Movimiento estudiantil de la UPC exigió a Petro la salida de Juliana Guerrero como delegada de Presidencia: “Inaceptable”

Escaló la controversia en torno a la permanencia de Juliana Andrea Guerrero Jiménez como delegada de la Presidencia de la República, ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC), luego de que diversas organizaciones estudiantiles, juveniles y sociales de Valledupar dirigieran una carta abierta al presidente Gustavo Petro.

En el documento, los firmantes exigieron la remoción inmediata de Guerrero y solicitaron que el cargo sea ocupado por una persona que represente genuinamente los intereses y luchas históricas del movimiento estudiantil.

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La misiva, compartida en redes sociales por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, que previamente denunció irregularidades en la carrera profesional de Guerrero, intensificó el debate sobre la legitimidad y transparencia en la designación de cargos públicos en el ámbito universitario.

El principal argumento de los estudiantes y organizaciones sociales radica en las dudas sobre la idoneidad de Juliana Guerrero para ejercer el cargo. Según la carta, su proceso académico se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en la obtención de su título de contadora pública, otorgado por la Fundación de Educación Superior San José.

La polémica se originó cuando se conoció que Guerrero habría recibido su diploma sin haber presentado las pruebas Saber Pro, requisito legal para graduarse en Colombia. La propia Guerrero reconoció esta situación al declarar: “A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue”, añadiendo que “yo presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios”.

La carta de los estudiantes califica como “inaceptable” que, en medio de esfuerzos por erradicar la corrupción y dignificar la educación pública, se mantenga en el cargo a una persona cuya situación académica no ha sido esclarecida y que, según los firmantes, “presuntamente desconoce los principios éticos que deberían guiar a cualquier servidor público”.

Los jóvenes sostienen que esta decisión podría interpretarse como una traición a las convicciones heredadas de la revolución estudiantil y advierten que la presencia de Guerrero “simboliza la continuidad de las prácticas que hemos combatido”.

Otro de los puntos críticos señalados en la misiva es la falta de posicionamiento de Juliana Guerrero frente a los cuestionamientos por corrupción que pesan sobre el rector de la Universidad Popular del Cesar, Rober Romero Ramírez.

Los estudiantes afirman que Guerrero no asumió una postura clara ante las denuncias ni frente a la polémica por la posible reelección del rector, lo que, a su juicio, perpetúa las prácticas clientelistas dentro de la universidad.

En palabras de los firmantes, “esta ausencia de compromiso demuestra que no representa los intereses de la comunidad estudiantil ni de la educación pública y, al contrario, se alinea con la agenda política de las élites que han desangrado a la universidad”.

La falta de disposición de Guerrero para articular una agenda conjunta con el movimiento estudiantil, juvenil y social también es motivo de crítica. Las organizaciones consideran que la delegada dio la “espalda a las banderas de lucha” que en su momento ella misma defendió, lo que generó desilusión entre quienes esperaban que su presencia en el Consejo Superior Universitario impulsara la defensa de la educación superior pública.

“Nuestra agenda es y seguirá siendo en defensa de la educación superior pública, esperábamos que la delegada la planteara en las discusiones del CSU. Sin embargo, su desinterés no solo demuestra complicidad en que la Universidad siga en manos de las mismas personas, sino que resulta aún más grave porque Juliana hizo parte del movimiento estudiantil de la UPC y hoy le da la espalda a las banderas de lucha que alguna vez levantó junto con nosotros”, se lee en la carta difundida por los colectivos estudiantiles.

El contexto institucional de la UPC agrava la situación. Los estudiantes advirtieron que la universidad enfrenta un panorama restrictivo, con solo dos alternativas para la elección de rector: la reelección de Rober Romero Ramírez o la designación de un nuevo nombre vinculado a los clanes políticos tradicionales del departamento.

Ambas opciones son rechazadas por el movimiento estudiantil, que denunció la persistencia de estructuras de poder que, según ellos, deteriora la universidad.

En este escenario, los jóvenes hicieron un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que intervengan y eviten que la institución quede nuevamente bajo el control de los mismos sectores políticos.

Además, solicitaron que se profundice la reforma a la Ley 30 de 1992, con el objetivo de que la elección del rector no dependa exclusivamente del Consejo Superior Universitario, sino que se abra la posibilidad de una constituyente universitaria construida con la participación activa del movimiento estudiantil y los distintos estamentos de la universidad.

La carta, firmada por organizaciones como Movimiento Identidad Popular, Juventud Comunista Valledupar Local Rosilda Arias, Aceu Valledupar, Frente Violeta y Mesa Solidaria, concluyó con una petición clara: “Señor presidente, le exigimos vehementemente delegue a una persona idónea, transparente, con perspectiva de lucha y que sea elegida por la base estudiantil, juvenil y social. No aceptamos más delegados que respondan a intereses ajenos a las necesidades de la comunidad universitaria y del pueblo Cesarense”.