Montería atraviesa un episodio de violencia que ha generado alarma entre sus habitantes. Una mujer identificada como Ana Karina Bracho Galue, de 26 años y nacionalidad venezolana, fue capturada por la Policía Nacional tras ser señalada de agredir brutalmente a su amiga durante una discusión en el interior de una vivienda.
El incidente dejó a la víctima con graves lesiones, por lo que permanece hospitalizada mientras las autoridades adelantan el proceso judicial.
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El altercado se originó por un malentendido entre las dos mujeres, quienes mantenían una relación de amistad. La discusión escaló hasta convertirse en una confrontación física.
Durante la riña, Bracho Galue utilizó sus dientes para morder el rostro de la otra mujer, arrancando parte de la piel de una mejilla y causándole además lesiones en un brazo. La violencia del ataque ha causado consternación en la comunidad, que repudia la crudeza de los hechos.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas. El estado de salud de la mujer ha sido motivo de preocupación, ya que las lesiones en el rostro y el brazo han requerido atención especializada y su evolución es seguida de cerca por el personal sanitario.
Por su parte, Ana Karina Bracho Galue fue detenida por la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial y puesta a disposición de la Fiscalía, que ha iniciado una investigación formal por el delito de lesiones personales.
El proceso judicial se encuentra en curso, mientras las autoridades recopilan pruebas y testimonios para esclarecer los detalles del caso y determinar las responsabilidades penales.
La conversación pública se ha centrado en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción para este tipo de delitos, así como en el acompañamiento a las víctimas.
En el ámbito legal, el caso se desarrolla en lo dispuesto por el Código Penal colombiano, específicamente en la Ley 599 de 2000, que define las lesiones personales como cualquier daño físico o mental causado a otra persona, ya sea de manera intencional o por descuido.
La normativa contempla agravantes y penas más severas cuando las secuelas incluyen incapacidades permanentes o deformidades. Las autoridades han recordado que las víctimas de agresiones deben acudir a la Fiscalía y a Medicina Legal, donde se realizan valoraciones fundamentales para el avance de los procesos judiciales y la determinación de las sanciones.
El episodio ha dejado una huella profunda en Montería, donde la comunidad sigue impactada por la gravedad de un conflicto entre conocidas que terminó con consecuencias severas para una de ellas.
Dos de cada diez personas mueren por casos de intolerancia
La intolerancia en Colombia representa una crisis latente que afecta la calidad del tejido social e impacta directamente en las tasas de violencia interpersonal. Según datos del Ministerio de Defensa, en 2025 dos de cada diez homicidios en todo el país ocurrieron en medio de riñas originadas por reacciones desproporcionadas ante pequeñas ofensas, chismes o “miradas provocadoras”.
En 2024, más de 1.800 personas fallecieron por ataques sujetos a intolerancia social —disputas entre conocidos o extraños que escalaron con armas blancas o manos limpias. La proporción no ha cambiado significativamente desde al menos 2021, cuando el 57 % de los homicidios fue atribuido a casos de intolerancia y riñas.
Este fenómeno encuentra raíces tanto emocionales como estructurales. En el plano digital y político, la Misión de Observación Electoral mostró que al menos el 18 % del total de mensajes durante procesos electorales contiene alto grado de agresividad, intolerancia o discurso polarizador; esta polarización también alimenta una permisividad social hacia el ataque verbal que puede traducirse en violencia física.
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