Las aguas del río Pito, en la comarca Guna Yala, fueron escenario de una de las operaciones más grandes realizadas por Panamá contra la minería ilegal en la frontera con Colombia. Allí, en un sector conocido como El Pozón, un operativo bautizado como Odín 2 terminó con la captura de 22 colombianos, entre ellos cuatro menores de edad, que habían instalado campamentos y equipos para extraer oro de manera clandestina.
La intervención estuvo a cargo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en coordinación con el Ministerio de Ambiente y otras autoridades judiciales panameñas. No se trató de un procedimiento aislado, desde hace meses, las instituciones del vecino país vienen reforzando la vigilancia en el Darién, no solo frente al paso irregular de migrantes, también contra actividades ilícitas que amenazan los ecosistemas y, de paso, terminan siendo fuente de financiación para grupos criminales.
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En este caso, el golpe fue contundente. Entre los capturados figuran 18 hombres, tres de ellos menores de edad, y cuatro mujeres, una también menor. Todos son de nacionalidad colombiana y quedaron a disposición de la justicia panameña. Durante el operativo se incautaron herramientas propias de la actividad minera, como palas, picas, bateas y tanques de combustible. Además, las autoridades hallaron una draga de gran tamaño que servía para remover el cauce del río, junto con cuatro recipientes que contenían oro ya extraído.
Pero no fue lo único. La operación también permitió decomisar armas y equipos que daban cuenta del nivel de organización de esta práctica ilegal, una escopeta con municiones, tres balanzas digitales y tres teléfonos celulares fueron puestos bajo custodia del Ministerio de Ambiente para reforzar la investigación.
El Darién, conocido en el mundo por ser uno de los corredores más transitados por migrantes que buscan llegar a Norteamérica, se convirtió al mismo tiempo en un punto crítico para el control de economías ilícitas. Las autoridades panameñas advierten que la minería ilegal no solo destruye los ríos y bosques de la región, sino que además atrae redes que aprovechan la porosidad de la frontera para financiarse y extender su influencia.
De ahí que el operativo Odín 2 se inscriba en una estrategia más amplia. Panamá redobló esfuerzos para contener las diferentes presiones que recaen sobre el Darién, la crisis migratoria, el tráfico de personas, el contrabando y, ahora con mayor visibilidad, la explotación minera sin control. Los retenes en ríos, selvas y pasos informales buscan frenar este conjunto de dinámicas que amenazan tanto la seguridad como la estabilidad ambiental de la zona.
La región de Guna Yala, donde se adelantó el operativo, es reconocida por sus ecosistemas sensibles y por ser territorio indígena. Para el gobierno panameño, permitir que continúen las extracciones sin control sería condenar a un daño irreversible no solo al medio ambiente, también a las comunidades locales que dependen del río y del bosque para su subsistencia.
Alianza contra el crimen en la frontera colombo-panameña
La bahía de Cartagena fue el escenario escogido por los altos mandos militares de Colombia y Panamá para consolidar un compromiso conjunto frente a los delitos que se mueven a lo largo de su frontera común. Durante la XXVII Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), las delegaciones de ambos países presentaron una hoja de ruta que busca golpear de manera simultánea al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la pesca no autorizada y la migración irregular.
El acuerdo es el resultado de más de seis meses de coordinación e intercambio de inteligencia. Según explicaron las autoridades, la estrategia permitirá el desarrollo de operaciones combinadas en zonas donde la criminalidad ha encontrado espacio para expandirse, recordando que esta frontera funciona tanto como un corredor económico como un paso utilizado por redes ilegales.
Uno de los puntos centrales será la persecución directa de las estructuras del Clan del Golfo en Colombia, así como de los grupos Manzana Cero y Mafias Filipinas en Panamá. Para ello, se definieron “Áreas Nombradas de Interés”, territorios específicos donde se concentrará la acción conjunta. Además, las fuerzas de seguridad acordaron que el intercambio de información se realizará en tiempo real, con el fin de anticipar y neutralizar las actividades criminales.
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