El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer de manera inmediata las medidas de seguridad asignadas al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, consistentes en cuatro hombres de protección y un chaleco blindado.
La decisión se tomó tras la acción de tutela interpuesta por el también abogado, quien argumentó que la reducción de su esquema vulneraba sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal y familiar.
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La decisión judicial se sustentó en la suspensión provisional de la Resolución 5711 del 26 de julio de 2023, mediante la cual se habían modificado las condiciones de seguridad del aspirante, y en el restablecimiento de lo dispuesto en la Resolución 515 del 1 de febrero de 2022. El proceso fue remitido al despacho por el Consejo de Estado y asignado por reparto el 1 de octubre de 2025.
Acción de tutela y argumentos de riesgo
En el expediente, el precandidato presidencial expuso que la modificación de su esquema de protección lo deja en una situación de vulnerabilidad frente a amenazas verificadas en su contra. La tutela señalaba una “inminente violación” de los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal y familiar del accionante.
De la Espriella aseguró en declaraciones públicas que “he recibido información muy confiable sobre el precio que le han puesto a mi cabeza, a la del presidente Uribe y a la de otros opositores. Ocho millones de dólares por vernos muertos”, en alusión a supuestas recompensas ofrecidas por grupos criminales.
El abogado también manifestó que su esquema fue debilitado por órdenes del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. “No me asustan. Seguiré en la lucha de frente. Esta semana el narcotraficante Diosdado Cabello se refirió a mí como su enemigo y el de su cómplice Petro. Sí, señor. He venido a combatirlos con las armas de la democracia”, expresó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
El 9 de junio de 2025, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, informó a la Fiscalía sobre ofrecimientos de dinero para atentar contra la vida de varios precandidatos presidenciales, entre ellos De la Espriella, citando como antecedente el ataque en contra de Miguel Uribe Turbay.
Posición de la Unidad Nacional de Protección
El 25 de septiembre, la Unidad Nacional de Protección se pronunció mediante un comunicado sobre las denuncias del abogado y precandidato. La entidad rechazó las afirmaciones y sostuvo que “en ningún momento dicho esquema ha sido reducido ni modificado”, precisando que se mantiene intacto y aprobado por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).
La UNP agregó que es “falso que el presidente de la República haya impartido alguna directriz sobre el caso, con el fin de debilitar el equipo de protección del que goza el abogado”. En el texto oficial, el organismo señaló que la seguridad de los candidatos está garantizada dentro del marco legal y los mecanismos técnicos correspondientes.
La institución también advirtió que las afirmaciones de De la Espriella podrían afectar tanto al presidente como a la propia entidad. “Rechazamos enfáticamente las afirmaciones con las que se pretende poner en duda la actuación de las entidades incidentes al jefe de Estado o a la UNP, pues dichas manifestaciones no corresponden a la realidad y atentan contra la institucionalidad”, subrayó la comunicación.
Sin embargo, el Juzgado 58 Administrativo decretó la medida provisional solicitada por el accionante y ordenó a la Unidad Nacional de Protección reestablecer su esquema de seguridad original. La decisión señala que este restablecimiento no impide que en el desarrollo del proceso puedan adoptarse determinaciones diferentes al resolver de fondo la controversia.
El fallo dispone, en consecuencia, la notificación inmediata a las partes y la suspensión de cualquier resolución que haya modificado las medidas de seguridad del precandidato.
Abelardo de la Espriella celebra fallo que protege su seguridad
El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras la decisión judicial que ordena restablecer su esquema de seguridad. En un mensaje difundido en su cuenta de X, afirmó: “La justicia me da la razón y ordena a la UNP restablecer mi esquema de seguridad, pese a que habían negado haberlo reducido”.
De la Espriella resaltó que el juzgado fue enfático en reconocer la vulneración de sus derechos fundamentales: “Se están vulnerando mis derechos a la seguridad, la integridad y la vida, hoy en inminente riesgo por mi rol como aspirante a la Presidencia”.
El precandidato añadió que el fallo exige a las autoridades “máxima prevención frente a eventuales atentados en este contexto político. El vil asesinato de Miguel Uribe Turbay demuestra que el riesgo es real. ¡Firme por la Patria!"
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