La Comisión Nacional de Disciplina Judicial reveló nuevos hallazgos sobre el entramado que permitió la fuga de Raúl Alzate Balanta, alias El Enano, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento del Caquetá.
De acuerdo con el fallo, la investigación disciplinaria permitió establecer la participación directa del asistente de Fiscalía Édgar Hernán Varona Vargas, que, según las pruebas, actuó como “ficha clave” dentro del plan criminal que se ejecutó el 17 de octubre de 2020 y culminó con la evasión del cabecilla guerrillero. Por estos hechos, la Sala Disciplinaria lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por un periodo de 13 años.
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Un plan basado en una supuesta caleta de las Farc
El comunicado de la alta corte detalla que el operativo ilegal surgió de un acuerdo entre alias El Enano y su abogado, Jimmy Andrés Gasca Osorio, que planearon recuperar una supuesta caleta con dinero y armas pertenecientes a la antigua guerrilla, ubicada en el corregimiento de Peñas Coloradas, jurisdicción de Cartagena del Chairá (Caquetá).
En dicha “guaca”, según la versión entregada por el cabecilla, habría 8.000 millones de pesos en efectivo. Para acceder a ese dinero, Alzate Balanta debía salir del centro carcelario donde se encontraba recluido, motivo por el cual fue auxiliado por dos patrulleros de la Policía Nacional. Uno de ellos, identificado como David Silva, se acogió posteriormente a un principio de oportunidad y relató los hechos a las autoridades; el otro, Giovanny Moreno Ballén, fue asesinado en diciembre de 2020.
El abogado Gasca y alias El Enano planearon el desplazamiento hacia la zona rural, para lo cual contactaron a Édgar Varona Vargas, asistente del fiscal 12 local de Florencia, que sería el encargado de guiarlos y brindar cobertura institucional durante la operación. Según los hallazgos, el 16 de octubre de 2020 Varona se movilizó en motocicleta y condujo al grupo hacia un hotel en Cartagena del Chairá, donde pasaron la noche antes de partir hacia el punto donde supuestamente se hallaba el dinero enterrado.
El comunicado oficial indica que el asistente “se presentó como fiscal ante los controles del Ejército y la Armada Nacional”, con el argumento de que la comitiva realizaba una diligencia legal y autorizada de exhumación. En el trayecto, Varona rechazó el acompañamiento militar “para eliminar cualquier sospecha” y permitió el paso libre del grupo.
Sin embargo, las pruebas recolectadas en el proceso disciplinario —entre ellas registros de llamadas, videos captados por drones militares, informes de la Fiscalía General de la Nación y testimonios de miembros de la fuerza pública— desvirtuaron la versión de una diligencia legal. El expediente también evidenció que Varona no contaba con autorización para ausentarse de su sede laboral en Florencia ni con orden judicial que respaldara el desplazamiento.
Tras el fracaso en la búsqueda de la caleta, el grupo regresó a Florencia. En ese punto, alias El Enano logró huir y continúa prófugo de la justicia.
La distribución del botín y los hallazgos disciplinarios
El fallo también reveló que la promesa económica fue determinante para la participación de Varona en el plan. Alias El Enano y el abogado Gasca acordaron repartir el dinero en un 50% para ellos, un 25% para Varona y otros participantes, y el 25% restante para supuestos miembros de la Armada Nacional. Por este motivo, la Comisión compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen la posible vinculación de uniformados en la operación.
En su decisión, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló que el asistente intentó evadir su responsabilidad atribuyendo los hechos a su superior, el fiscal seccional Alexander Zuzunaga, que falleció el 27 de mayo de 2023. Zuzunaga dejó grabaciones en las que hacía referencia a lo ocurrido el 17 de octubre de 2020.
Por su parte, el abogado Jimmy Andrés Gasca Osorio fue recientemente excluido de la profesión del derecho de manera permanente, en decisión adoptada también por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y enfrenta un proceso penal por el delito de cohecho por dar y ofrecer.
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