La posibilidad de que la vía al Llano permanezca cerrada hasta diciembre ha generado inquietud entre los sectores productivos y sociales de Cundinamarca, especialmente por el impacto que esta situación tiene en la economía regional y en la vida cotidiana de miles de personas.
Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento, advirtió en entrevista con La FM que la reapertura total del corredor podría demorarse entre sesenta y noventa días, aunque no descartó que el plazo se extienda si continúan las lluvias.
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“Es muy probable que lleguemos a diciembre sin una reapertura definitiva de la vía al Llano”, afirmó el mandatario, que subrayó la necesidad de gestionar predios, maquinaria y sitios de disposición del material, tareas que aún no han concluido.
El cierre, provocado por un derrumbe en el kilómetro 18+600, obligó a habilitar una variante que solo permite el tránsito en un sentido, lo que ha generado represamientos de hasta 12 o 14 horas para vehículos de carga y particulares.

Esta vía alterna apenas logra restablecer entre el 30% y el 40% de la movilidad habitual, lo que ha agravado las dificultades logísticas para los habitantes y empresarios de la región.
Los productores agropecuarios figuran entre los más afectados. De acuerdo con el gobernador, cerca de 2.500 campesinos dedicados al cultivo de papa, hortalizas, aromáticas, tomates y cítricos enfrentan serios obstáculos para transportar sus productos, lo que ha provocado un aumento en los costos de los fletes de entre 30% y 50%. Además, los precios de los insumos agrícolas han subido aproximadamente 30%, lo que compromete la rentabilidad de las explotaciones rurales.
“Esta situación ha golpeado la producción campesina, especialmente por el incremento de fletes que han subido entre un 30% y un 50%, lo que vuelve muy costoso transportar y comercializar las cosechas, reduciendo también los ingresos de manera drástica”, dijo Rey en un mensaje publicado en su cuenta en X.
“Para enfrentar esta emergencia, la Agencia de Comercialización y Competitividad de Cundinamarca desplegó una flota de cuarenta camiones para atender a los productores agropecuarios de los municipios del Oriente, brindándoles transporte gratuito”, añadió el mandatario.

El impacto negativo se extiende a otros sectores. Más de 800 establecimientos comerciales ubicados a lo largo de la vía han visto reducidos sus ingresos en más del 60%, y algunos se han visto obligados a cerrar temporalmente.
En el ámbito educativo, 1.070 niños no han podido asistir con normalidad a sus clases, mientras que en el sector salud, el 30% de las cirugías programadas en el Hospital San Rafael de Cáqueza se suspendieron debido a la imposibilidad de desplazamiento tanto de pacientes como de médicos.
En cuanto a las causas del derrumbe, Rey atribuyó la emergencia a un manejo inadecuado de aguas por parte de la concesión vial. Según sus declaraciones, las cunetas que recogen el agua desde el kilómetro 16 la depositan en la montaña del punto afectado, lo que habría generado la inestabilidad del terreno y, finalmente, el deslizamiento.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ordenó al concesionario realizar trabajos de drenaje y obras de mitigación tipo terraceo para contener el material que sigue desprendiéndose, mientras se desarrollan los estudios y diseños definitivos para estabilizar la montaña.

El vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, detalló que los recursos destinados a las obras de mitigación en el talud del kilómetro 18 ascienden a 12.000 millones de pesos, de los cuales ya están asegurados 9.000 millones.
Con estos fondos se suscribió un convenio interadministrativo entre la ANI y el Invías para atender exclusivamente ese punto crítico y restablecer la movilidad lo antes posible, según explicó Uparela. El funcionario agregó que el concesionario también ejecuta trabajos de drenaje en la parte alta del talud para reducir la carga sobre la montaña y permitir una remoción segura del material.
A lo largo del corredor, se han identificado 55 puntos críticos, aunque el del kilómetro 18 no figuraba inicialmente entre ellos. No obstante, tras el derrumbe del 7 de septiembre, este tramo fue incorporado como prioridad principal, de acuerdo con Uparela.
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