“Vamos a restablecer el orden con firmeza. El terrorismo urbano no se puede normalizar”: María Fernanda Cabal

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal se pronunció este domingo 5 de octubre sobre las manifestaciones violentas en las ciudades del país y llamó a ejercer un control estricto por parte del Estado. La dirigente del partido Centro Democrático, que replicó a su vez un mensaje de Álvaro Uribe, aseguró que no se puede permitir que las expresiones de vandalismo o los actos violentos se conviertan en prácticas normalizadas dentro de la vida urbana.

En su mensaje público, la congresista sostuvo que el miedo no puede usarse como un instrumento de poder y que la Fuerza Pública tiene la misión constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como la protección de su vida, sus bienes y su integridad.

“Vamos a restablecer el orden con firmeza. El terrorismo urbano no se puede normalizar. No vamos a permitir que unos cuantos impongan el miedo como herramienta de dominio. La Fuerza Pública está instituida para proteger vida, bienes y honra de los ciudadanos”, señaló la congresista vallecaucana.

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El pronunciamiento de Cabal se enmarca en un debate político que se ha reavivado luego de los más recientes enfrentamientos registrados en protestas en diferentes regiones. En el mismo sentido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez había advertido días atrás sobre la amenaza que, a su juicio, representa la denominada “primera línea” en las manifestaciones. Uribe insistió en la necesidad de un gobierno que combine respeto por el derecho a la protesta con autoridad para prevenir brotes de violencia.

“Ya la primera línea vandálica está amenazando a la ciudadanía. Necesitamos un gobierno firme que respete el derecho a la protesta e imponga toda la autoridad para evitar la violencia, que además nadie se crea con el derecho a estimular esa violencia”, escribió el expresidente de Colombia en la misma red social.

Las declaraciones reflejan la posición de un sector del uribismo que propone una estrategia de seguridad centrada en la firmeza del Estado frente a expresiones de desorden urbano. La discusión se produce en un momento en que el país mantiene abierto el debate sobre los alcances de la protesta social, el papel de las fuerzas de seguridad y la legitimidad de distintos repertorios de movilización ciudadana.

El segundo día de protestas frente a la sede de la Andi, el 02 de octubre, en el norte de Bogotá, culminó con serios disturbios tras la intervención de manifestantes que, cubriéndose el rostro, vandalizaron un CAI de la Policía Nacional en la concurrida intersección de la avenida Chile con carrera Séptima. Videos compartidos en redes sociales exhiben cómo los encapuchados pintaron el puesto policial con consignas centradas en la lucha de clases y el conflicto en Oriente Medio, intensificando la tensión en esa parte de la ciudad.

Desde primeras horas de la tarde del 2 de octubre, un grupo de personas se concentró en la calle 73, alrededor de la sede principal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, exigiendo una revisión de sus nexos comerciales con Israel en medio de la actual ofensiva bélica en la Franja de Gaza. La Andi, históricamente vinculada al comercio de carbón con el Estado israelí, se convirtió nuevamente en el epicentro de la protesta, que esta vez requirió la presencia inmediata de funcionarios de la Administración distrital para prevenir alteraciones al orden.

La situación desencadenó un abrupto cese al diálogo, el cual era liderado por funcionarios de la Alcaldía Mayor. El despliegue de agentes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) se hizo necesario para restablecer la tranquilidad pública, mientras los altercados interrumpieron notablemente la circulación vehicular en ambos sentidos de la carrera 7 con calle 73. Por esta razón, se habilitaron rutas alternas para minimizar el impacto en la movilidad de los ciudadanos de ese sector.

Las alteraciones al orden público fueron condenadas por el gobierno de la ciudad. “Rechazamos estas actuaciones que afectan e intimidan a quienes no hacen parte de las movilizaciones y deslegitiman el objetivo pacífico de las mismas. Reiteramos que en Bogotá no tiene cabida ni la violencia, ni los mensajes de odio que pretenden justificarla y que nos dividen como sociedad”, enfatizó la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía, bajo la dirección de Carlos Fernando Galán.

Las críticas a estas manifestaciones violentas también surgieron desde el Concejo de Bogotá, donde la concejal Diana Diago, integrante del partido Centro Democrático, responsabilizó al presidente Gustavo Petro por el clima de violencia en la capital. La funcionaria instó al alcalde Galán a ejercer mayor control y a avanzar en la identificación y captura de los autores materiales de los disturbios, señalando que la violencia «está destruyendo a Bogotá».