El proceso judicial contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hoy prófugo de la justicia, sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de admitir el estudio de una tutela interpuesta por el exfuncionario.
González, vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), alega que la orden de captura internacional en su contra vulnera sus derechos fundamentales.
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La acción de tutela, identificada con el número de primera instancia 149303 y radicada en Bogotá el 1 de octubre de 2025, fue promovida contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
En su solicitud, González pidió que se revisara la orden de detención emitida en su contra, la cual dio lugar a una circular roja de Interpol el pasado 22 de septiembre. Según el exdirector del Dapre, dicha medida afecta de manera directa sus garantías constitucionales.
La Corte Suprema dispuso la vinculación de todas las autoridades y partes intervinientes en el proceso penal ordenando que las notificaciones se hagan por vía electrónica y que los vinculados tengan oportunidad de pronunciarse dentro de los plazos legales.
No obstante, en el desarrollo de esta misma tutela, el exfuncionario solicitó como medida provisional la suspensión de los efectos de la circular roja de Interpol, petición que fue rechazada por el alto tribunal.
El magistrado Gerardo Barbosa, encargado del despacho, argumentó que la solicitud era improcedente porque, además de implicar un pronunciamiento anticipado de fondo, González no acreditó las condiciones de urgencia, gravedad, inminencia e impostergabilidad que justificarían la medida.
“Además de que implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no probó la urgencia, gravedad, inminencia y la impostergabilidad que viabilizan su procedencia”, precisó el magistrado Barbosa en su decisión.
La situación judicial de González se complica aún más por los reportes que indican que se encuentra en Nicaragua, país que le habría otorgado asilo político, lo que dificulta la acción de las autoridades colombianas para materializar la captura. La circular roja de Interpol, sin embargo, mantiene activa la alerta internacional para su detención.
El escándalo de la Ungrd, considerado el mayor caso de corrupción que enfrenta el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha derivado también en cuestionamientos a la gestión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
La congresista María Eugenia Lopera, integrante del Partido Liberal y cercana al Ejecutivo, presentó una solicitud formal a la fiscal para que entregue un informe exhaustivo sobre su actuación en el caso. Según explicó la parlamentaria al medio Semana, la información deberá ser entregada en un plazo de 15 días hábiles y servirá como prueba dentro del proceso.
La solicitud de Lopera está enmarcada en el expediente 7049, originado en una denuncia presentada por Pablo Bustos, miembro de la Red de Veedurías de Colombia Veedores sin Fronteras.
En ella, Bustos acusa a la fiscal Camargo de presunto abuso de la función pública y favorecimiento. Según el denunciante, la jefa del ente acusador, ternada en su momento por el presidente Petro, habría permitido omisiones y demoras en la emisión de la orden de captura contra González, lo que habría facilitado su huida hacia Nicaragua.
De acuerdo con Bustos, la falta de diligencia de la Fiscalía también habría permitido la fuga de César Manrique, exdirector de Función Pública y otro de los implicados en la trama de corrupción. Tanto González como Manrique cuentan actualmente con circular roja de Interpol, lo que refleja la gravedad de las acusaciones en su contra.
El medio citado confirmó que el 10 de junio de 2025, González se presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua para solicitar asilo político. Posteriormente, el 20 de agosto del mismo año, el presidente Daniel Ortega le concedió la protección, a pesar de las acusaciones en Colombia.
En la documentación oficial, González argumentó que su trayectoria como líder de izquierda y revolucionario, su papel en la formación del actual gobierno y su cercanía con Gustavo Petro eran motivos suficientes para alegar persecución política, judicial y mediática impulsada —según él— por la extrema derecha colombiana.
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