Gustavo Petro dejaría en crisis las carreteras del país: así de mal están y con esto tendrá que lidiar el próximo Gobierno

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) hizo varias propuestas relacionadas con el sector a los precandidatos presidenciales para el periodo 2026-2030. El gremio puso sobre la mesa una serie de retos y recomendaciones que buscan reorientar el rumbo del sector en Colombia.

Por medio de un documento expuso que preservar la participación privada, recuperar el grado de inversión y fortalecer la institucionalidad en entidades clave no pueden quedar fuera de la contienda electoral, dado el impacto que estas decisiones tendrán en la competitividad y el desarrollo del país.

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El análisis de la CCI parte de una evaluación crítica de los programas de infraestructura impulsados por el actual Gobierno:

Diseñado para conectar zonas apartadas mediante la mejora de vías terciarias y secundarias, enfrenta un estancamiento significativo. Aunque se proyectó una inversión de $2,7 billones en 22 proyectos, hasta la fecha solo se han licitado seis, con recursos que no superan el 2% del total previsto.

Suman 61 proyectos y una inversión conjunta de $13,7 billones. La CCI advierte que todos avanzan con serias dificultades. Los problemas de caja del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la falta de reprogramación de vigencias futuras han dejado muchos proyectos desfinanciados. El gremio propone flexibilizar la reasignación de recursos y asignar nuevos fondos a través de procesos licitatorios para garantizar la terminación de las obras.

Buscaba que las comunidades identificaran y ejecutaran obras de mejoramiento vial en sus territorios, también muestra un avance limitado. Aunque el presupuesto inicial era de $8 billones para intervenir 33.000 kilómetros de vías terciarias, se asignó menos del 10% del presupuesto.

Según la Procuraduría General de la Nación, de más de 1.000 convenios firmados, 776 presentan alertas por posibles irregularidades en la destinación de $154.000 millones.

En departamentos como Caquetá, Huila, Magdalena, Nariño y Norte de Santander, los índices de ejecución oscilan entre el 0% y el 5%. El promedio de avance de las obras no supera el 10%. La CCI recomienda que la ejecución recaiga en pymes de ingeniería locales, dada la falta de capacidad técnica, financiera y jurídica de las juntas de acción comunal.

Además, el documento también señala políticas anunciadas pero no materializadas por el Gobierno de Gustavo Petro. El mecanismo de valorización, que debía complementar la financiación de proyectos viales, no logró implementarse tras pilotos fallidos en la Costa Caribe.

La CCI sostiene que el instrumento es viable, ya que cuenta con soporte legal, y resalta que “el ingreso por este concepto, si bien es complementario, de ninguna manera, sustituye las fuentes ya establecidas en los contratos”.

Para el caso de las obras por regalías, mecanismo que permite a empresas que explotan recursos naturales financiar proyectos de inversión social y de infraestructura, solo se ejecutó un proyecto desde su entrada en vigor en 2020.

En diciembre de 2021, la Gobernación de Sucre y Canacol Energy firmaron un acuerdo para construir una vía rural en San Benito Abad, con una inversión de $2.407 millones y la intervención de 3,827 kilómetros de vía. No obstante, la ejecución general es baja: en el bienio 2023-2024, de $63 billones asignados por el Sistema General de Regalías (SGR), se giró menos del 50%. Para 2025-2026, el presupuesto asciende a $62,6 billones, de los cuales más del 50% son saldos acumulados.

La CCI urge al próximo gobierno a activar este mecanismo, priorizando proyectos estratégicos y promoviendo alianzas con el sector privado, sin sacrificar la transparencia.

El déficit de infraestructura social —hospitalaria, carcelaria, educativa y de agua y saneamiento— persiste, lo que, según la CCI, demuestra la necesidad de fortalecer la arquitectura institucional para estructurar asociaciones público-privadas (APP) en estos sectores, como ya ocurre en el transporte. El gremio considera imprescindible sentar las bases de una institucionalidad sólida para que las APP puedan operar y mantener iniciativas de gran envergadura.

De cara al próximo cuatrienio, la CCI identifica desafíos específicos para las pymes de ingeniería, concesiones viales, concesiones de quinta generación (5G), infraestructura aeroportuaria y portuaria, así como en la inversión pública y los esquemas APP. Entre las principales barreras para las pymes, destaca el uso de contratos y convenios interadministrativos que eluden la aplicación del estatuto general de contratación pública, lo que limita su acceso a la contratación estatal. Ante esto, se propone una iniciativa legislativa para regular esta situación y coordinar con el Ministerio de Transporte la revisión de metodologías de contratación, actualización de estudios de mercado y otorgamiento de anticipos.

En el ámbito de las concesiones viales, la CCI señala demoras en la gestión contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), riesgos en el pago oportuno de vigencias futuras y la ausencia de un marco jurídico claro para las consultas previas con comunidades étnicamente diferenciadas. Además, los bloqueos y la presencia de grupos armados en corredores viales y peajes representan un desafío de orden público. El gremio recomienda implementar una gerencia pública eficiente, garantizar los recursos en los presupuestos generales de la Nación y coordinar acciones con la fuerza pública y autoridades regionales para superar los bloqueos.

Respecto a las concesiones 5G, la obtención de permisos y licencias ambientales impidieron el inicio de ejecución de varios proyectos. Aunque seis proyectos avanzan en su ejecución, la CCI insiste en la necesidad de agilizar la obtención de licencias para iniciativas como Accesos Norte Fase II, ALO Sur y Canal del Dique.

Por su parte, en el sector aeroportuario, la infraestructura existente resulta insuficiente para atender el crecimiento del flujo de pasajeros y la demanda de las aerolíneas. La CCI recomienda agilizar la adjudicación de iniciativas privadas que no requieren recursos públicos para su financiación, construcción, operación y mantenimiento.

De igual forma, el sector portuario enfrenta la falta de incentivos para garantizar inversiones privadas, la ausencia de mecanismos regulatorios para la reversión y otorgamiento de nuevas concesiones, y la necesidad de reglamentar la recuperación de inversiones en la fase final de los contratos. Además, la falta de inversiones en vías de acceso marítimas, fluviales y terrestres limita la competitividad.

El gremio resalta la importancia de garantizar recursos para mantener la navegabilidad del río Magdalena y la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura. La digitalización de la información y la unificación de requerimientos estatales también figuran entre las recomendaciones, con la propuesta de una herramienta tecnológica administrada por la Superintendencia de Transporte.

En cuanto a la inversión pública y los esquemas APP, la CCI advierte la ausencia de nuevas licitaciones tanto de proyectos APP de iniciativa pública y privada como de obra pública. Recomienda estructurar nuevos proyectos financiados mediante vigencias futuras y priorizar iniciativas como:

• Villeta-Guaduas.
• La doble calzada Bogotá-Villavicencio.
• La vía Santuario-Caño Alegre.
• Pasto-El Estanquillo.
• Sogamoso-Aguazul.
• El corredor férreo Bogotá-Belencito.
• La Red Férrea del Pacífico.

Además, sugiere avanzar en la licitación de iniciativas privadas que no requieren recursos públicos, como proyectos aeroportuarios y portuarios, y destaca que la ejecución de estos proyectos contribuirá a incrementar la productividad, promover la integración regional y fortalecer la competitividad.

Entre los desafíos transversales, la CCI enfatiza en la necesidad de:

• Recuperar y robustecer la institucionalidad en entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura, Invías y la Aeronáutica Civil, asegurando la presencia de funcionarios honestos y técnicos.
• Generar condiciones de seguridad jurídica para inversionistas nacionales e internacionales, capitalizar el Plan Maestro de Transporte Intermodal —que proyecta una inversión del 1,3% del PIB anual hasta 2051— y dar impulso a la carretera Pacífico-Orinoquía, una vía de 1.450 km que conectará 350 municipios entre Buenaventura y Puerto Carreño.
• Promover políticas que garanticen la subsistencia de las pymes de ingeniería, que representan más del 90% de las empresas del sector.
• Relegitimar el anticipo como mecanismo de financiación para que las empresas puedan iniciar proyectos de inmediato.

• Recuperar el grado de inversión y las calificaciones de riesgo-país mediante una política fiscal sostenible es otra prioridad, ya que esto incidirá en la reducción de tasas de interés y facilitará el cierre financiero de nuevos proyectos.

Según el Portal de Transparencia Económica, el Sistema General de Regalías registra un saldo pendiente por asignar y ejecutar cercano a $29,6 billones. La CCI identifica la falta de capacidad técnica en los entes territoriales como un cuello de botella y propone capacitaciones para que los proyectos formulados lleguen a buen término. Además, recomienda promover mecanismos de financiación de proyectos terciarios mediante obras por impuestos, valorización y obras por regalías.