La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno nacional que vincula la participación de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en procesos de verdad con una posible incidencia en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
Tras la difusión de la Resolución 327 de 2025, Iris Marín Ortiz, titular de la Defensoría, advirtió que vincular la revelación de la verdad de excombatientes con el calendario electoral puede generar efectos directos sobre las candidaturas y abrir la puerta a la instrumentalización política de la justicia transicional.
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“Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”, declaró la funcionaria en un comunicado.
Controversia por el reconocimiento de las exAUC como gestores de paz
La resolución del Gobierno reconoce a 16 exmiembros de las AUC como gestores de paz hasta agosto de 2026, que deberán participar en proyectos de reconstrucción del tejido social y reconstrucción de verdad en zonas afectadas por la violencia.
La medida fue defendida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, como parte de la política de Paz Total, y destacó que los nuevos gestores deberán acompañar instancias de diálogo en los territorios.
El ministro Benedetti afirmó que la medida busca fortalecer la reparación y esclarecer la verdad sobre episodios del conflicto armado colombiano.
“Me imagino que la derecha se preocupará, se asustará y criticará el proceso porque le tiene miedo a la verdad. Quien critique esta resolución, lo acuso de tenerle miedo a la verdad o hasta de ser cómplice de todo lo que ha pasado en este desastre del país”, afirmó el ministro en declaraciones recogidas por El Espectador.
Riesgos de instrumentalización y preocupaciones de la Defensora
Para la Defensoría del Pueblo, la propuesta gubernamental encierra varios riesgos. Marín alertó que convertir la verdad de los excombatientes en un elemento para incidir en la campaña electoral atenta contra los principios de independencia de la justicia transicional y representa una “revictimización” al exponer el dolor de las víctimas sin las debidas garantías.
La funcionaria detalló seis preocupaciones principales, entre ellas:
- La falta de supervisión judicial en los nuevos procesos —a diferencia de la Ley de Justicia y Paz aplicada a los exparamilitares que participaron en el proceso de Ralito.
- El uso de casos de víctimas como insumo electoral sin su consentimiento
- La dependencia del calendario electoral para determinar cuándo se revela información.
- La ausencia de condiciones para proteger los derechos de las víctimas y la posibilidad de que la justicia transicional sea utilizada con fines políticos.
“La verdad que se releva no debe depender del calendario electoral”, sostuvo la defensora, y pidió establecer mecanismos para garantizar procesos judiciales verificables, participación real de las víctimas y sanciones inmediatas para quienes incumplan los compromisos de verdad.
Temores de revictimización y presión sobre las víctimas
La Defensoría advirtió que la exposición pública de las víctimas y sus historias sin acompañamiento institucional, en el contexto de actividades preelectorales, puede constituir un nuevo hecho victimizante.
Además, el organismo señaló que la designación de gestores de paz a exparamilitares con antecedentes de incumplimiento en la Ley de Justicia y Paz podría contradecir compromisos de reparación y no repetición.
El parágrafo 2 de la resolución establece que la designación no cambia la situación jurídica de los gestores ni les otorga nuevos beneficios, aunque autoriza su salida ocasional de centros de reclusión para participar en las actividades programadas por el Estado.
La Defensoría solicitó que cualquier incumplimiento derive en la pérdida inmediata del reconocimiento y en la activación de sanciones correspondientes.
Para Iris Marín Ortíz, esta combinación puede minar la legitimidad de los procesos de verdad y generar favoritismos en el proceso electoral. Organizaciones de víctimas y otras entidades manifestaron inquietudes por esta medida, señalando posibles afectaciones en los resultados electorales.
El organismo hizo un llamado al Congreso y al Gobierno para garantizar que los procesos de los excombatientes de las AUC se desarrollen exclusivamente bajo supervisión judicial, en línea con los compromisos asumidos durante su desmovilización.
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