La Contraloría General de la República identificó 39 hallazgos fiscales en las Cámaras de Comercio de Colombia, con un impacto económico superior a $5.157 millones. Las irregularidades, detectadas en auditorías hechas durante los últimos tres años, pusieron en discusión el uso de los recursos públicos en instituciones clave para el desarrollo empresarial del país.
Al respecto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, destacó la importancia de la confianza ciudadana en la gestión pública y afirmó, desde el Congreso Confecámaras 2025, que “cuando lo público se administra mal, no se trata solo de un error administrativo: una obra mal planeada o una obra mal ejecutada, significa un hospital que no abre, un colegio vacío, una familia que sigue esperando un techo digno, comunidades sin agua potable, energía, conectividad e incluso el aumento de la informalidad económica en las ciudades y el campo”.
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El balance de la Contraloría muestra que, de las 58 Cámaras de Comercio existentes, 49 fueron auditadas, lo que representa una cobertura del 84%. Además de los hallazgos fiscales, se reportaron beneficios de auditoría por $769 millones.
El informe señala que las cámaras administran cada año cerca de $1,2 billones en recursos públicos, de los cuales el 58% se concentra en las entidades de:
- Bogotá: 35%.
- Medellín: 13%.
- Cali: 6%.
- Barranquilla: 4%.
A su vez, el 42% restante se distribuye entre las otras 54 cámaras, muchas de las cuales presentan debilidades en su estructura financiera y dificultades para fortalecer el tejido empresarial en sus regiones.
Problemas más destacados
Entre los principales problemas detectados figuran:
- Uso de recursos públicos para la adquisición de edificaciones sin la debida anotación en el registro de instrumentos públicos.
- Mantenimiento de inmuebles o el pago de impuestos prediales en bienes de propiedad privada.
- Destinación de fondos públicos a actividades ajenas a las funciones asignadas legalmente a las cámaras de comercio.
De acuerdo con la Contraloría, dichas prácticas generaron inquietud sobre la transparencia y la eficiencia en la administración de fondos que, por su naturaleza, deben beneficiar a la comunidad empresarial y a la sociedad en general.
Distribución desigual de los recursos
La distribución desigual de los recursos públicos entre las cámaras más grandes y las de menor tamaño evidenciaron la fragilidad financiera de muchas de estas instituciones. “La situación dificulta la consolidación de un entorno empresarial sólido en varias regiones del país y limita el alcance de los servicios que las cámaras deben prestar a sus afiliados y a la ciudadanía”, informó la entidad.
Defensa de los informes de la Contraloría
Carlos Hernán Rodríguez resaltó la naturaleza técnica y neutral de los informes de la Contraloría al rechazar cualquier intento de manipulación política de los resultados.
“Los informes de la Contraloría son netamente técnicos y no se puede caer en el juego de utilizar una parte de las cifras para conveniencias particulares, los informes hay que analizarlos en su totalidad y no politizarlos e instrumentalizarlos. Puedo decir con total firmeza que la Contraloría General de la República basa sus informes y advertencias en hechos y datos construidos técnicamente y que en ningún momento hace parte de la polarización que se presenta en el país”, afirmó Rodríguez.
Más de 3,6 billones recuperados
Las acciones de control fiscal permitieron la recuperación de recursos y la generación de beneficios tangibles para la comunidad. Desde el segundo semestre de 2022, se recuperaron más de $3,6 billones por medio de procesos de responsabilidad fiscal, cobro coactivo y resarcimiento del daño, recursos que fueron transferidos al Tesoro Nacional.
Además, estrategias como “Salvando Obras” y seguimientos especiales facilitaron la materialización de proyectos en hospitales, colegios, acueductos, saneamiento básico, conectividad y vías, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de vida en distintas regiones.
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