Violencia y desplazamiento superan la capacidad del distrito en Buenaventura, dice asesora de Paz de la ciudad portuaria

La ciudad de Buenaventura enfrenta una escalada de violencia y desplazamiento forzado que supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales, según advirtió este domingo Carolina Guerrero, asesora de paz del distrito de Buenaventura.

De acuerdo con la funcionaria, que concedió una entrevista con La FM., la administración de la ciudad ha perdido el control efectivo sobre su territorio tanto en zonas urbanas como rurales, mientras diversas estructuras criminales y grupos armados han intensificado sus acciones, mientras dejan a la población civil en situación de vulnerabilidad.

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De acuerdo con lo expuesto por Guerrero ante el medio radial, existen múltiples actores armados que han fragmentado el control territorial. Entre estos se encuentran las bandas urbanas Shottas, Espartanos y Chiquillos, además de la presencia de grupos armados en la zona rural, como el ELN, la estructura Jaime Martínez y la Wilson González -ambas de las disidencias de las Farc-, el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas.

Con ese contexto, la funcionaria puntualizó en el diálogo que estas organizaciones mantienen una dinámica de conflicto y reorganización constante.

Según reportó el medio, las autoridades distritales se ven limitadas ante la magnitud y dispersión del fenómeno.

“Estamos desbordados en capacidades como distrito porque nos toca atender tanto la zona urbana, que es una pequeña parte del distrito con alta concentración de población, pero también una ruralidad de más del 97%,” sostuvo Guerrero.

Uno de los focos más críticos se ubica en el sector del Bajo Calima, donde el 14 de junio de 2024 retornó una comunidad desplazada, pero hasta la fecha no cuenta con las garantías de seguridad necesarias para evitar un nuevo desplazamiento.

La preocupación de la asesora de paz se reflejó en una advertencia sobre el riesgo permanente en el que permanece la población que intenta regresar a sus hogares.

Por eso, la representante del distrito aclaró que limitarse a una estrategia militar no representa una solución sostenible ante la complejidad social que enfrenta la ciudad, ya que, además, Buenaventura padece profundas desigualdades estructurales, identificadas como factores que agravan la crisis: déficit en el acceso al agua potable, una tasa de desempleo e informalidad laboral que supera el 67%, y ausencia de condiciones adecuadas para el desarrollo local.

En el contexto de los más recientes comunicados de las bandas criminales, que anunciaron la posibilidad del retorno de familias desplazadas, la funcionaria indica que, aunque estas manifestaciones abren un espacio de oportunidad que requiere medidas gubernamentales inmediatas.

“Le dan un parte de tranquilidad a la comunidad y los invitan a su vez a que retornen a su territorio,” afirmó, pero no desconoció que eso es posible siempre que existan garantías de seguridad.

Guerrero insistió que la respuesta efectiva depende de un contexto o estrategia legal clara. De hecho, dijo: “Al no tener un marco jurídico para avanzar en esa mesa sociojurídica, se van a presentar las situaciones que se han presentado al día de hoy”, y realizó un llamado al Gobierno nacional y al Congreso para avanzar hacia una legislación que permita implementar la llamada paz total en este tipo de territorios.

La asesora de paz también comentó que la necesidad de coordinación entre los gobiernos local, regional y nacional para dar una respuesta integral a la crisis es evidente.

“Buenaventura tiene todas las posibilidades para construir paz, pero eso tiene que hacerse de manera articulada con la institucionalidad en todos los niveles”. Esta articulación, sostuvo, resulta indispensable para evitar nuevos desplazamientos forzados y avanzar hacia la garantía de seguridad para los habitantes del puerto.

Una operación de la Armada de Colombia en la zona rural de Buenaventura dejó como resultado la muerte de tres presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado Los Shottas, además de un herido y un capturado, tras un enfrentamiento armado en el sector de Zabaletas.

Las autoridades incautaron siete fusiles, 21 proveedores, 720 cartuchos y varias granadas, junto a prendas de uso militar y equipos de comunicación, que según las investigaciones pretendían ser utilizados para ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

De acuerdo con los reportes, el grupo estaría operando en alianza con el Frente ‘Ernesto Che Guevara’ del ELN, bajo el mando de alias Mi Sangre, y se les atribuye el homicidio de dos jóvenes ocurrido en Zabaletas el 29 de agosto de 2025.

El capturado, señalado como hombre de confianza de “Mi Sangre”, habría sido responsable de secuestros, hurtos y extorsiones en la zona y fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.