Armando Benedetti arremetió contra Estados Unidos por la baja calificación en lucha contra la trata de personas: “Mal para todo”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó el reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que redujo a Colombia del Nivel 1 al Nivel 2 en la clasificación mundial contra la trata de personas.

Durante la II Cumbre Internacional de Acción contra la Trata, el funcionario defendió las acciones adelantadas por el Gobierno en materia de prevención, protección y cooperación internacional, al tiempo que vinculó la decisión con tensiones diplomáticas recientes entre los dos países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte estadounidense argumentó que el país no cumplió con los estándares mínimos en la materia. El documento señaló falencias en los servicios de atención a víctimas, así como una disminución en el número de procesos judiciales y en la financiación de programas especializados.

“No compartimos para absolutamente nada la calificación baja y mala que nos dio EE. UU. el martes en la última semana. Tendremos que acostumbrarnos porque me imagino que debido a las relaciones Trump-Petro, estaremos calificados mal para absolutamente todo”, manifestó Benedetti, quien también dijo que está a la espera de conocer cuántas evaluaciones internacionales restan por presentarse este año.

El jefe de la cartera política agregó que en el país se han registrado resultados concretos. “Los hechos respaldan nuestro compromiso. No hablamos de promesas, hablamos de resultados. Gracias a la articulación con la fuerza pública, la Fiscalía y la cooperación internacional hemos desmantelado redes y rescatado vidas”, afirmó.

En su intervención, Benedetti subrayó que la trata constituye crimen organizado y violencia estructural. “La trata no es un delito menor, es crimen organizado, es violencia estructural y es la negación absoluta de la libertad. Por eso, nuestra respuesta se fundamenta en prevención, protección, sanción y cooperación internacional”, expresó.

De acuerdo con cifras oficiales presentadas durante la Cumbre, en lo corrido de 2025 en Colombia ha recibido 187 denuncias, ha realizado 60 capturas y ha adelantado rescates de víctimas en Perú, Bélgica, Grecia y Brasil. Asimismo, se han desarrollado 38 investigaciones conjuntas con 19 países y se gestionaron 69 repatriaciones, en su mayoría mujeres víctimas de explotación.

El ministro resaltó la importancia de los Comités Territoriales contra la Trata como instancias clave para acercar las acciones estatales a las comunidades. “No basta con leyes escritas, necesitamos que cada territorio cuente con equipos capacitados, recursos y respuestas inmediatas a las víctimas”, dijo.

En un mensaje directo a las redes criminales, Benedetti declaró: “Que lo escuchen quienes lucran con la dignidad humana. Ustedes no tendrán lugar en nuestras comunidades, no mancharán el nombre de nuestro turismo y no robarán el futuro de nuestras niñas y niños”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó en su informe que, aunque Colombia mostró esfuerzos en la investigación y judicialización de casos, estos “no fueron serios ni sostenidos en comparación con el período del informe anterior”. Además, advirtió que “los servicios para las víctimas fueron inadecuados” y que la atención de emergencia no resolvió necesidades de cuidado a largo plazo.

El reporte destacó que en mayo de 2024 el Gobierno colombiano finalizó un contrato con una ONG que brindaba asistencia a víctimas adultas, lo que dejó a un alto porcentaje de ellas —entre el 85% y el 95%— sin acceso a albergues de emergencia ni a servicios de atención adecuados.

También se indicó que la administración inició un menor número de procesos judiciales, identificó a menos víctimas y redujo la financiación de iniciativas contra la trata. Según el documento, la falta de un protocolo nacional contribuyó a la subdenuncia sistemática de casos.

Aunque la clasificación en Nivel 2 no implica sanciones automáticas, sí representa un llamado de atención diplomático y podría traducirse en restricciones de cooperación o en un mayor escrutinio internacional. La última vez que Colombia estuvo en esta categoría fue en 2014, y dos años más tarde logró ascender nuevamente gracias a avances en condenas y protección de víctimas.