
El futuro del ahorro nacional en Colombia enfrenta una encrucijada tras la aprobación de la reforma pensional de 2024, que, según el reciente informe del Centro de Estudios Económicos, Anif, podría llevar al país a registrar el nivel de ahorro más bajo de América Latina y comprometer la capacidad de financiar su crecimiento a largo plazo.
El análisis de Anif advierte que, aunque la reforma busca ampliar la cobertura y mejorar la equidad entre los jubilados, sus efectos colaterales sobre la inversión y la estabilidad macroeconómica serían negativos.
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El informe, titulado “Menor ahorro e inversión: efecto colateral de la reforma pensional”, sostiene que el nuevo sistema reducirá el ahorro nacional en casi diez puntos porcentuales del PIB en el largo plazo.
“El nuevo diseño del sistema reduce el ahorro nacional en casi diez puntos del PIB a largo plazo, lo que compromete el financiamiento de la inversión y la estabilidad macroeconómica”, señala el documento de Anif.

En 2024, el ahorro bruto de la economía colombiana fue de 13,7% del PIB, la cifra más baja entre las seis principales economías de la región, mientras que Perú y Chile alcanzaron niveles cercanos al 22% y las economías emergentes de Asia promediaron 33,7%. Esta brecha evidencia una debilidad estructural que la reforma podría agravar.
El análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras detalla que la inversión en Colombia se mantiene 9,8% por debajo de su nivel prepandemia, incluso tras la recuperación parcial prevista para 2024 y 2025.
Para regresar al punto en que se encontraba en 2019, el país requeriría $63 billones adicionales en inversión. La creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), eje del nuevo sistema, profundizaría el problema, ya que los recursos se concentrarán en una entidad pública y no en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que históricamente han canalizado el ahorro hacia el mercado de capitales y el sector productivo.
Las proyecciones de Anif indican que el Fapc alcanzará un máximo de 8,3% del PIB en 2044, pero a partir de ese año comenzará a reducirse hasta llegar a solo 1% del PIB en el largo plazo. En contraste, en un escenario sin reforma, los fondos pensionales habrían acumulado cerca de 49,9% del PIB en 2048, mientras que con la nueva estructura solo alcanzarían 33% del PIB en 2037. Hacia finales del siglo, el impacto sería aún más pronunciado: los recursos del sistema caerían a 3,2% del PIB, frente a un 19,2% que se habría mantenido sin la reforma.
El estudio calcula que, desde 2026, las AFP dejarán de recibir cerca de $19,3 billones anuales, mientras el pilar contributivo acumulará alrededor de $18,5 billones. El resultado neto sería una reducción de $0,79 billones en ahorro pensional cada año.
“Para 2040, la diferencia total ascendería a $169,7 billones, equivalentes a 10,4 reformas tributarias del tamaño promedio de las más recientes. Esa menor disponibilidad de recursos afectaría directamente la liquidez del sistema financiero y la capacidad del mercado para financiar proyectos productivos y empresariales”, advirtió Anif.

Los sectores más afectados serían la deuda pública local, con una reducción estimada de $68 billones, la renta variable internacional (–$47 billones) y los fondos de capital privado (–$47 billones). El informe subraya que “el traslado de los flujos hacia un fondo estatal disminuye la profundidad del mercado de capitales y limita el acceso a recursos de largo plazo”.
La menor acumulación de ahorro también debilitaría la capacidad del país para enfrentar choques fiscales o financiar la deuda pública. Aunque el nuevo fondo busca servir de respaldo al sistema, Anif advierte que no cuenta con reglas claras de uso ni con un esquema de gobernanza suficientemente técnico.
Si bien se reconocen los avances sociales de la reforma, como la ampliación de la cobertura y la mayor equidad entre cotizantes, el informe enfatiza que esto no resuelve el desafío demográfico del envejecimiento poblacional. Por ello, recomienda considerar una reforma paramétrica que eleve la edad de jubilación y revise los umbrales de cotización para asegurar la sostenibilidad financiera.
El papel de las AFP ha sido central en la acumulación de ahorro en Colombia. En 2024, gestionaron $464,9 billones, equivalentes al 27,3% del PIB, de los cuales cerca del 70% corresponde a rendimientos generados por inversiones. Durante tres décadas, los fondos privados han ofrecido una rentabilidad nominal promedio del 9,8%, la más alta entre los países de la Ocde. Solo en 2024, los aportes sumaron $25 billones, equivalentes al 11% del ahorro bruto nacional, consolidando a las AFP como un pilar estructural del financiamiento de largo plazo.
La Ley 2381 de 2024 rediseña el sistema hacia un modelo de pilares —solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario—, con el objetivo de ampliar la cobertura y corregir inequidades. Sin embargo, el análisis de Anif advierte que el efecto sobre el ahorro pensional podría ser negativo.
El nuevo pilar contributivo dividirá las cotizaciones: por debajo de 2,3 salarios mínimos irán al Fapc y por encima de ese umbral permanecerán en cuentas individuales administradas por privados. En teoría, el Fapc debería compensar la menor acumulación en las AFP, pero las proyecciones sugieren lo contrario.
Según cálculos de Anif, en 2026 —primer año de implementación— la pérdida de ahorro sería de $0,79 billones. El déficit se ampliaría de forma sostenida, hasta alcanzar $169,7 billones en 2040 frente a un escenario sin reforma, cifra equivalente a 10,4 reformas tributarias.
La caída proyectada del ahorro abre interrogantes sobre la sostenibilidad de la inversión y la estabilidad macroeconómica de Colombia. Un menor ahorro doméstico reduciría la capacidad de financiar proyectos estratégicos y encarecería el crédito, limitando la competitividad.

Además, la pérdida de dinamismo en los fondos de pensiones podría debilitar los mercados de capital, un efecto con implicaciones de largo alcance. Anif señala que, aunque el Fapc podría inyectar recursos en el corto plazo, la reforma no establece un marco suficientemente robusto para garantizar que esos ahorros se canalicen hacia instrumentos productivos. En ausencia de reglas claras, el país podría perder un mecanismo clave para transformar ahorro en inversión sostenible.
El informe recuerda que las AFP manejan actualmente $464 billones y que, según los cálculos de Anif, el Fapc acumularía ahorro hasta 8,3% del PIB en 2044, pero con el tiempo se reduciría hasta 1% del PIB. Esto implica una pérdida estructural de ahorro nacional cercana a 10 puntos del PIB en el largo plazo.
América Latina ha mantenido históricamente bajas tasas de ahorro (17,5% del PIB entre 1980 y 2014), frente al 33,7% de las economías asiáticas emergentes. Mientras Perú y Chile mantienen tasas de ahorro de alrededor del 22%, Brasil y Argentina superan el 15%. En este contexto, Colombia se encuentra rezagada, lo que limita su capacidad para financiar inversión y sostener el crecimiento económico.
La reforma pensional ya es ley, aunque se encuentra en trámite en la Corte Constitucional, que deberá validar si la normatividad se ajusta a la Constitución. El impacto sobre el ahorro y la inversión de largo plazo apenas comienza a dimensionarse. La falta de capital ha sido históricamente una traba para el desarrollo colombiano y sacrificar la acumulación de ahorro puede convertirse en un riesgo macroeconómico difícil de revertir.
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