Gustavo Petro insistió en sus ataques contra Paloma Valencia por los llamados ‘falsos positivos’: “Niegan todo lo que representa los tratados de derechos humanos”

Tras conocerse, que la senadora Paloma Valencia instaurará una demanda en contra del presidente Gustavo Petro por acusarla de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, el jefe de Estado se pronunció por medio de su cuenta en X.

Ahora, el presidente expuso una serie de cuestionamientos dirigidos a la senadora Valencia y a los sectores políticos que lideraron el país entre 2002 y 2010.

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Petro afirmó que “no es odio decir que debieron separarse los militantes del partido y miembros del gobierno responsable políticamente, del hecho probado del asesinato sistemático de 6.402 jóvenes, crimen de guerra que se produjo con dinero público, con funcionarios del gobierno y por resoluciones públicas del gobierno”.

El mandatario planteó que los casos de ejecuciones extrajudiciales, documentados como falsos positivos, constituyen una responsabilidad política que no puede ni debe obviarse dentro de los proyectos partidistas.

“¿Cómo se puede llamar odio el creer que nadie se puede mantener en un proyecto político, que permite y no rechaza nunca, el crimen contra la humanidad?”, cuestionó Gustavo Petro.

En su mensaje, pidió separar de la esfera política a quienes ejercieron cargos durante la ocurrencia de estos hechos, atribuidos a una estructura estatal respaldada por funcionarios y recursos públicos.

Según datos confirmados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 6.402 jóvenes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia durante cuatro años.

Organismos internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han abordado la magnitud y el impacto de estos crímenes de guerra en informes dirigidos al país.

Por ende, el jefe de Estado rechazó la idea de que exponer estos hechos constituya un acto de odio. Por el contrario, señaló la necesidad de enfrentar el negacionismo y las amenazas judiciales contra quienes denuncian violaciones de derechos humanos.

“¿Ahora Paloma va a decir que el que odia es el que denunció y no el que permitió el asesinato?”, expresó en su trino.

Con este mensaje, el presidente apuntó que durante años, actores políticos han mostrado resistencia a asumir la responsabilidad sobre estos casos y han negado violaciones sistemáticas de derechos humanos.

“Niegan todo lo que representa los tratados de derechos humanos, nacionales y mundiales, porque han sido décadas las que han dejado violarlos, y han perseguido desde sus gobiernos a quienes defienden los derechos humanos de las personas del país y de la humanidad”, finalizó el mandatario.

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia anunció que interpondrá acciones legales contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que el mandatario la señalara públicamente en el contexto de la polémica por las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en el país durante 2002 y 2010, donde murieron 6.402 jóvenes.

La decisión fue difundida a través de la red social X el 30 de septiembre de 2025, donde Valencia cuestionó la conducta presidencial y reclamó responsabilidad institucional.

En su mensaje al presidente, Valencia indicó: “Contrólese. Usted es el Presidente de la República y sus delirios no lo eximen de sus responsabilidades como jefe de esta”.

Para la senadora, integrante del Centro Democrático, los señalamientos de Petro ponen en peligro tanto su integridad como la de otros miembros de la oposición política. Así lo manifestó al señalar: “Lo demandaré para que las cortes lo ayuden a ponerse límites. Su indignidad da vergüenza”.

Por su parte, el Centro Democrático, organización a la que pertenece la senadora, publicó un mensaje en X respaldando a Valencia y rechazando los señalamientos del presidente.

El partido enfocó el debate en la seguridad, uno de los principales temas de la coyuntura nacional. Según el pronunciamiento, los mensajes de Petro constituyen “una amenaza directa contra la integridad de la senadora y un riesgo para el ejercicio de la oposición en Colombia”.

Añadieron: “Sus señalamientos infundados y estigmatizantes ponen en grave riesgo la seguridad de la senadora. Desde ahora dejamos claro que cualquier afectación a su integridad física será responsabilidad directa del jefe de Estado”.