El impacto de la minería ilegal en el Eje Cafetero y Antioquia ha quedado nuevamente en evidencia tras la reciente judicialización de una presunta red dedicada a la producción y tráfico de explosivos empleados en la extracción ilícita de minerales.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas señaladas de integrar esta organización, que habría operado en varios municipios de ambas regiones.
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Entre los hallazgos, las autoridades confirmaron que el grupo identificaba proveedores en Ecuador, Venezuela y Perú, desde donde adquiría explosivo tipo anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad.
Los materiales ingresaban al país de manera oculta, utilizando vehículos de carga, automóviles y motocicletas, antes de ser almacenados en distintos inmuebles ubicados en Marmato (Caldas), Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia (Antioquia), puntos estratégicos para su distribución a diferentes operaciones mineras irregulares.
También se estableció que la red, en ocasiones, obtenía barras de indu-gel desviadas de empresas legalmente habilitadas para su uso industrial.
La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente fue la encargada de imputar cargos a los detenidos.
Entre los delitos que les señala el ente investigador figuran concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La Fiscalía destacó que los cargos no fueron aceptados por los procesados.
Cuatro de los implicados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus domicilios, incluido el presunto cabecilla de la estructura, Elkin Giovanny Riascos Ortiz. Junto a él, Dubán Alberto Velásquez Valencia, Diego Alejandro Cruz Osorio y Luz Mery Valencia Bedoya, esta última investigada por haber prestado sus cuentas bancarias para mover fondos relacionados con las actividades ilícitas.
Por su parte, John Wilderman Franco Hererra, quien figura como uno de los transportadores de explosivos, permanecerá privado de la libertad en un centro carcelario, donde enfrenta otro proceso penal.
Las pruebas reunidas por la fiscalía muestran que Riascos Ortiz y Vásquez Valencia también operaban una planta de beneficio y una mina ubicadas en Marmato (Caldas), ambos sin permisos legales ni ambientales para su funcionamiento, lo que agrava la situación ambiental y legal de las operaciones desmanteladas.
Cayó banda de minería ilegal en Panamá: 22 colombianos, entre ellos cuatro menores, fueron capturados en el Darién
La incautación de equipos de minería y armas ilegales en la región del Darién ejemplificó el alto grado de sofisticación alcanzado por las redes dedicadas a la extracción clandestina de oro.
Según información oficial, la intervención denominada Odín 2 se realizó en El Pozón, sobre las aguas del río Pito en la comarca Guna Yala. La operación concluyó con el arresto de 22 ciudadanos colombianos, entre quienes se contaron cuatro menores de edad.
Durante el despliegue, las autoridades panameñas incautaron herramientas típicas de la minería ilegal: palas, picas, bateas y tanques de combustible. Además, localizaron una draga de gran tamaño utilizada para remover el lecho del río, junto a cuatro recipientes llenos de oro ya procesado.
Entre los elementos confiscados también figuraban una escopeta con municiones, tres balanzas digitales y tres celulares, los cuales quedaron bajo resguardo del Ministerio de Ambiente para facilitar las investigaciones.
De acuerdo con las declaraciones recogidas por las autoridades panameñas, la acción fue desarrollada por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), con apoyo del Ministerio de Ambiente y entidades judiciales, como parte de una estrategia continua de vigilancia reforzada en el Darién ante el incremento de actividades ilícitas más allá del tráfico irregular de migrantes.
“Estas acciones obedecen a una política de protección ecológica y de combate a las economías criminales que amenazan tanto a los ecosistemas como a la seguridad binacional”, comunicaron voceros oficiales.
El impacto ambiental resulta uno de los principales focos de preocupación. Las operaciones ilegales, advierten las autoridades, devastan ríos y zonas boscosas, y contribuyen a expandir la presencia de grupos que aprovechan la porosidad fronteriza entre Panamá y Colombia para financiarse y fortalecer su presencia.
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