Ejes del nuevo proyecto de ley minera que radicó el Gobierno: carbón, impuestos y control estatal

El Gobierno presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que busca transformar el marco legal de la minería en el país mediante una serie de ejes estructurales enfocados en la soberanía estatal, la protección ambiental, la justicia social y la transición energética.

La propuesta redefine la gestión de los minerales y coloca en el centro temas como la propiedad de los recursos, la inclusión social, el desarrollo productivo y la protección de los territorios.

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Uno de los principales ejes del proyecto es la recuperación de la soberanía estatal sobre los minerales, declarando la propiedad exclusiva e inalienable de estos recursos por parte del Estado. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el propósito es “proteger a los trabajadores y trabajadoras reivindicando el trabajo de la minería tradicional y ancestral distinto al extractivismo que ha habido en el país”.

Esta directriz apunta a consolidar un marco jurídico donde la gestión y el beneficio de los minerales respondan al interés general.

La ley introduce como eje la planificación territorial y ambiental mediante la creación de Zonas Aptas para la Minería (ZAM) y Zonas Excluidas de la Minería (ZEM). El objetivo es delimitar de manera precisa los lugares donde se puede o no puede desarrollarse actividad minera. Entre las áreas excluidas se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y los territorios indígenas o étnicos en aislamiento voluntario.

Donde ya existan actividades extractivas en zonas que pasarán a ser excluidas, el Gobierno deberá llevar adelante procesos de reconversión productiva y laboral.

La viceministra de Minas, Sorrel Aroca, señaló que este ordenamiento diversifica los usos del suelo y reconoce la importancia de la agricultura, subrayando la “prevalencia al derecho sagrado al agua” como principio fundamental en el proyecto.

El texto prohíbe el empleo de sustancias tóxicas como el mercurio y fomenta el cierre progresivo de minas a cielo abierto que representen riesgos sociales y ambientales. Estas iniciativas buscan reducir el impacto negativo de la minería en el medio ambiente y la salud pública.

El proyecto contempla la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, otorgando apoyo técnico, financiero y jurídico. El canon superficiario, que representa el “arriendo” del suelo, se mantiene pero se vuelve progresivo: cuanto mayor tiempo y superficie abarque un contrato, más costoso resulta. La minería artesanal y étnica queda exonerada de este pago y se establecen mecanismos para perdonar deudas pendientes.

Entre los ejes de inclusión, el artículo 220 crea una línea especial de crédito en el Fondo de Fomento Minero para proyectos liderados por mujeres de comunidades negras, afro, raizales y palenqueras. La propuesta exige la contratación prioritaria de mano de obra regional y abre oportunidades para las Mipymes, reforzando la apuesta por la economía local.

El corazón de la reforma tributaria minera está en la figura de la “contraprestación adicional”, un pago trimestral sobre el valor total de la producción, independiente de las regalías habituales. Este mecanismo será ajustable de acuerdo con los precios internacionales de los minerales, permitiendo al Estado captar mayores ingresos en tiempos de bonanza.

Se añade la obligación de monitoreo en tiempo real y declaración obligatoria de lo extraído. Se establecen garantías financieras para cubrir hasta el cierre de las minas y la obligación de que la información técnica de los proyectos revierta al Estado al culminar cada operación.

El proyecto prohíbe la celebración de nuevos contratos para la explotación de carbón térmico, alineándose con la meta de salir de uno de los combustibles fósiles más contaminantes. El énfasis se desplaza hacia minerales estratégicos como el cobre y el coltán, considerados clave para la transición energética. La prohibición no afectará los contratos mineros existentes.

Consultores y expertos han indicado que, aunque el país tiene clarificado el listado de minerales estratégicos, aún no existen datos definitivos sobre su ubicación y potencial de explotación, lo que representa un reto para el nuevo modelo.

La regulación ambiental también se transforma, exigiendo la licencia ambiental desde la fase exploratoria de los proyectos mineros. Además, una vez concluidos los estudios de exploración, las empresas deberán solicitar una modificación de la licencia para poder extraer minerales, presentando un plan de cierre detallado. Esta medida busca garantizar que las empresas cumplan con todas sus obligaciones ambientales, sociales y económicas durante el ciclo completo del proyecto.

La radicación del proyecto ocurre en medio de tensiones políticas y con una agenda legislativa cargada. Mientras avanzan las discusiones sobre el futuro del carbón y el agua, así como el presupuesto nacional, el Congreso de la República podría modificar el texto durante su trámite, en función de las presiones políticas y del debate social.