Un terreno de 347 hectáreas a orillas del mar Caribe, con dos kilómetros de playa y una cantera propia, ha vuelto al centro de la controversia en Cartagena tras la decisión del Estado colombiano de devolverlo a dos ciudadanos españoles.
El predio, conocido como La Europa, no solo destaca por su valor multimillonario —estimado por algunos reclamantes en casi un billón de pesos—, sino por su historia llena de disputas legales, vínculos con el narcotráfico y la intervención de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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La reciente resolución de la SAE, que ordenó la restitución del terreno a Laureano Ramos y Marcos Fernández Montero, ha reavivado el debate sobre la transparencia en la administración de bienes incautados y la seguridad jurídica en Colombia.
La Europa, ubicada a media hora de Cartagena, reúne características que la convierten en una joya inmobiliaria: una extensa franja de playa, acceso directo a una vía nacional y una cantera de arena gruesa y fina. Este conjunto de atributos atrajo el interés de grandes empresas internacionales, como Disney, cuyos representantes, según fuentes consultadas por Cambio, exploraron la posibilidad de desarrollar un proyecto turístico en el predio antes de la pandemia. Sin embargo, la compleja situación jurídica y los antecedentes del terreno impidieron que tales iniciativas prosperaran.
El conflicto legal en torno a La Europa se remonta a 1996, cuando Leonardo Calle Restrepo y sus socios, a través de la Promotora Turística Internacional, adquirieron el predio con la intención de impulsar un ambicioso desarrollo inmobiliario. Para facilitar la venta de lotes, los empresarios entregaron el inmueble a la Fiduciaria de Occidente mediante un contrato fiduciario. A finales de los años noventa, la situación se tornó adversa.
Según las versiones de Calle conocidas por la revista Cambio, el Cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela, mostró interés en el terreno, presuntamente con fines de lavado de dinero. Tras rechazar una oferta sospechosa, Calle y sus socios habrían enfrentado presiones y amenazas, que incluyeron intimidaciones y secuestros, atribuidas a Luis Enrique Ramírez Murillo, alias Miki Ramírez, un narcotraficante vinculado tanto al Cartel de Cali como a grupos paramilitares en la región.
La disputa alcanzó un punto crítico en el año 2000, cuando, mediante una maniobra judicial, el predio salió del encargo fiduciario y fue rematado por orden de un juez de Cartagena, aunque Calle y sus socios alegan que nunca recibieron notificación del proceso.
Tras la subasta, la propiedad pasó a manos de la Fundación Unilatina, representada por el abogado Guillermo Bautista Moller, quien años después fue condenado por peculado junto a Miki Ramírez. Para Calle, existió una alianza entre funcionarios de la fiduciaria, Bautista y Ramírez, que facilitó el traspaso del terreno.
Posteriormente, Bautista permutó el predio con la empresa Euromar Caribe, liderada por Hernando Mejía Uribe. En 2009, tanto Euromar Caribe como Bautista y Mejía Uribe fueron incluidos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalados por su presunta relación con el Cartel de Cali.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, citada por Cambio, afirmó en ese momento: “Hernando Mejía es el cabecilla de esta red de colombianos y españoles que colaboraron para ocultar activos pertenecientes a miembros de la familia de los cabecillas del cartel de Cali”.
La inclusión en la Lista Clinton desencadenó procesos de extinción de dominio sobre numerosos bienes, entre ellos La Europa, que quedó bajo la administración de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, posteriormente transformada en la SAE. Durante este periodo, la empresa Sarta y Aragón usufructuó la cantera del predio, mientras la propiedad permanecía en litigio.
El giro más reciente en la historia de La Europa llegó en mayo de 2025, cuando la SAE expidió la resolución 189, ordenando la devolución del terreno y el 86% de Euromar Caribe a Laureano Ramos y Marcos Fernández Montero. Según la SAE, ambos adquirieron la mayoría de la empresa antes de 2009, a través de una negociación con Mejía Uribe.
Esta transacción llevó a que Ramos, Fernández Montero y varias de sus empresas en Europa también fueran incluidos en la Lista Clinton en 2009. Sin embargo, una investigación de la revista Cambio verificó que actualmente los españoles ya no figuran en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense.
La decisión de la SAE se fundamentó en una resolución de 2023 de la Fiscalía 19 de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, que declaró improcedente la extinción de dominio sobre el predio.
En respuesta a los cuestionamientos de Calle, la fiscal Sandra Rodríguez Agudelo sostuvo en una comunicación oficial, recogida por Cambio, que “se probó plenamente que (los españoles Ramos y Fernández Montero) son terceros de buena fe, pues para la fecha de los hechos en que se asociaron y compraron los inmuebles, se desconocían las actividades ilícitas del señor Mejía Uribe, no tenía antecedentes ni investigaciones pendientes”.
La fiscal añadió que en los últimos 20 años la justicia no ha comprobado ninguna de las irregularidades denunciadas por Calle y calificó de “temerarias” sus acusaciones contra la SAE, entidad que, según su versión, solo ha administrado el inmueble conforme a los mandatos judiciales.
A pesar de estos argumentos, Calle rechaza la versión oficial y sostiene que el proceso de La Europa ha estado invadido por intereses oscuros, dada la magnitud y el potencial del terreno. El empresario ha presentado denuncias ante la Fiscalía contra la SAE y la fiscal del caso, y asegura que continuará su batalla legal para que sus derechos de propiedad sobre el predio sean reconocidos, según reiteró al diario nacional.
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