A menos de una semana de asumir funciones, Eduard Sánchez, alcalde encargado de Bucaramanga, ordenó la revocatoria de seis nombramientos en áreas clave de la administración municipal, luego de que el Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia. La medida se tomó tras una alerta del Concejo sobre presuntas irregularidades en el proceso de designación.
La designación de Eduard Sánchez como alcalde encargado fue oficializada tras la notificación del Consejo de Estado, la cual dejó fuera del cargo a Beltrán, exalcalde de Bucaramanga.
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La gobernación de Santander, encabezada por Juvenal Díaz, asignó a Sánchez, quien también funge como director de Gestión del Riesgo del departamento. Este relevo trajo consigo una serie de decisiones administrativas que impactan la estructura municipal.
En sus primeras 48 horas al frente de la Alcaldía, Sánchez revocó los nombramientos en seis dependencias estratégicas; la Jefatura de Control Interno del Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabú), el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación (Inderbú), la Dirección de Tránsito, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imebú) y el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INVISBU). Los sueldos de estos cargos oscilan entre nueve millones seiscientos mil y casi diecisiete millones de pesos mensuales.
Entre los cargos cuya designación quedó sin efecto destaca el control interno del Isabú, que tenía una asignación de 10 millones de pesos mensuales, así como la jefatura en Inderbú, con un salario de 10 millones 200 mil pesos. La Dirección de Tránsito disponía de un sueldo de nueve millones seiscientos mil pesos, y el cargo ligado directamente a la Alcaldía alcanzaba casi 17 millones de pesos.
La explicación detrás de estas revocatorias surge tras la denuncia presentada por el concejal José David Cavanzo, quien afirmó que, después de la salida de Jaime Beltrán, se expidieron estos decretos de nombramiento sin cumplir con los requisitos legales estipulados para la vinculación de funcionarios en cargos de periodo fijo. “No lo hicieron con el lleno de los requisitos, verificando los antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales que tiene que hacerse ante cualquier nombramiento”, expuso Cavanzo en declaraciones recogidas por El Tiempo.
La documentación de revocatoria señala explícitamente que los certificados de antecedentes no habrían sido solicitados antes de emitir los decretos. El concejal agregó que, cuando se realizó la denuncia, los decretos de los nuevos funcionarios todavía no se habían publicado en la página oficial de la Alcaldía.
“Los decretos de nombramiento no los publicó y los mantuvo ocultos hasta que después de que nosotros hicimos la denuncia, ahí sí los publicaron en la página de la alcaldía”, sostuvo Cavanzo ante el Concejo.
Las irregularidades no se limitaron a la ausencia de publicación inmediata. El concejal advirtió que el proceso se habría realizado de forma reservada y que usualmente involucra a la Secretaría Administrativa, la cual en esta ocasión no intervino. Todo el trámite, según el cabildante de la Ciudad de los Parques, habría sido adelantado únicamente por la Secretaría Jurídica.
Otra inquietud relevante en este proceso es la posible cercanía de los funcionarios designados con el exalcalde Beltrán. “Muchos de ellos estaban trabajando en la administración”, precisó Cavanzo. Por ejemplo, la persona propuesta para la Dirección de Tránsito ocupaba antes la subdirección administrativa y financiera en el Instituto de Cultura.
Asimismo, la candidata al Instituto de Vivienda provenía del Isabú. “Se estaban siendo todos ya funcionarios de la alcaldía y los iban a dejar ahí”, indicó Cavanzo según cubrió El Tiempo.
Mientras avanzan las pesquisas internas, cuatro de los seis decretos ya han sido oficialmente revocados: 745, 747, 748 y 749. Quedan pendientes dos casos, cuyo futuro se definirá en las próximas jornadas, bajo revisión para determinar si incurrieron en las mismas anomalías procesales que condujeron a la revocatoria de sus pares.
Estos cargos públicos correspondían a períodos fijos de cuatro años y no figuraban como cargos de libre nombramiento, lo que refuerza el cuestionamiento sobre la legalidad de la gestión hecha por la administración anterior en sus últimos días. El tema sigue bajo escrutinio del Concejo y de la opinión pública en Bucaramanga y Santander.
La Alcaldía no ha entregado hasta el momento declaraciones oficiales que esclarezcan si se impulsarán investigaciones internas adicionales o si se contemplan nuevos nombramientos para cubrir estos seis puestos estratégicos.
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