Ejército Nacional ya había advertido sobre incumplimientos en el polémico contrato de los helicópteros MI-17

El contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional generó una controversia que puso en la mira a las instituciones responsables de la defensa y a la empresa contratista Vertol System.

El caso destapó advertencias previas de altos mandos sobre incumplimientos en la ejecución de los trabajos, mientras crecen dudas sobre el destino de fondos públicos y la capacidad operativa de la flota.

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La cartera de Defensa adjudicó en diciembre de 2024 un contrato por más de 32 millones de dólares a Vertol System, para labores de overhaul, mantenimiento de motores, adquisición de repuestos y extensión de servicio de seis helicópteros MI-17.

El documento clave del caso, un informe elaborado por el teniente coronel Óscar Ortega el 28 de agosto de 2025, detalló cómo el Ejército alertó a la cartera sobre “múltiples y reiterados incumplimientos” del contratista en la etapa de ejecución.

En el informe se pidió iniciar el trámite para declarar el incumplimiento contractual, incluyendo los problemas con la validez de la póliza de garantía que vence el mismo día de finalización del contrato.

De acuerdo con lo revelado por La W, Vertol System recibió un anticipo del 50% del valor total, una suma equivalente a 16 millones de dólares, a cambio de un avance real que, según el propio Ministerio, solo alcanza el 8%.

Las exigencias técnicas incluían completar para el 15 de noviembre de 2025 el overhaul de seis helicópteros y la entrega de miles de piezas nuevas. Hasta ahora, los registros oficiales solo confirman entregas parciales en tres aeronaves.

La situación se complica por la modalidad del pago anticipado. En una comunicación enviada por el Ministerio a la Procuraduría General de la Nación, se admite que “no se sabe en qué invirtió esa plata el contratista”.

El anticipo fue autorizado tras cambios contractuales realizados el 20 de marzo, a petición reiterada del contratista, que argumentó requerimientos de liquidez para materias primas y logística.

Asimismo, el pago de 16.231.700 dólares se giró el 15 de abril, sin que a la fecha existan evidencias materiales sobre bienes o servicios adquiridos. El Ministerio de Defensa explicó que, con esa modalidad de pago, los recursos “se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso” y no hubo posibilidad de rastrear su destino.

Paralelo a estas revelaciones, la Contraloría General de la República alertó sobre el riesgo de un daño fiscal. El organismo identificó omisiones del Ministerio de Defensa en la verificación de la capacidad técnica y financiera de Vertol System antes de firmar el contrato.

Las advertencias apuntan que apenas se tenían datos de ventas o utilidades de la empresa, la cual es extranjera y no posee bienes ni recursos en Colombia, lo que dificulta medidas judiciales que salvaguarden el dinero público.

El reporte de la Contraloría advierte que la póliza de garantía se encuentra próxima a vencer, y no cubre el plazo de liquidación del contrato, que podría extenderse hasta dos años.

De igual modo, anota contradicciones entre los análisis económicos realizados previamente y la realidad que emergió tras la modificación del modo de pago al contratista.

El ente señaló: “El riesgo fiscal en el que hoy se encuentran 16 millones de dólares entregados como anticipo en un contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 es el resultado de una seguidilla de acciones que anticipaban un posible desfalco”.

En la disputa contractual, Vertol System sostiene una versión muy distinta y aseguró haber ejecutado ya el 80% del contrato. Achacó los retrasos, según informaciones recogidas por La W, a motivos ajenos a su control, incluyendo la supuesta retención de repuestos en zonas francas y dificultades administrativas del Estado, no propias de la empresa.

A pesar de eso, Vertol entregó una nueva factura de 7 millones de dólares durante abril, desconocida por el Ministerio hasta que se resuelva la investigación.

Además de los problemas técnicos, la falta de gestión documental quedó evidenciada en la ausencia de actas oficiales de las reuniones de seguimiento y supervisión.

El Ministerio, al ser requerido por la Procuraduría, aceptó que “las actas no aparecen por ninguna parte, ni en la gestión documental de ese viceministerio, y tampoco en el expediente del contrato”.

Muchos de estos encuentros sirvieron para otorgar prórrogas y aceptar la garantía de cumplimiento meses después de iniciada la ejecución. Incluso la viceministra de Estrategia y Planeación, Angélica Verbel López, solicitó a su antecesor, Luis Edmundo Suárez Soto, y a su asesor Diego Manrique Cabezas, la entrega de esos registros sin éxito.

Actualmente, con el plazo contractual a punto de finalizar, el Ejército Nacional mantiene operativos solo ocho helicópteros MI-17, mientras intenta implementar planes de contingencia desde su Batallón de Mantenimiento ante la ausencia de entregas del contratista.

La única alternativa, según declaró el ministro de Defensa general (r) Pedro Sánchez, en rueda de prensa, es fortalecer el uso de la flotilla Black Hawk, ya que no existe otra unidad que pueda cumplir las misiones asignadas originalmente a los MI-17.

El Ministerio anunció la apertura de un proceso sancionatorio por posible incumplimiento contractual y advirtió un futuro procedimiento si la empresa no cumple antes del 15 de noviembre.

En paralelo, la Contraloría, la Procuraduría y posiblemente la Fiscalía analizan la situación, que podría desembocar en la terminación anticipada del contrato y la apertura de sanciones administrativas y penales contra los responsables de la contratación y la supervisión.