Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, denunció que la política de Paz Total del Gobierno nacional permitió el crecimiento y fortalecimiento de organizaciones armadas ilegales.
En declaraciones públicas, Rendón subrayó que este escenario incide gravemente en la seguridad ciudadana y plantea “un riesgo electoral mayúsculo” para los comicios nacionales de 2026. Según el mandatario regional, las decisiones oficiales provocaron un repunte de la violencia en el departamento, poniendo en entredicho la libertad del voto y la integridad de los electores.
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“Cada día es más tarde, ese ejercicio de contemporizar con el crimen va a tener repercusiones graves, no solo en la tranquilidad de los antioqueños, sino en la posibilidad de facilitarle a todos los colombianos concurrir libremente a las urnas”, afirmó el gobernador.
El riesgo, enfatizó, se incrementa mientras la actuación del Estado resulta insuficiente para frenar el avance de estructuras armadas como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
Expansión de grupos armados y cifras de violencia
El gobernador Rendón detalló que durante los recientes 20 meses su administración registró “un aumento del 70% en la presencia de las disidencias de las Farc y del 40% por parte del Clan del Golfo en el departamento”.
Esta escalada reactivó focos de violencia en municipios que antes figuraban libres de cultivos ilícitos y minas antipersonal, como Briceño y Valdivia, los cuales volvieron a ser objeto de disputa entre facciones del crimen organizado.
El funcionario también enfatizó que la violencia cobró la vida de cerca de 60 miembros de la fuerza pública en Antioquia en los últimos meses, hechos atribuidos en su mayoría a bandas bajo el liderazgo de alias Calarcá.
Al citar ejemplos puntuales, Rendón resaltó que “Briceño llegó a ser un municipio libre de coca y de minas antipersona y hoy es un enclave cocalero disputado ferozmente por grupos criminales”.
Alerta electoral de la Defensoría del Pueblo
La preocupación de Rendón se amplifica tras la reciente emisión de la alerta temprana electoral 013 de 2025 por parte de la Defensoría del Pueblo.
Esta entidad advirtió que 1.102 municipios en el país enfrentan escenarios riesgosos de cara a las próximas elecciones, por la hegemonía, consolidación, coexistencia o disputa territorial de los Grupos Armados Ilegales (GAI), lo que afecta derechos fundamentales y libertades políticas.
El informe describió que al menos cuatro municipios de Antioquia —Briceño, Remedios, San Andrés de Cuerquia y Remedio— ameritan intervención estatal urgente. Sobre San Andrés de Cuerquia, la Defensoría registró “88 asesinatos de jóvenes entre 18 y 29 años por cada 10.000 habitantes”, una de las tasas más elevadas del territorio nacional.
Además, seis firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados en el departamento, una cifra que Antioquia comparte solo con Norte de Santander.
Amenazas a actores políticos y sectores vulnerables
Las amenazas y hostigamientos a actores políticos y sociales también aumentan. Solo en Medellín, la capital departamental, siete jóvenes militantes del Partido Comunista Colombiano – Regional Antioquia recibieron correos amenazantes en los que advertían atentar contra sus vidas y destruir su sede.
Además, las comunidades Lgtbiq+ del Valle de Aburrá están bajo riesgo de discriminación y violencia, restringiendo la participación democrática de estos sectores.
Críticas a la política nacional y llamados a la acción
Tras la presentación del análisis de la Defensoría, el gobernador Andrés Julián Rendón reiteró en declaraciones públicas que “la dificultad más grande de cara al proceso electoral la genera el Gobierno nacional con su política equivocada de Paz Total, que lleva tres años permitiendo el crecimiento de los criminales”.
La crítica se dirigió a medidas como la negociación con “bandidos condenados en la cárcel de Itagüí”, que, según Rendón, manejan rentas criminales superiores al billón de pesos anuales.
El mandatario pidió al Ejecutivo “dejar de contemporizar con el crimen” y tomar acciones que permitan “garantizar la libre concurrencia a las urnas y el desarrollo democrático en condiciones de seguridad”.
Rendón informó, además, que la administración departamental convocó un comité de garantías electorales con presencia de Ejército, Policía, Fiscalía y otras autoridades, con el fin de reforzar la protección en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud y de los comicios nacionales de 2026.
Dos jóvenes activistas ya solicitaron protección adicional ante las amenazas recibidas, mientras persisten riesgos en varias regiones de Antioquia. Las autoridades regionales insisten en la necesidad de “medidas urgentes y eficaces” para frenar la expansión de grupos criminales y proteger a la población civil.
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