
En Cartagena, la expectativa por un nuevo aeropuerto crece al mismo ritmo que la frustración. Mientras la ciudad sueña con una terminal moderna que responda a su auge turístico, el alcalde Dumek Turbay libra una batalla con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la que acusa de tener “en el limbo” uno de los proyectos más ambiciosos del Caribe colombiano.
El llamado Aeropuerto de Bayunca, propuesto en una zona estratégica entre la vía al Mar y la vía a la Cordialidad, promete transformar la movilidad aérea del país y competir con terminales internacionales como Tocumen (Panamá) o Jorge Chávez (Perú). Pero su avance, pese a los años de estudios y mesas técnicas, sigue sin una fecha clara de inicio. “Tenemos ya 20 meses y 25 días discutiendo con el Gobierno nacional para que por fin le dé el visto bueno al nuevo aeropuerto de la ciudad. Cartagena necesita un nuevo aeropuerto; el Rafael Núñez dejó de ser eficiente”, expresó Turbay durante el Congreso de Fenalco realizado el 25 de septiembre en Medellín.
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Las tensiones se intensificaron cuando la ANI canceló una mesa técnica programada para el 19 de septiembre, que fue aplazada para el 3 de octubre. “Espero que se pueda realizar con éxito”, dijo entonces el mandatario, visiblemente molesto por lo que considera un retraso injustificado. Detrás de su reclamo hay un trasfondo económico y social de gran peso: la obra, estimada en 6,5 billones de pesos y financiada con capital privado, promete generar más de 37.000 empleos —21.000 directos y 16.000 indirectos— en una ciudad con una tasa de desempleo de 9,4 %, apenas por debajo del promedio nacional.
El proyecto, conocido oficialmente como Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias, comenzó a tomar forma en 2016, cuando fue presentado ante la ANI para su estudio de prefactibilidad. Desde entonces, superó varias etapas técnicas, jurídicas y financieras, y actualmente se encuentra en fase de evaluación de factibilidad. Según la ANI, el proceso sigue su curso normal y está contemplado en un “cronograma estimado de actuación administrativa” que debería culminar en diciembre de 2025. Sin embargo, Turbay considera que los avances son insuficientes. “Como Gobierno distrital y como ciudadanos sentimos que hay poca voluntad política del Gobierno nacional para definir con claridad cuándo empezará a materializarse el proyecto. Queremos fechas concretas”, insistió en diálogo con Semana.
En el horizonte, los expertos calculan que, si todo marcha sin nuevos tropiezos, el aeropuerto podría entrar en operación hacia 2034. Su diseño contempla una terminal de 103.630 metros cuadrados —cuatro veces más grande que la actual— y una pista de 3,1 kilómetros capaz de recibir vuelos transoceánicos. Una apuesta que, de concretarse, ampliaría la conectividad de Cartagena con el resto del continente y fortalecería su papel como destino turístico global.

Pero mientras el proyecto se atasca entre evaluaciones y postergaciones, el alcalde teme que el Gobierno esté apostando por otra ruta: la remodelación del antiguo aeropuerto Rafael Núñez, inaugurado hace 78 años en pleno barrio Crespo. “Vemos que, aparentemente, existe una mayor voluntad para ampliar de forma inconveniente el aeropuerto Rafael Núñez, en el corazón de la ciudad, en una zona residencial y dentro del perímetro urbano, lo que en otras capitales sería un despropósito”, criticó Turbay.
Esa postura encuentra eco entre los habitantes de Crespo, quienes manifestaron su rechazo a las obras de ampliación. En un oficio enviado a la Alcaldía y firmado por líderes sociales, vecinos y expertos, argumentan que la modernización del aeropuerto actual “obedece a una pobre planeación de las actividades que tienen que ver con la socialización adecuada del proyecto; el olvido sistemático de los derechos de los residentes y la poca gestión para lograr soluciones a través de las instancias del Gobierno central”.
Las comunidades también denunciaron presuntas afectaciones a taxistas, maleteros y comerciantes tradicionales del sector, además de irregularidades en la instalación de surtidores de combustible en zonas residenciales. Según el alcalde, “el proyecto está frenado actualmente por una pésima gestión predial. La comunidad manifiesta que se encuentra afectada porque siente que la quieren sacar de sus hogares por un valor injusto de sus propiedades. Han tenido dificultades para obtener la modificación de la licencia ambiental y sin ello no pueden adelantar muchas de las obras que tienen previstas para la ampliación”.

Frente a este panorama, Turbay no oculta su frustración. “Cartagena necesita un aeropuerto acorde con sus necesidades: moderno, amplio y a la altura de las condiciones de la ciudad. Que no se adelante el proyecto sería grave, porque nos deja anclados a una infraestructura insuficiente e inconveniente”, advirtió.
Desde la ANI, en cambio, aseguran que el proceso avanza según los tiempos legales y que no existe intención de frenar el proyecto. En un documento revelado por Semana, la entidad explica que el trámite se encuentra en la etapa de evaluación de los componentes técnicos, jurídicos, financieros y de riesgo, y que una vez finalice, se deberán adelantar gestiones ante el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Conpes y la Aerocivil. Solo tras superar esas instancias el nuevo aeropuerto podrá recibir luz verde definitiva.
Mientras tanto, en la Heroica, la impaciencia crece. Los empresarios del turismo, los gremios y buena parte de la ciudadanía coinciden con su alcalde en que Cartagena no puede seguir dependiendo de una terminal que ya no da abasto. El sueño del nuevo aeropuerto sigue en el aire, suspendido entre la esperanza y la burocracia, como una promesa que aún no logra despegar.
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