las visitas de familiares y amigos en los centros penitenciarios del Valle del Cauca y Bogotá los días 4 y 5 de octubre, como parte de un plan de “máxima seguridad” orientado a proteger tanto a los funcionarios como a los visitantes.
El sindicato del Inpec, representado por Óscar Robayo, denunció que los funcionarios penitenciarios carecen de apoyo estatal frente a este tipo de ataques.
“Sabemos que es una actividad de alto riesgo. Es de las más peligrosas del país, y más cuando las bandas criminales ven en el Inpec la voz más débil de la justicia”, afirmó Robayo en declaraciones a Noticias Caracol.
El dirigente sindical aseguró que setenta funcionarios del Inpec han sido asesinados en los últimos cuatro años, y señaló que los responsables suelen ser estructuras criminales con presencia activa dentro de las cárceles, que ordenan atentados en represalia por traslados o medidas disciplinarias.
La Organización de Servidores Penitenciarios (OSP) también se pronunció y envió una carta al presidente Gustavo Petro, en la que pidió una reunión urgente con los ministros de Justicia, Defensa e Interior, además de la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección.
En la misiva, la OSP advirtió que los hechos recientes reflejan “la crisis estructural del sistema penitenciario colombiano, marcada por la inseguridad, la falta de recursos y la creciente influencia de redes criminales dentro y fuera de las cárceles”.
Fuentes de inteligencia señalaron que los ataques recientes podrían estar vinculados a la organización criminal Muerte a Guardias Opresores (Mago), que operaría bajo las órdenes de Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, uno de los cabecillas del crimen organizado en el Valle del Cauca.
Por su parte, el capitán John Freddy Rojas, director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, ordenó activar la alerta máxima y recomendó a los funcionarios del Inpec mantener vigilancia constante de su entorno, variar sus rutinas y reportar cualquier situación sospechosa.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los autores intelectuales del crimen y desarticular la estructura detrás de esta ola de violencia que ha puesto en riesgo al cuerpo de custodia y vigilancia del sistema penitenciario colombiano.
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