Un juez penal especializado de Medellín condenó a 28 años de prisión al exdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, al hallarlo responsable como determinador del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, ocurrido el 21 de mayo de 1999.
La sentencia, que se fundamenta en la valoración de las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, establece que Narváez Martínez deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario. Además, el fallo le impone una multa de 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes y lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.
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El tribunal también declaró que el caso constituye un delito de lesa humanidad, lo que refuerza la gravedad de los hechos y su impacto en la memoria judicial del país.
Durante la investigación, dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se determinó que Narváez Martínez visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz, bajo la sospecha de que colaboraba con el ELN. Para sustentar su petición, entregó información clasificada obtenida por el DAS. Este intercambio de datos confidenciales fue un elemento clave en la configuración del delito.
El secuestro se materializó cuando miembros de las extintas Autodefensas (AUC) interceptaron a Piedad Córdoba mientras acudía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín. La mantuvieron en cautiverio hasta el 4 de junio de 1999, fecha en la que fue liberada tras la intervención de diversos sectores políticos y humanitarios.
La privación de la libertad se extendió por 14 días, un periodo en el que la presión social y política resultó determinante para su liberación. El proceso judicial contra José Miguel Narváez Martínez se desarrolló bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, estableció la Fiscalía en un comunicado oficial.
Jaime Garzón y Claudia Julieta Duque: los otros dos casos por los que Narváez ya había sido condenado
Contra el exsubdirector del DAS ya pesaban otras dos condenas: una por su participación en el asesinato de Jaime Garzón; y otra por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.
Sobre la primera sentencia, emitida el 13 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal Especializado de Bogotá lo condenó a 30 años de prisión en primera instancia. Sin embargo, el monto de la condena fue revisado y ajustado en 2021, fijándolo en una pena de 26 años.
Casi dos décadas después del crimen, la justicia identificó a José Miguel Narváez como uno de los responsables intelectuales de ese crimen. La investigación judicial reveló que Narváez, descrito como “ultraderechista” por la Fundación Pares y con conexiones tanto en círculos militares como paramilitares, ejercía influencia como profesor en la Escuela Superior de Guerra.
Durante ese periodo, Narváez estableció una relación cercana con Carlos Castaño, entonces líder jefe de las AUC. De acuerdo con los hallazgos del proceso, Narváez persuadió a Castaño de que Garzón constituía una amenaza, lo que resultó determinante en la decisión de atentar contra la vida del periodista.
Entre los argumentos que Narváez utilizó para convencer a Castaño, figuraban acusaciones de que Garzón mantenía supuestos vínculos con la guerrilla del ELN y que obtenía beneficios económicos a través de su participación en la liberación de personas secuestradas. Sin embargo, la justicia colombiana concluyó que estas afirmaciones carecían de fundamento, desestimando cualquier relación entre Garzón y actividades ilícitas.
Por el segundo caso, el exsubdirector del DAS fue condenado el 24 de agosto de 2024 a pagar 12 años y 5 meses en prisión, cuya sentencia dictó el Juzgado Décimo Penal Especializado del Circuito de Bogotá
El proceso judicial reveló que Claudia Julieta Duque, reconocida por su labor junto al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) en investigaciones sobre homicidios de periodistas y violaciones a los derechos humanos, fue objeto de una campaña sistemática de persecución, amenazas y seguimientos.
Estas acciones se intensificaron después de que la periodista publicara una serie de artículos que vinculaban al DAS con el asesinato de Jaime Garzón.
Durante el juicio, varios exagentes del DAS ofrecieron testimonio en contra de José Miguel Narváez, señalándolo como el responsable de ordenar la recopilación de información privada y detallada sobre la periodista. El juzgado estableció que, bajo sus instrucciones, se exigió a los agentes la elaboración de informes minuciosos sobre los movimientos de Duque y de su hija, quien en ese momento era menor de edad.
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