La implementación de la Ley Esterilizar Salva enfrenta un retraso de ocho meses en Colombia, una demora que organizaciones animalistas y sectores políticos calificaron como un riesgo para el control de la sobrepoblación de perros y gatos en el país.
El Congreso de la República aprobó la Ley 2374 en 2024, con el objetivo de crear el Programa Nacional de Esterilización de gatos y perros y establecer responsabilidades directas para el Gobierno en su financiación y aplicación.
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Sin embargo, el plazo legal para poner la norma en vigor venció el 12 de enero y, hasta la fecha, el Gobierno no había avanzado en la reglamentación necesaria. La senadora Andrea Padilla, autora e impulsora de la ley, denunció públicamente el rezago en la expedición del decreto reglamentario por parte del Ministerio de Ambiente.
La congresista, reconocida por su activismo en defensa de los animales, presentó una acción de cumplimiento luego de constatar que la reglamentación no se había expedido en el plazo fijado por la ley.
Padilla afirmó que “la entidad ha postergado la puesta en marcha de la ley mediante excusas y trámites innecesarios, mientras todos los días crecen las cifras de animales vulnerables en las calles del país”.
Los animalistas señalaron que la falta de acción agrava la situación: en Colombia existen más de tres millones de perros y gatos callejeros, según organizaciones dedicadas al rescate y protección animal.
Las cifras se sustentan en proyecciones oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este organismo señaló que una gata y su descendencia pueden engendrar hasta 28.812 crías en cinco años, mientras que una perra y su descendencia alcanzarían unas 50.000 en ese lapso, aumentando la cantidad de animales expuestos a abandono, enfermedades y violencia.
La Ley 2374/2024, de acuerdo con la senadora Padilla y documentos oficiales, se obliga a las autoridades a poner en marcha un sistema de intervenciones gratuitas o subsidiadas, especialmente en municipios de menores recursos (categorías 4, 5 y 6).
Las organizaciones animalistas explicaron que, históricamente, la responsabilidad del control poblacional recae casi por completo en fundaciones y rescatistas independientes que asumen labores de rescate, atención veterinaria y adopción sin apoyo significativo del Gobierno.
La demora en la reglamentación desencadenó expresiones públicas de inconformidad por parte de activistas y cuidadores de animales. Es de mencionar que el martes 30 de septiembre, decenas de personas se congregaron frente a la sede del Ministerio de Ambiente en Bogotá reclamando el inicio urgente del programa previsto por la ley.
Durante la manifestación, representantes del Ministerio anunciaron un compromiso para que el 15 de octubre se publique el borrador del decreto reglamentario y se asigne una partida inicial de $25.000 millones para comenzar la implementación en los municipios más necesitados.
La senadora Padilla subrayó que el presidente Gustavo Petro firmó en campaña un compromiso por la política de esterilización, y que el programa nacional “marcaría un hito” en la protección animal.
En palabras de la legisladora, “durante años, las fundaciones y los rescatistas han asumido esta labor sin recursos estatales, por lo que el cumplimiento de la ley también representa un acto de justicia con ellos”.
La ley define la esterilización como el método más eficaz y ético para el control poblacional de perros y gatos, e instruye que el servicio llegue a todo el territorio colombiano.
El texto legal establece que el Gobierno nacional debe financiar totalmente el programa en los municipios de categorías 4, 5 y 6, y cofinanciarlo en las categorías 2 y 3, lo que supondría un traslado significativo de responsabilidades desde la sociedad civil hacia el Estado.
Como respuesta a la presión ciudadana, el Ministerio de Ambiente prometió concretar los primeros pasos administrativos en octubre. La hoja de ruta incluye la socialización del decreto y la definición de criterios para la asignación de fondos y la calendarización de las jornadas de esterilización masiva.
“No vamos a permitir que el Ministerio de Ambiente siga atrasando la ley con trámites burocráticos, mientras en las calles del país siguen naciendo animales para sufrir”, advirtió la senadora Padilla en actos públicos organizados para exigir el cumplimiento de la norma.
La expectativa ahora se centra en la publicación y puesta en marcha del decreto reglamentario, que los defensores de los animales consideran urgente para disminuir el número de animales en situación de calle y mejorar el bienestar animal en Colombia.
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