Las dádivas jurídicas que condenaron a Diego Cadena a siete años de prisión domiciliaria

El abogado penalista Diego Cadena fue condenado en primera instancia a siete años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal. La sentencia, proferida por el juez Fabián Moreno, detalló que las dádivas consistieron en beneficios jurídicos y ventajas procesales, ofrecidas al preso Juan Guillermo Monsalve con el objetivo de que se retractara de sus declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago.

El fallo dejó en claro que, a diferencia de otros procesos de corrupción, las dádivas de Cadena no fueron entregas de dinero en efectiva, sino un entramado de favores jurídicos diseñados para torcer la verdad judicial.

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En primer lugar, se constató que el abogado ofreció a Monsalve la tramitación gratuita de un recurso de revisión. Este procedimiento, que normalmente requiere altos costos y un acompañamiento legal especializado, fue planteado como un beneficio sin ningún tipo de cobro. La intención era convencer al testigo de que modificara su versión sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con grupos paramilitares en los años noventa.

Además de este beneficio, el juez documentó que Cadena prometió ventajas procesales adicionales. Estas incluían apoyo legal constante y la posibilidad de gestionar beneficios judiciales futuros, como reducciones de condena o facilidades penitenciarias. Aunque no se trataba de dinero, estas ofertas tenían un peso determinante para alguien en condición de reclusión, ya que implicaban la posibilidad de mejorar sustancialmente su situación jurídica y carcelaria.

De acuerdo con el juez Moreno, tales promesas, aun cuando no llegaron a concretarse, configuraron un acto de soborno. El solo hecho de condicionar los favores jurídicos a un cambio en el testimonio de Monsalve representaba un intento claro de manipular la administración de justicia.

Pese a la condena, Cadena fue absuelto por fraude procesal y por el supuesto ofrecimiento de dádivas al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’. La decisión también favoreció a Juan José Salazar, socio de Cadena, a quien la Fiscalía señalaba de tramitar giros de dinero a ‘Víctor’.

La sentencia, al ser de primera instancia, será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá, donde también se analiza el caso del expresidente Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por hechos relacionados. En este proceso, la jueza Sandra L. Heredia consideró que el exmandatario sí tenía conocimiento de las maniobras de Cadena para lograr retractaciones de testigos.

Todas las partes anunciaron que apelarán. La Fiscalía, a través del delegado Daniel Hernández, pidió que se revoque la absolución parcial y se condene tanto a Cadena como a Salazar por los dos cargos. Por su parte, el abogado Iván Cancino, defensor de Cadena, solicitó que se declare inocente a su cliente de todos los señalamientos.

La diferencia entre las decisiones judiciales ha generado debate. Mientras Cadena recibió una condena mínima y en domiciliaria, el expresidente Uribe fue sentenciado a 12 años de reclusión en casa. El penalista Juan Felipe Criollo explicó que esta disparidad responde a la valoración de las pruebas en cada proceso y al estilo de cada juez.

El abogado Diego Gutiérrez también resaltó que, aunque se trate de los mismos hechos, la práctica probatoria y las estrategias de defensa fueron distintas en cada caso. Según él, lo importante será lo que ocurra en las siguientes instancias, pues ambos procesos podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en sede de casación.

La condena a Diego Cadena revive el debate sobre la influencia del expresidente Álvaro Uribe en procesos judiciales y sobre los intentos de manipulación de testigos en casos de parapolítica. Para los expertos, lo que ocurra en segunda instancia será crucial no solo para el futuro del penalista, sino también para el desenlace del expediente contra el líder del Centro Democrático.

En cualquier escenario, el fallo dejó en claro que las dádivas jurídicas pueden ser consideradas sobornos, aun cuando no impliquen dinero en efectivo. El juez subrayó que la conducta de Cadena fue antijurídica tanto en el plano formal como en el material, porque buscaba alterar la verdad procesal y socavar la administración de justicia.