La reanudación de la investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 marca un nuevo capítulo en el escrutinio institucional sobre el jefe de Estado
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió levantar la suspensión que pesaba sobre el proceso, tras resolver las recusaciones que habían paralizado el expediente durante los últimos cinco meses.
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Esta medida reactiva la recopilación de pruebas y testimonios, con el objetivo de avanzar hacia una resolución en los próximos meses.
El proceso, que había permanecido inactivo debido a la falta de resolución de las recusaciones presentadas contra los investigadores, acumula ya 18 meses de suspensión por este motivo, según confirmó Alirio Uribe, coordinador del triunvirato encargado de la investigación, a Cambio.
La sesión del 17 de septiembre resultó determinante, ya que permitió discutir y rechazar por mayoría todas las recusaciones pendientes, incluidas las dirigidas contra Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, ambos responsables de indagar las denuncias sobre la campaña presidencial.
El auto emitido por la comisión el 24 de septiembre estableció: “Las recusaciones fueron rechazadas por mayorías dada su carencia de motivación y sustento para encajar en las causales de las que trata el artículo 99 de la Ley 600 de 2000. Por virtud de lo anterior y dado que no pesa en la actualidad incidente procesal alguno sobre el expediente, se levantará formalmente la suspensión de términos para dar continuidad y cierre a las diligencias investigativas que restan”.
Con la reactivación, la comisión reiteró la solicitud a Caracol Televisión para que remita todas las facturas emitidas en relación con la campaña “Gustavo Petro Urrego 2022-2026”, así como cualquier otro servicio prestado a la candidatura.
Esta documentación resulta clave, ya que, según reveló Daniel Coronell, una factura podría evidenciar que la campaña superó los topes máximos de gastos en la primera vuelta electoral.
Además, se requirió al cuerpo técnico de investigación adscrito a la comisión un informe detallado que incluya declaraciones de renta, estados financieros y reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), así como cualquier otro documento vinculado a personas señaladas en el caso: Nicolás Petro Burgos (hijo del presidente), Euclides Torres (empresario mencionado como financiador), Máximo Noriega (integrante de la campaña en Atlántico), Christian Daes Abuchaibe (empresario barranquillero vinculado a la financiación de comunicaciones) y Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude (también señalado como aportante de recursos).
La comisión también solicitó información adicional sobre un informe que detalla los gastos aéreos realizados durante la campaña, sin precisar si corresponden a vuelos de la consulta interna o de las dos vueltas electorales.
Este aspecto adquiere relevancia tras la observación de la Corte, que detectó la inclusión de facturas de la disputa interna como gastos de la campaña al Senado.
Entre las nuevas diligencias ordenadas figura la citación a Antonio Peñaloza Núñez, que ejercía como secretario general del Polo Democrático Alternativo durante la campaña, partido integrante del Pacto Histórico.
También se requirió la comparecencia del representante legal de Ingenia Media S.A.S., empresa de consultoría mencionada en las investigaciones sobre la financiación de la campaña de Petro.
El plan de pruebas incluye inspecciones a los procesos en curso en la Fiscalía contra Ricardo Roa (gerente de la campaña en 2022) y Nicolás Petro Burgos, así como la revisión del expediente que reposa en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Además, el triunvirato investigador reconoció formalmente al nuevo apoderado del presidente en este caso, el abogado Pedro Alejandro Carranza.
Según los investigadores, la intención es proyectar una decisión final en noviembre y someterla a consideración del pleno de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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