Le salió caro: capturan a agente de tránsito en Riosucio por presunta extorsión de 400.000 pesos

La captura de un agente de tránsito en Riosucio, Caldas por presuntamente exigir cuatrocientos mil pesos a cambio de no inmovilizar una motocicleta ha puesto en cuestión la integridad de los funcionarios públicos en la región.

El caso, que se investiga por el delito de concusión, ha generado reacciones inmediatas de las autoridades locales y ha motivado la revisión de otras denuncias similares en curso.

El operativo, realizado por la Sijin en las últimas horas, permitió la detención en flagrancia del funcionario, quien habría solicitado el dinero a un ciudadano para evitar la inmovilización de su vehículo. Tras la captura, el agente fue judicializado y enfrenta cargos por concusión, delito que sanciona el abuso de poder por parte de servidores públicos al exigir dádivas o dinero en el ejercicio de sus funciones.

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Ante la gravedad de los hechos, la secretaria de Gobierno de Riosucio Martha Liliana Hernández expresó su pesar por la situación y detalló que la administración municipal ya tomó medidas administrativas. Hernández explicó que el contrato de prestación de servicios del agente fue suspendido de inmediato y que se inició un proceso de investigación disciplinaria para determinar su responsabilidad. “Es un proceso que está en materia pues de investigación y que nosotros como Alcaldía estaremos presto para colaborar precisamente en lo que necesiten las autoridades competentes para esclarecer este caso”, afirmó la funcionaria.

La Alcaldía de Riosucio ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos. Además de la investigación penal, la administración municipal ha activado los mecanismos internos para garantizar que se cumplan los procedimientos disciplinarios correspondientes.

El caso no se limita a este único episodio. Según información oficial, existen más denuncias en curso contra el mismo agente de tránsito, lo que sugiere un posible patrón de conducta que las autoridades buscan esclarecer. La administración municipal ha reiterado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, subrayando que cada funcionario debe responder individualmente por sus actos.

La postura institucional es clara: la Alcaldía de Riosucio rechaza cualquier manifestación de corrupción dentro de la administración pública y sostiene que la responsabilidad por estos hechos recae exclusivamente en quienes los cometen.

Intentar sobornar a un agente de tránsito constituye un delito que puede derivar en penas de prisión, según las disposiciones establecidas en el Código Penal vigente. Las acciones de ofrecer, prometer o entregar dinero u otros beneficios a un funcionario público para que favorezca, omita o realice cualquier acto relacionado con sus funciones, no solo se consideran éticamente reprochables, sino que tienen consecuencias penales graves.

De acuerdo con el artículo 424 del Código Penal, cualquier persona que ofrezca o entregue dádivas o retribuciones de cualquier índole a una autoridad, funcionario público o cualquier persona involucrada en el ejercicio de la función pública, con el objetivo de que esta realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo, puede recibir las mismas penas de prisión y multa que se imponen a los funcionarios corrompidos.

Esto implica penas de cárcel de tres a seis años, así como multas económicas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, tal como lo establece el artículo 419 para los funcionarios que son parte del delito de cohecho.

El texto legal también subraya que el delito se configura desde el momento en que la autoridad es abordada con la oferta indebida, y si el agente de tránsito decide denunciar el hecho y solicita una orden de aprehensión, el infractor puede ser detenido en el acto. Es decir, la privación de la libertad es una posibilidad real tan solo con el intento de soborno, y no necesariamente requiere que la transacción ilícita se concrete.

Por otra parte, ante situaciones en las que sea el funcionario quien solicite el soborno, la ley prevé mecanismos de denuncia. Un ciudadano puede presentar las pruebas del intento de extorsión ante la Procuraduría General de la Nación o la entidad correspondiente. Se reconoce, no obstante, que existe un temor generalizado entre los ciudadanos para reportar estos hechos, lo cual dificulta la erradicación de la corrupción. Sin embargo, desde las autoridades se promueve la denuncia como un paso esencial para combatir este tipo de conductas.

El cohecho, en cualquiera de sus formas —ya sea por parte del funcionario que acepta o solicita, o del particular que ofrece o entrega la dádiva— está tipificado y castigado según lo previsto entre los artículos 419 y 424 del Código Penal. De este modo, los ciudadanos deben tener presente que tratar de manipular a una autoridad vial mediante algún tipo de soborno conlleva consecuencias penales serias, incluida la cárcel.