Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Un preacuerdo alcanzado en la cárcel de La Picota marca un paso inédito en la búsqueda de la pacificación entre los grupos criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, responsables en los últimos años de episodios de violencia tanto dentro de centros penitenciarios como en la región Caribe, y en específico la capital del Atlántico y su área metropolitana: Barranquilla.

Así lo informó el jueves 2 de octubre de 2025 la emisora W Radio, luego de que se precisaron los detalles de la cumbre sostenida en el penal entre los líderes de ambos bandos, Jorge Eliecer Díaz Collazos, más conocidos con el alias de Castor (Los Costeños); y “Digno Palomino” (Los Pepes), como se refieren a Digno José Palomino Rodríguez, que también tiene los remoquetes de “el Viejo” y “Sebastián”.

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En el papel, lo que se mencionó fue que los resultados fueron buenos y dejaron acciones en concretos para avanzar hacia el desarme y la desarticulación de estas organizaciones.

Durante el encuentro, los cabecillas de los dos grupos, acompañados de sus defensores legales y observados por representantes estatales y organizaciones de derechos humanos, suscribieron varios compromisos encaminados a desactivar las estructuras criminales y reducir los delitos asociados al control carcelario.

De acuerdo con lo relatado por el director de la emisora, Julio Sánchez Cristo “hay un preacuerdo para cesar actividades ilícitas y desarmar estructuras”.

El documento de entendimiento contempla puntos como:

• Desarme progresivo de las organizaciones.
• La prohibición de la vinculación de menores de edad en actividades criminales o dentro de las estructuras.
• La transformación de economías ilegales hacia actividades lícitas y sostenibles.
• La implementación de proyectos de resocialización en los centros penitenciarios.

Las autoridades y las organizaciones garantes del proceso vigilarán el cumplimiento de los acuerdos, en un intento por reducir la violencia que se origina y se replica desde las cárceles colombianas.

El acuerdo constituye una hoja de ruta en desarrollo, luego de que el día anterior el mismo medio anunció el encuentro (miércoles 1 de octubre), catalogada como histórico por observadores penitenciarios y que resalta la importancia de un primer acuerdo para erradicar la instrumentalización de menores y la reproducción de economías ilegales en centros de reclusión.

El proceso, vigilado de cerca por el Estado y la sociedad civil, representa un nuevo intento por pacificar los penales y frenar la violencia que trasciende los muros de las prisiones hacia las calles del país.

El líder de Los Costeños, Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor, solicitó el traslado desde la cárcel de Cómbita a otro centro de reclusión en Colombia, como paso previo para iniciar acciones de paz y contribuir al desarme del grupo en Barranquilla y el departamento del Atlántico.

La petición se reveló el 1 de octubre y se mencionó como parte de los acercamientos entre el Gobierno y las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes, que han precedido reuniones exploratorias de alto nivel.

Camilo Pineda, delegado del Gobierno en el proceso de diálogo con los bandos en conflicto, confirmó en entrevista con W Radio que las solicitudes responden a estrategias para avanzar hacia una desescalada, aunque señaló que “el proceso se está desarrollando en el marco legal vigente. Hoy no hay una ley, como la que está en estudio en el Congreso de la República que, que nos permita, digamos, tener algunas consideraciones más amplias en el marco de un eventual proceso de negociación, porque hoy estamos en unos diálogos exploratorios”.

Pineda informó que, entre las peticiones discutidas por Los Costeños, sobresale la de trasladar a alias Castor a otro penal, donde, según la organización, podría ejercer mayor control y facilitar gestos de paz tangibles.

“Una de las cosas de las que se ha hablado ha sido un eventual traslado de él de Cómbita a otro centro de reclusión en el país, en donde le permita tener, de alguna manera más control para él realizar algunas acciones que puedan contribuir a la paz en Barranquilla y en el departamento del Atlántico”, puntualizó Pineda.

La administración local no ha abierto de manera formal un canal de diálogo sociojurídico con las estructuras, y cualquier decisión dependerá, según el funcionario, de la verificación de compromisos fundamentales, como la reducción real de la violencia a la que Los Costeños se comprometieron hace un mes atrás.

En paralelo, alias Castor solicitó oficialmente ser reconocido como gestor de paz, lo que otorgaría competencias para participar en procesos de acercamiento y acuerdos humanitarios entre el Estado colombiano y organizaciones al margen de la ley.

La Oficina del Alto Comisionado de Paz explicó el 15 de abril de 2025 que este tipo de nombramiento queda exclusivamente a valoración del presidente de la República.

“No existe un derecho subjetivo adquirible para acceder a la calidad de gestor de paz, sino que su designación depende de una valoración exclusiva del presidente de la República”, consignó la entidad en su respuesta en una misiva, citada por Caracol Radio.

El papel de los gestores de paz implica facilitar negociaciones humanitarias, promover el Derecho Internacional Humanitario y diseñar procesos de acercamiento.

Díaz Collazos ya había solicitado formalmente en marzo su inclusión en esta figura, argumentando la disminución de actividades ilícitas de Los Costeños y manifestando voluntad de acogerse a la iniciativa de Paz Total.

Las autoridades evalúan estos mecanismos como parte de una estrategia más amplia para reducir la violencia y consolidar avances en la política de paz nacional.