Gobierno Petro tiene en sus manos una nueva solución para evitar escasez de gas y que el precio del servicio no suba

El riesgo de un déficit de gas en Colombia a partir de 2026 encendió las alarmas en el sector energético y entre los usuarios residenciales e industriales. Es más, el presidente de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), Jorge Henao, advirtió que el país podría enfrentar una crisis de abastecimiento que afectaría a millones de personas y pondría en jaque la competitividad de la industria nacional.

Ante este panorama, TGI presentó una propuesta inmediata para evitar el desabastecimiento, centrada en el uso del Complejo Ballena y la importación de gas natural licuado mediante una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU).

Como se recordará, Colombia abastece en la actualidad a 36 millones de personas con gas natural, con lo que cubre el 85% de los hogares de estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, el país enfrenta una caída acelerada en la producción de los campos del Piedemonte, como Cusiana, Cupiagua, Floreña y Pauto, que disminuyen entre 15% y 18% cada año.

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Las cifras del gestor del mercado indican que el déficit alcanzará 117 millones de pies cúbicos diarios en octubre de 2026, lo que representa el 16% de la demanda nacional. Para 2027, el faltante crecería a 224 millones (37%) y en 2028 llegaría a 260 millones (43%).

Henao resaltó la gravedad de la situación: “El gas no es solo un hidrocarburo, es un servicio público esencial. Su masificación en los últimos 40 años transformó la calidad de vida de las familias colombianas y debemos garantizar su continuidad”. El directivo advirtió que, debido a la prioridad del consumo residencial, la industria sería la más afectada por el déficit. “Estamos hablando de más de 3.500 industrias en el interior del país, que generan 340.000 empleos directos en sectores como cemento, cerámicas, alimentos, acero, químicos y textiles. Si no actuamos, el gas faltante se traducirá en pérdida de producción, competitividad y empleo”, enfatizó.

Y es que el impacto económico no se limita a la producción. El precio del gas importado ya supera los USD16,1 por millón de BTU, muy por encima de los valores internacionales. Henao comparó la situación con Perú, donde el gas natural licuado se exporta a USD6,5 por millón de BTU gracias a la infraestructura de Camisea.

Al respecto, explicó que “El gas importado debería estar llegando a Colombia a un máximo de 10 dólares por millón de BTU. Cifras superiores no generan valor y ponen en riesgo la competitividad industrial. Además, cambiar de combustible no es una opción rápida ni barata, y alternativas como el carbón son incompatibles con los compromisos de descarbonización”.

Frente a este escenario, la propuesta de TGI se presenta como la única alternativa viable en el corto plazo. La solución consiste en aprovechar la infraestructura existente del Complejo Ballena, en La Guajira, construida hace más de 30 años, para recibir y transportar gas hacia el interior del país.

Sobre esto, el directivo aseguró que “Ballena existe, funciona y tiene la capacidad de convertirse en el punto de regasificación que Colombia necesita. Tenemos hoy capacidad para transportar 860 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales solo usamos 480. Es un margen suficiente para suplir el déficit, pero hay que tomar decisiones rápidas”.

El eje de la propuesta es la utilización de una FSRU, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, de las que existen solo 53 en el mundo. TGI ya cuenta con la garantía de disponer de una FSRU en exclusiva para Colombia, suministrada por una empresa noruega, que estaría disponible en la primera mitad del año. El gas importado llegaría en estado líquido y, tras su regasificación en la FSRU, se integraría al sistema nacional a través del Complejo Ballena.

“No hay otra manera de tener gas para 2027”, sentenció Henao. Asimismo, el gas importado mediante la FSRU se conectaría a un gasoducto subterráneo y llegaría al Sistema Nacional de Transporte, lo que permitirá el ingreso de hasta 300 millones de pies cúbicos diarios.

Henao explicó que se tiene una FSRU en exclusiva, una reserva de una embarcación que permite entregar gas a partir de enero de 2027, y esa es la única manera de suplir dentro de dos años. El sistema Ballena–Barranca, un gasoducto de 580 kilómetros de longitud, cuenta con 95.000 caballos de potencia y todos sus compresores y motores operativos, lo que permite una solución inmediata.

“Quiere decir que esto es inmediato, aquí no hay que esperar nada más, hay facilidades en tierra que se necesiten construir y permite entregar una solución de manera inmediata”, agregó el presidente de TGI.

La viabilidad de la propuesta depende de la colaboración de actores clave. Se requiere la aprobación de Ecopetrol y la participación de Hocol, filial de la petrolera estatal, que opera el Complejo Ballena. Además, TGI desarrolla pruebas con Promigas para maximizar el transporte de gas y cubrir el déficit de los primeros meses de 2027. Jorge Henao indicó que, aunque se podrían mover hasta 100 millones de pies cúbicos adicionales, aún faltarían volúmenes para abastecer plenamente el interior del país.

En cuanto a la estructura financiera, TGI invertirá USD150 millones en el proyecto, una cifra que, según Henao, “nos permite dar tranquilidad que podemos hacer el proyecto, pero al mismo tiempo, es una solución que permite un beneficio y esa solución debe ser tangible al usuario final, al que le llega la factura y al que le llega el recurso de manera permanente”.

La estrategia contempla contratos a largo plazo, de al menos siete u ocho años, para asegurar precios estables y competitivos. “Entender que tenemos que contratar a mínimo siete u ocho años, seguramente a 10 años para asegurar que esto es factible”, precisó el directivo.

Con estos contratos, el gas licuado entregado en Ballena costaría USD 10 por millón de BTU, y en una licitación pública, el precio podría ser aún menor. El beneficio para el usuario final se traduciría en una reducción del 21% al 23% en la factura, según estimaciones de TGI.

El ministro de Minas, Edwin Palma, reconoció la urgencia de la situación y expresó el interés del Gobierno en avanzar con la alternativa propuesta por TGI, siempre que Ecopetrol manifieste voluntad política para facilitar la operación. Otras opciones, como nuevos pozos o la importación desde Venezuela, no estarían listas antes de 2031, lo que refuerza la necesidad de una solución inmediata.