Indígenas del Cauca enfrentan al Gobierno por contrato de más de $40.000 millones: protestan porque no se lo entregaron al Cric

Hay tensión entre el Gobierno nacional y los indígenas del Cauca, después de que se conociera una denuncia del Consejo Regional Indígena (Cric) al presidente Gustavo Petro por un millonario contrato que levantó sospechas entre la comunidad regional.

En una carta enviada el 1 de octubre desde Popayán y revelada por la revista Cambio, el Cric solicitó la suspensión inmediata de un contrato por 43.566 millones de pesos firmado entre el Ministerio del Interior y el Sistema Universitario del Eje Cafetero (Sueje), argumentando que no se realizó la consulta previa ni se respetaron los derechos de participación y autonomía de los pueblos indígenas del Cauca.

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El documento, dirigido a la Casa de Nariño, expuso que el Ministerio del Interior suscribió el Contrato Interadministrativo No. 1783 de 2025 con el Sueje sin convocar ni consultar al Cric, pese a que esta organización ha sido históricamente parte de la planeación y ejecución de procesos contractuales similares.

Según la misiva, el Cric presentó una propuesta técnica para la ejecución de los recursos, pero esta no fue considerada en la toma de decisiones.

La organización sostiene que esta exclusión vulnera los procesos de consulta previa y los principios de autonomía indígena reconocidos por el Decreto 1953 de 2014, que otorga a las autoridades indígenas la facultad de administrar directamente los recursos y programas propios, evitando la intermediación de terceros ajenos a sus procesos internos.

En la carta, el Cric advierte que la decisión del Ministerio constituye una regresión en los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos indígenas, así como en los acuerdos alcanzados en la comisión mixta.

Por ello, solicitó no solo la suspensión del contrato, que ya se encuentra en ejecución, sino la apertura de un diálogo para evaluar la revocatoria de la adjudicación al Sueje y la posibilidad de que el Cric asuma la realización del convenio, una medida que podría acarrear consecuencias legales de consideración.

El contrato en cuestión, uno de los cinco de mayor valor firmados por el Ministerio del Interior en 2025, tiene como objetivo prestar asistencia técnica, administrativa, operativa y financiera para fortalecer el gobierno propio de las comunidades indígenas del Cauca.

El acuerdo, firmado el 25 de agosto, contempla un plazo de ejecución de doce meses y busca apoyar la organización de asambleas, mambeaderos, transporte y dotación de equipos de oficina, entre otros aspectos relacionados con la administración y el gobierno indígena.

De acuerdo con la documentación revisada por Cambio, el proceso de selección del operador se realizó mediante invitación directa a tres entidades: Findeter, el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos y el Sueje.

El Cric no fue incluido en este grupo, a pesar de que el Ministerio lo reconoce como la organización indígena más grande del departamento y de que uno de sus representantes forma parte del Comité Técnico Operativo del contrato. Finalmente, solo el Comité y el Sueje presentaron propuestas, resultando seleccionada la de este último.

El Sueje, conformado por la Universidad del Quindío y la Universidad Tecnológica de Pereira, fue considerado idóneo por el Ministerio del Interior por su experiencia en contratación pública y su modelo de gestión territorial con enfoque académico, social y cultural.

Entre 2000 y 2024, el Sueje firmó 622 contratos por más de dos billones de pesos, aunque solo siete de estos estuvieron relacionados con pueblos indígenas y apenas uno se desarrolló en el Cauca hace más de una década. Esta limitada experiencia en proyectos indígenas en la región ha sido uno de los puntos de mayor inconformidad para el Cric.

La exclusión del Cric en este proceso ha generado desconcierto dentro de la organización, que históricamente ha sido contratista habitual del Estado en temas relacionados con los pueblos indígenas.

En junio de 2025, el Cric firmó un contrato con el Ministerio del Interior por 3.000 millones de pesos para fortalecer la Comisión Mixta y el gobierno propio, y en lo que va del año ha suscrito otros convenios con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Protección, sumando cerca de 100.000 millones de pesos.

Además, en el gobierno anterior, el Cric también ejecutó contratos de objeto similar en el Cauca. “Normalmente nos encargamos de este tipo de convenios, por eso nos tomó por sorpresa esa adjudicación”, expresó una persona cercana a la organización indígena en diálogo con Cambio.

Desde el Ministerio del Interior, la directora de Asuntos Indígenas, Roquelina Blanco, no respondió a las consultas sobre las denuncias. No obstante, el medio nacional conoció que dentro de la entidad existe malestar y suspicacia entre algunos funcionarios por el cambio en la contratación.

En los pasillos de la sede ministerial circulan rumores sobre posibles motivaciones electorales y personales detrás de la decisión de excluir al Cric, aunque hasta el momento no se han presentado denuncias formales ni información concreta al respecto.