La presentación del programa Gestores del Orden por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el anuncio de la creación de más de 1.700 nuevos empleos públicos han desatado una intensa controversia política.
La concejal Diana Diago, del partido Centro Democrático, denunció presuntas irregularidades en la estructuración, objetivos y costos del programa, alertando sobre la posible utilización política y el alto impacto fiscal de la iniciativa, en pleno año pre-electoral.
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Según la información divulgada por la cabildante y sustentada en cifras oficiales, los Gestores del Orden serán figuras administrativas bajo el cargo de Auxiliar Administrativo 407-10, con una asignación básica mensual de 2.413.410 pesos.
Al sumar prestaciones sociales obligatorias, aportes a salud, pensión, parafiscales y primas, el costo individual asciende a 3.665.833 pesos mensuales. Multiplicado por los 1.510 gestores contemplados en el decreto, el gasto mensual supera los 5.333 millones de pesos, lo que anualizado alcanza más de 66.000 millones de pesos provenientes de los impuestos de los bogotanos.
La creación de los cargos, formalizada por el Decreto 466 del 26 de septiembre de 2025, no solo incluye a los gestores administrativos, también 25 profesionales especializados, 38 profesionales universitarios y 151 técnicos operativos, alcanzando en total 1.725 empleos nuevos. Diago criticó que la expedición del decreto se dio “sin aprobación del Concejo de Bogotá”, lo que, a su juicio, refleja improvisación y debilita el control institucional sobre el gasto público.
Además, consideró que la convocatoria, lanzada apenas semanas antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales (8 de noviembre), no permitirá contratar al personal de manera legal y ordenada y abre la puerta a eventuales “maromas jurídicas” para justificar el proceso.
La polémica se intensificó por la comparación hecha por el alcalde Carlos Fernando Galán, que afirmó que los “Gestores del Orden” serían similares a los “serenos” del modelo peruano, agentes de seguridad ciudadana que apoyan a la policía con funciones de patrullaje, vigilancia y detención.
Diago, sin embargo, sostiene que la semejanza no existe, ya que los serenos en Perú están facultados legalmente para intervenir de manera operativa contra el delito, mientras que en Bogotá los nuevos gestores solo tendrían competencias enfocadas en el diálogo comunitario, mediación y promoción de convivencia, sin facultades policiales concretas ni posibilidad de imponer comparendos o realizar detenciones.
Según la documentación y la respuesta oficial de la Secretaría de Seguridad, las funciones asignadas a los Gestores del Orden replican las de los actuales Gestores de Convivencia, quienes ya desempeñan labores de mediación, apoyo a manifestaciones, acompañamiento en aglomeraciones, y articulación institucional.
Las tareas fijadas incluyen mediación comunitaria, observación situacional, promoción del código de convivencia y recuperación de espacio público. Para la concejala, el resultado es un “cambio de nombre” que no implica aportes sustanciales ni innovadores a la política de seguridad y convivencia en la ciudad.
Un aspecto señalado como problemática adicional es que entre los requisitos publicados para optar al cargo no se incluye la experiencia en seguridad ni la vinculación preferente para veteranos de la Fuerza Pública —personas que, según Diago, podrían aportar conocimientos y capacidades operativas reales—. Tampoco se hace referencia a estrategias diferenciadas de intervención frente al crimen o a mecanismos de evaluación de impacto para el nuevo programa.
La concejal puntualiza que, tanto en el diseño como en la implementación, el programa emula esquemas de gobiernos anteriores, como el de Claudia López, con los “Gestores de Convivencia”, y el de Gustavo Petro, con los “Jóvenes de Convivencia y Paz”.
La denuncia de Diago concluyó que la actual administración estaría repitiendo fórmulas que no han mostrado efectividad frente a los retos de seguridad en la ciudad y que el costo fiscal supera, según la tabla salarial y las estimaciones de planta, los 66.000 millones de pesos anuales.
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